La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay suma un nuevo caso al infame listado de presidentes fallidos (o fracasados) de América Latina: aquellos mandatarios que no lograron completar su período constitucional, pero sin que se produjera un quiebre democrático en el país.
El trasfondo de la crisis es la quiebra de Ueno Bank, anunciada el 3 de noviembre. Los ahorros de aproximadamente 3 millones de clientes quedaron congelados, una cifra enorme si se considera que la población total de Paraguay es de 6,1 millones. A ello se suma que Ueno Bank administraba US$355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) y los pagos de más de 30.000 jubilados.
El ahora expresidente tenía inversiones en Ueno Bank y fue cuestionado en 2024 por conflicto de interés, por lo que vendió su participación durante el primer semestre de 2025. La quiebra del banco y el consiguiente “corralito” provocaron protestas en las afueras de sucursales de Ueno Bank y del Congreso Nacional.
La situación escaló rápidamente a una crisis política por la conexión entre Peña y Ueno Bank. Congresistas de la oposición e integrantes de la disidencia “Colorado Añetete” del Partido Colorado –el partido gobernante– afirmaron que se iniciaría un juicio político para destituirlo. Mientras las manifestaciones no cesaban, en la mañana del jueves 5 de noviembre Horacio Cartes –expresidente de Paraguay y nada menos que líder de la facción oficialista “Honor Colorado”– anunció en sus redes sociales que acompañaría la solicitud de juicio político.
La actual crisis tiene varias particularidades. En primer lugar, representa un nuevo caso en que la salida prematura de un presidente paraguayo se origina o se precipita por conflictos dentro del partido o los partidos gobernantes. Así fue en 1999, cuando Raúl Cubas renunció en medio de un juicio político en su contra y luego de un intenso conflicto con su vicepresidente, Luis María Argaña, también colorado y quien luego fue asesinado. Algo similar ocurrió en 2012, durante el juicio político “exprés” contra Fernando Lugo, que contó con el apoyo de congresistas del Partido Liberal Radical Auténtico, el partido más fuerte de la coalición de gobierno liderada por el exobispo. En 2019, legisladores del propio Partido Colorado iniciaron un proceso de juicio político contra Mario Abdo Benítez, también colorado, que fue finalmente desactivado cuando todo indicaba que Abdo Benítez sería removido del cargo.
En segundo lugar, la salida de Peña está entre las más rápidas que registra la región. Por lo general, los presidentes se resisten y agotan todos los recursos para no abandonar el cargo. Dilma Rousseff, por ejemplo, recibió numerosos pedidos de impeachment. A finales de 2015 se admitió la solicitud que luego, en abril de 2016, aprobó la Cámara de Diputados y en agosto el Senado la destituyó definitivamente. Abdalá Bucaram, en Ecuador, estuvo en el poder desde agosto de 1996 hasta febrero de 1997. Incluso en un mandato tan breve, debió acumularse una serie de hechos –principalmente escándalos de corrupción y movilizaciones– hasta que el Congreso lo apartó del poder declarándolo “mentalmente incapaz” para gobernar. Solo Fernando Lugo se acerca a la velocidad de la salida de Peña: su juicio político duró menos de 48 horas en junio de 2012.
La débil institucionalización de los partidos paraguayos, más allá de su admirable longevidad, es una de las razones por las que el país ha visto a sus presidentes enfrentar reiteradamente procesos de crisis. Cuando los partidos están débilmente institucionalizados, tienen menos capacidad y voluntad para procesar y, especialmente, para absorber shocks que amenazan la estabilidad de los gobiernos. Así le sucedió, por ejemplo, a Alberto Fujimori en 2000, durante el escándalo de los “vladivideos”. Fujimori, quien había gobernado Perú por diez años frente a una oposición alicaída, no tuvo ningún tipo de apoyo o soporte institucional que lo ayudara a sortear el escándalo, lo que precipitó su renuncia desde Japón vía fax.
En Paraguay ha ocurrido algo similar. Primero con Lugo, quien fue removido rápidamente en el contexto de la masacre de Curuguaty (15 de junio de 2012), por la que –más a modo de excusa– se le responsabilizó políticamente. Su derrota en el Congreso fue aplastante. Ahora, Santiago Peña apenas pudo sostenerse dos días desde que la quiebra de Ueno Bank se hizo pública.
De este modo, Peña se suma a la larga lista de presidentes fallidos o fracasados. El último presidente caído había sido José Jerí en Perú, a comienzos de 2026. Peña ocupa ahora el lugar número 27.
La crisis no debiera terminar en lo inmediato. Las manifestaciones por los ahorros no pararán tan solo porque Peña renunció. Asimismo, Horacio Cartes como líder de Honor Colorado, Colorado Añetete y la oposición están inmersos en un tira y afloja sobre un posible juicio político en contra de Peña. Por lo tanto, resta por ver si el expresidente logrará evitar un escenario más adverso enfrentando a la justicia. Eso se resolverá si es que efectivamente su renuncia es aceptada para así convertirse en senador y adquirir el respectivo fuero.
Autor
Ph.D. en Ciencia Política en Loyola University Chicago, Estados Unidos. Investigador de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Socio y Director de Política en StreamData, y Director Alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina – CRISPOL.
