El 13 de octubre, el hombre fuerte favorito de América Latina hizo una sorprendente admisión. Preguntado por la revisión de los casos de los presos, Nayib Bukele afirmó que su Gobierno estaba estudiando la posibilidad de excarcelar anticipadamente a aproximadamente la mitad de los encarcelados por colaborar con las pandillas. «Es culpable», explicó, «pero que salga en libertad condicional».
Tres días después y tras una avalancha de titulares desfavorables, Bukele volvió al estrado, insistiendo en que la prensa había tergiversado sus palabras. Según dijo, solo se revisarían los casos de 10.629 de los más de 93.000 detenidos, y quienes cumplieran los requisitos tendrían primero que ganarse la salida mediante un programa de trabajo penitenciario.
Para un líder tan inflexible como Bukele, incluso una revisión limitada supone un importante paso atrás. Apenas el año pasado prometió que los presos no serían liberados «ni ahora ni nunca», y afirmó que le «importaba un bledo» que sus detractores lo llamaran dictador. Entonces, ¿por qué el líder más desafiante de la región empezaría a vacilar de repente, y no una, sino dos veces?
Una presión creciente
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la protección de Washington ha mantenido en gran medida a raya a los críticos de Bukele. Pero, ante las previsiones de que las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos den lugar a un Congreso menos indulgente, y con los demócratas expresando ya su preocupación por el régimen, es posible que esa tolerancia no sobreviva a la próxima votación.
Los inversores extranjeros también recibirían probablemente con agrado una imagen más moderada. Pocas empresas quieren que sus nombres aparezcan asociados a titulares sobre detenciones masivas, lo que quizá explique por qué Bukele planteó por primera vez las excarcelaciones anticipadas al anunciar una inversión de 2.900 millones de dólares del grupo energético español Cox.
Más cerca de casa, la presión de los familiares de los detenidos y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos constituye otra preocupación probable. Según la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario, al menos 554 presos han muerto bajo custodia, y las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario afrontan más de 6.400 denuncias por abusos. La próxima semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia sobre el trato dispensado a las personas detenidas bajo el régimen de excepción, lo que podría convertirse en un primer paso hacia sentencias vinculantes de la Corte Interamericana.
Mientras tanto, la opinión pública nacional tira en dos direcciones. A poco más de cuatro meses de las elecciones, siete de cada diez salvadoreños señalan ya la economía como su principal preocupación. La estrategia de Bukele, centrada casi exclusivamente en la seguridad, le ha permitido llegar hasta aquí, pero su popularidad seguirá resintiéndose si no consigue resultados económicos tan convincentes como los que ha obtenido en materia de delincuencia.
Sin embargo, aunque mantener la paz mediante un sistema penitenciario que alberga aproximadamente al 2 % de la población resulte costoso —200 millones de dólares anuales, según los propios cálculos del presidente—, la ofensiva contra las pandillas no ha perdido su atractivo. En la misma encuesta del IUDOP, realizada en mayo, casi el 70 % de los encuestados quería que se prorrogara el régimen de excepción. Esto ayuda a explicar el posterior repliegue de Bukele, pero plantea una pregunta evidente: ¿por qué arriesgarse a hacer una oferta tan impopular desde el principio?
Deudas e imitadores
Algunos analistas de la región sospechan que Bukele tiene otras deudas pendientes, no con los votantes, sino con las pandillas. Esta hipótesis, planteada inicialmente por el periodista salvadoreño Walter Raudales, quizá no sea tan descabellada como parece a primera vista. En 2023, fiscales estadounidenses alegaron que el Gobierno de Bukele había suavizado las condiciones penitenciarias de los líderes de la MS-13 a cambio de votos y de una reducción de los asesinatos públicos. El director de prisiones que supervisaría las excarcelaciones, Osiris Luna, es precisamente el funcionario al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por negociar esos beneficios.
Raudales también se pregunta si una liberación desordenada podría ser el preludio de «nuevos brotes de delincuencia», lo que justificaría mantener el régimen de excepción durante años. En la política salvadoreña también existen precedentes. El Plan Mano Dura de ARENA se puso en marcha en 2003, justo cuando los homicidios estaban disminuyendo, y el entonces responsable del partido admitió posteriormente que la delincuencia había sido «politizada deliberadamente» para obtener réditos electorales. La mano dura ha demostrado ser un regalo que sigue dando frutos políticos.
