Integración económica centroamericana: un balance agridulce

La pandemia de la COVID-19 ha precipitado una seria crisis económica y social en Centroamérica. En este contexto, la potenciación de la integración económica aparece como una vía indispensable para afrontarla. Comparado con otros procesos de integración de América Latina y el Caribe, el centroamericano muestra una buena evolución, especialmente en términos de comercio intrarregional. No obstante, todavía está sujeto a numerosas limitaciones que condicionan el alcance de su potencial impacto positivo sobre el crecimiento económico de la región.

El proceso de integración económica más ambicioso de la región es el Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A pesar de los años transcurridos, este proceso sigue intentando establecerse y consolidarse como una unión aduanera; esto es, como una zona de libre comercio intrarregional en la que los países participantes comparten una política comercial común.

Bajo nivel de comercio intrarregional

Centroamérica ha avanzado sustancialmente en el establecimiento de una zona de libre comercio intrarregional. En las últimas décadas, los gobiernos han reducido o eliminado los aranceles cobrados en los intercambios recíprocos, lo que ha ayudado a expandir el comercio intracentroamericano. Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2019 las exportaciones intrarregionales representaron el 26,3% del total de las exportaciones centroamericanas, porcentaje que apenas ha variado en el último decenio. Además, la mayor parte de este comercio intrarregional ha sido de productos agroindustriales y manufacturados, lo que ha contribuido a promover la industria centroamericana.

El nivel alcanzado por el comercio intrarregional en Centroamérica es el más alto de todos procesos de integración de América Latina y el Caribe. Sin embargo, este porcentaje sigue aún lejos de los existentes habitualmente en otros procesos de integración como el asiático (46%) o el europeo (65%). El porcentaje alcanzado por el comercio intracentroamericano en 2019 no puede ocultar el hecho de que en dicho año, Centroamérica seguía dirigiendo el 73,7% de sus exportaciones totales a destinos extrarregionales.

La persistencia de barreras no arancelarias en el comercio intrarregional es una de las principales razones que explica su bajo nivel. Éste es el caso del conjunto de diferentes normas nacionales aplicables al comercio intracentroamericano (reglamentos técnicos, requisitos sanitarios y fitosanitarios, reglas de origen, formalidades aduaneras, etc.). Los gobiernos han estado trabajando en la armonización de la normativa existente con objeto de facilitar la expansión del comercio intrarregional.

Otro grupo significativo de barreras no arancelarias tiene que ver con los altos costes de transporte y de logística. Esto es debido a la deficiente infraestructura que no ha conectado adecuadamente los mercados de los países centroamericanos. De ahí, la necesidad de completar los esfuerzos de liberalización comercial con iniciativas de cooperación que faciliten el aumento de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura regional. Por esta razón, los gobiernos centroamericanos han estado participando en el Proyecto Mesoamérica desde 2008. Este acuerdo de cooperación busca desarrollar la infraestructura regional relacionada con el comercio, especialmente en los ámbitos del transporte, la energía y las telecomunicaciones. Adicionalmente, para abordar este tipo de barreras, en 2017 los gobiernos aprobaron la Política Marco Regional de Movilidad y Logística Centroamericana.

Ausencia de una verdadera política comercial común

El establecimiento de una zona de libre comercio es uno de los dos principales pasos a dar en la construcción de una unión aduanera centroamericana. El otro es la adopción de una política comercial común. En este caso, todos los gobiernos han de comprometerse a establecer e implementar de forma conjunta los mismos instrumentos de política comercial, comenzando con la aplicación de un arancel externo común a todas las importaciones extrarregionales: el Arancel Centroamericano de Importación (ACI). Desde los años noventa del siglo pasado, los gobiernos centroamericanos han estado tomando medidas para establecer el ACI. Según el BID, el 93,7% de los productos que pueden ser importados en Centroamérica ya tienen un arancel común.

Sin embargo, este alto grado de armonización del ACI se ha visto erosionado por la forma en la que se han negociado los tratados de libre comercio (TLCs) con socios extrarregionales. Si un grupo de países está inmerso en la construcción de una unión aduanera, lo recomendable sería que negociara como bloque esos TLCs, ya que se debe de establecer un calendario para ir eliminando el arancel externo común a la misma velocidad en todos los países miembros hasta lograr la completa instauración del área de libre comercio con el socio extrarregional correspondiente.

Con la relativa excepción del Acuerdo de Asociación firmado con la Unión Europea, los países centroamericanos han negociado de forma bilateral –y no como bloque– la mayor parte de sus TLCs (incluido el de Estados Unidos, principal socio comercial de la región). Esto no sólo ha debilitado la posición negociadora de los gobiernos centroamericanos, sino que también ha cuestionado la viabilidad del arancel externo común y con ello, la de la política comercial común. Además, esta forma de negociar ha llevado a que en Centroamérica exista una compleja red de acuerdos comerciales superpuestos, conocida como el spaghetti bowl. Los TLCs firmados presentan algunas características comunes, pero sus contenidos, participantes y compromisos son muy variados, entrando en muchas ocasiones, en conflicto con el proyecto de unión aduanera centroamericana.

Caminando hacia la unión aduanera centroamericana

El proceso de integración económica centroamericano ha promovido la interdependencia comercial de sus miembros, al revitalizar el comercio intrarregional. No obstante, sigue estando sujeto a restricciones tales como el excesivo dominio del comercio extrarregional y la ausencia de una auténtica política comercial común. En estas condiciones, la unión aduanera está aún incompleta y ello limita su potencial impacto positivo en la recuperación post COVID-19.

Los esfuerzos para perfeccionar la unión aduanera centroamericana continúan. A nivel regional, los países centroamericanos articulan dichos esfuerzos en torno a la Hoja de Ruta para Avanzar en la Unión Aduanera 2015-2024. A nivel nacional, Guatemala y Honduras son los que más han avanzado con su iniciativa para establecer una unión aduanera bilateral que entró en vigor en 2017. Asimismo, Panamá –que no participó en la creación del MCCA– se comprometió en 2012 a incorporarse gradualmente al proceso de integración económica centroamericano.

Si se desea que estas iniciativas tengan éxito, será necesario adoptar no sólo medidas económicas para completar la unión aduanera, sino también medidas políticas e institucionales. En este sentido, será esencial renovar el compromiso político de los gobiernos a favor de la integración económica y sostenerlo en el tiempo; de tal modo, que las políticas de integración se institucionalicen como políticas de Estado (y no de gobierno). Asimismo, será importante fortalecer las instituciones regionales para que acompañen eficientemente al proceso de integración y progresivamente vayan adquiriendo una configuración supranacional.

Foto de XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno SICA-Roatán, Honduras.


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