La inclusión y educación financiera han emergido como habilitadores claves para el desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social y productiva. En América Latina, donde persisten altos niveles de informalidad, desigualdad y exclusión financiera, su promoción se vuelve urgente y estratégica. Estos elementos no solo facilitan el acceso a servicios financieros básicos, sino que también fortalecen la resiliencia económica de hogares y empresas, promueven la formalización y contribuyen a reducir las brechas estructurales que caracterizan a la región.
América Latina presenta una heterogeneidad significativa en materia de inclusión y educación financiera. Mientras países como Chile y Uruguay han logrado avances notables gracias a marcos regulatorios sólidos y una mayor penetración bancaria, otros como Colombia y Panamá aún enfrentan brechas importantes, especialmente en zonas rurales y entre microempresarios. En Colombia, a pesar de iniciativas como la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera y programas gubernamentales como la Banca de las Oportunidades, persiste una alta dependencia de distintas formas de crédito informal, como por ejemplo los conocidos como prestamos «gota a gota», con tasas de interés que superan el 300% anual. Según el Departamento Nacional de Estadística, el 51% de los microempresarios no cuenta con productos formales de ahorro o crédito.
Chile, por su parte, destaca por su sistema de pagos digitales y el programa CuentaRUT, una cuenta de depósitos a la vista que incluye una tarjeta de débito sin costo de mantención ni apertura, que ha bancarizado a millones de personas. No obstante, la educación financiera aún es incipiente. Panamá registra una alta inclusión financiera nominal, pero con poca profundidad en productos crediticios para pymes y poblaciones vulnerables. Uruguay, con una de las tasas de bancarización más altas de la región, ha implementado con éxito programas de educación financiera en escuelas y mediante plataformas digitales.
La innovación financiera ha sido impulsada por la tecnología FinTech y las alianzas público-privadas. Entre las tendencias más relevantes se encuentran las billeteras digitales y los corresponsales bancarios que han ampliado el acceso a servicios financieros en zonas remotas, los microcréditos con scoring alternativo que utilizan información proveniente de fuentes no tradicionales como transacciones no financieras para evaluar el riesgo.
A pesar de estos avances, la educación financiera sigue siendo débil. En Colombia según un estudio impulsado por Asobancaria , más del 40% de los vendedores en plazas de mercado de Bogotá desconoce conceptos básicos como la tasa de usura. Esta brecha de conocimiento persiste incluso con iniciativas innovadoras impulsadas por bancos en Colombia que ofrecen cursos en línea y promueve el ahorro infantil. En otros países de la región se han promovido estrategias innovadoras como plataformas de educación financiera gamificadas, como el videojuego CAPUF «Aprende y Emprende» en Uruguay, disponible gratuitamente o el Programa EFEC en este mismo país, que incorpora educación financiera en el currículo escolar y para adultos. En Chile, el «Plan Nacional de Educación Financiera» ha logrado capacitar a más de 2 millones de personas mediante alianzas con instituciones públicas y privadas, a lo cual se suman estrategias tradicionales como la realización de ferias, talleres y concursos que combinan divulgación masiva con aprendizaje práctico. Estos esfuerzos, aunque significativos, todavía se enfrentan a retos importantes para conectar efectivamente la oferta educativa y las necesidades específicas de grupos como los comerciantes informales, requiriendo estrategias más focalizadas y de mayor continuidad.
Precisamente para abordar estas limitaciones de manera efectiva, resulta fundamental contar con datos robustos y detallados. La disponibilidad de información desagregada es crucial porque permite identificar con precisión las brechas específicas que afectan a cada población, así como indicadores de resultado que midan no solo el acceso, sino también el uso efectivo y la calidad de los servicios.
Un enfoque conductual que comprenda sesgos como la aversión a la pérdida, el cortoplacismo y la desconfianza resulta esencial, junto con un ecosistema de elección que facilite la comprensión y el uso de productos financieros. Asimismo, es crucial superar obstáculos regulatorios, como la falta de estrategias de open data y legislaciones sobre tasas de interés máximas que limitan el acceso al crédito de poblaciones de alto riesgo.
La banca multilateral desempeña un papel crucial en la promoción de políticas de inclusión y educación financiera y es necesaria la coordinación con los gobiernos para impulsar acciones prioritarias. Entre estas destacan la creación de fondos de garantía que reduzcan el riesgo de préstamos a pymes y sectores vulnerables, la emisión de bonos de impacto social para financiar programas de educación financiera con metas medibles, y la formación de alianzas con FinTechs para desarrollar productos escalables y de bajo costo. Asimismo, resulta esencial facilitar líneas de crédito concesional dirigidas a instituciones microfinancieras que atiendan a poblaciones excluidas.
La banca de desarrollo en la región debe trabajar con los gobiernos en armonizar estándares para que los productos sean comparables y transferibles entre países, financiar pilotos de productos innovadores con evaluación rigurosa de impacto, fortalecer capacidades locales en entidades financieras y gobiernos, y movilizar capital privado mediante mecanismos de financiamiento combinado y garantías parciales. La experiencia de la banca multilateral también puede ser aprovechada para promover productos innovadores como créditos verdes para eficiencia energética y reconversión productiva, seguros paramétricos para agricultores, financiamiento en cadena basado en historiales comerciales, y plataformas de microfinanciación para proyectos socioambientales.
La inclusión y educación financiera no solo son un medio para acceder a crédito, sino un habilitador transversal del desarrollo sostenible. Permiten a las pymes innovar, a las familias gestionar riesgos y a las comunidades en general transitar hacia economías bajas en carbono. Los países de América Latina tienen la oportunidad de liderar este proceso mediante políticas coordinadas, innovación productiva y una visión de largo plazo que priorice el bienestar de las personas y del planeta.
Autor
Profesor asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Coeditor del libro, "Las cuentas del federalismo colombiano". Actualmente candidato PhD en la Universidad de California, San Diego.