En la región, muchos se han apresurado a copiar la fórmula, con la esperanza de emular el éxito de Bukele. Según InSight Crime, desde la inauguración del CECOT en 2023 se han propuesto 16 megacárceles en diez países. Algunos han ido todavía más lejos: Daniel Noboa ha declarado que Ecuador está en guerra con los grupos criminales, mientras que el colombiano Abelardo de la Espriella ha empezado a posar en las redes sociales junto a los cadáveres de los llamados «narcoterroristas» abatidos por las fuerzas de seguridad.
Un Bukele astuto, quizá haya visto en un mercado saturado de imitadores de su producto la oportunidad de lanzar algo nuevo. Responder con clemencia a lo que él denomina la «remisión» del «cáncer» de las pandillas lo distinguiría sin duda de una multitud cada vez más partidaria de la línea dura. Dar un paso atrás mientras sus admiradores avanzan tiene otra ventaja: si Washington cambia de actitud, serán ellos, y no Bukele, quienes estén primero en la línea de fuego.
Libertad por decreto
Sean cuales sean las motivaciones de Bukele, los defensores de los derechos humanos no deberían hacerse demasiadas ilusiones. Incluso las posibles excarcelaciones dependen del capricho presidencial, no del debido proceso, y Bukele ya ha demostrado que lo que concede hoy puede retirarlo mañana.
Desde 2021, la Asamblea Legislativa de Bukele ha copado la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General con personas leales al Gobierno. Los recursos de hábeas corpus, que antes constituían un mecanismo de control efectivo, ahora casi nunca son admitidos. Los tribunales que siguen funcionando condenan en masa.
El proceso de revisión es igual de opaco. Según Ibrajim, hermano del presidente, los casos son evaluados por un «equipo independiente» anónimo integrado por fiscales, representantes de la administración penitenciaria y miembros de la oficina de la primera dama. La legislación salvadoreña no contempla una alternativa semejante. La libertad condicional está reservada a los condenados que han cumplido dos tercios de su pena, y más del 90 % de los detenidos todavía no ha sido juzgado.
Para los pocos que quizá cumplan los requisitos del plan revisado, la libertad implica aceptar la versión de los hechos del Gobierno y la etiqueta que esta conlleva. Como señala Abraham Ábrego, director jurídico de la organización de derechos humanos Cristosal, el vocabulario de Bukele no deja espacio para los inocentes: solo existen los «colaboradores». Llamarlos de otro modo supondría admitir que hubo detenciones arbitrarias y podría abrir la puerta a costosas reclamaciones de indemnización. Bukele ya no es solo juez y jurado. También es un libertador sujeto a los vaivenes de la conveniencia política.
El espectáculo debe continuar
«Hay una cosa que me da miedo», dijo Bukele a su gabinete en noviembre de 2023, «y es dejar un mal legado». La última semana no habrá contribuido a disipar sus temores. Su breve experimento con la indulgencia no ha satisfecho ni a sus partidarios, que temen el regreso de las pandillas, ni a sus críticos, que ven en él una nueva manifestación del poder arbitrario. También ha mostrado algo que los votantes rara vez ven en Bukele: dudas.
Aun así, la confusión quizá importe menos que aquello que oculta. Durante cuatro años, las imágenes de hombres hacinados en el CECOT han acaparado la atención mundial mientras, fuera de plano, Bukele desmantelaba los tribunales, eliminaba los límites a la reelección presidencial y empujaba al exilio a sus críticos.
Esta nueva demostración de clemencia, por limitada que sea, merece el mismo escepticismo. Detrás de ella quedan preguntas que el Gobierno todavía no ha respondido: quién será liberado, por quién y a cambio de qué.
Autor
Investigadora doctoral en Relaciones Internacionales en la London School of Economics. Tiene dos maestrías de la Universidad de Oxford, donde ahora trabaja como investigadora. También es editora en el Latin America Bureau.
