Coautor Leonardo E. Stanley
La tecnología limpia ha evolucionado. No solo resulta factible producir energía renovable a gran escala, también resulta más rentable. Pero el costo de una turbina eólica instalada en la Patagonia es mucho mayor que una instalada en Dusseldorf. En Sudamérica, esta tecnología confronta un costo de capital que resulta prohibitivo. Y es que los países en desarrollo carecen de la tecnología y deben importar los bienes de capital, así como los insumos asociados. El acceso a la frontera tecnológica es un factor presente en todo proceso de transformación productiva e industrialización, y esto genera conflictos entre quienes cuentan con el conocimiento y quienes no.
Hoy las negociaciones por la tecnología ocurren a la sombra de un derecho internacional económico marcado por el paradigma neoliberal, donde la ciencia y la técnica ocupan un lugar de privilegio en el orden jurídico y en el proceso de acumulación. El andamiaje legal de la inversión extranjera y la propiedad intelectual restringe la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Esto resulta de los diferentes acuerdos bilaterales como del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que regulan la inversión extranjera y la tecnología con un sesgo pro inversor.
La tensión entre quienes detentan la tecnología y quienes tienen que asumir compromisos climáticos se enmarca en un contexto de creciente consenso a favor de acciones concretas por la crisis ambiental. Inicialmente localizada en países desarrollados, la “ola verde” ha ganando adeptos en todo el mundo. Todo comenzó con la publicación del informe del club de Roma en 1972 y los primeros cuestionamientos a la industria petrolera. Con la Declaración de Río en 1992, la temática ambiental llegó al ámbito multilateral. Lentamente los derechos ilimitados que beneficiaban a los inversores comenzaron a ser cuestionados.
Lenta pero inexorablemente la industria limpia que iniciaba su marcha por aquellos días hoy ha alcanzado tal madurez que nos permite terminar con el reinado del “oro negro”. Pero, así como por un lado tenemos el desafío de la crisis climática, por el otro tenemos la disciplina económica y legal. Y en este marco, la crisis climática vino entre otras cosas a cuestionar lo acotado del esquema de transferencia de tecnología. La gravedad del momento plantea la necesidad de transformarlo, ya.
Lamentablemente, las buenas intenciones no bastan. Alcanza con detenerse en los diversos arbitrajes internacionales iniciados contra los Estados que intentaron terminar con la producción energética en base a carbón y se vieron demandados por las empresas del sector. Las empresas petroleras, que idearon estos mecanismos para protegerse de los cambios que prometían la descolonización, hoy los utilizan para protegerse de los cambios necesarios para hacer frente a la crisis climática. El Tratado de Energía terminó consagrando derechos que resultan perjudiciales al proceso de transición.
Lo mismo podría pasar en Sudamérica si los países se decidieran a limitar, o bien prohibir, las centrales a carbón o la actividad petrolera. Los inversores podrían amenazar o demandarlos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), esquema asociado al Banco Mundial. La buena noticia es que esta última entidad reconoce la necesidad de avanzar con la transición. La mala, es que hace poco para transformar el esquema legal e institucional que ayudo a instaurar cuatro décadas atrás y que hoy traba el proceso.
Afortunadamente va surgiendo un consenso en pos de transformar el derecho internacional que dificulta la transferencia de tecnología y que protege de forma excesiva a los inversores extranjeros. Los expertos Karl Sauvant y Howard Mann plantearon hace algunos años ir hacia un esquema de inversiones extranjeras que priorice la calidad por sobre la cantidad, la equiparación de derechos, la mejora social, el cuidado del medio ambiente y la transparencia.
Una de los principales aspectos que destacan en lo económico es que la inversión debe promover la investigación y el desarrollo en el país huésped. Creemos que todo nuevo tratado también debería reconocer la transferencia tecnológica, otro aspecto clave al momento de discutir la transición energética en el Sur.
La visión regional
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) no sólo es una maravillosa usina de pensamiento regional, también es una de las pocas organizaciones que ha defendido la importancia de la diversificación productiva y el avance tecnológico para sacar a la región del retraso económico y social. En función de ello, la problemática de la transferencia de tecnología siempre estuvo presente en la elaboración de sus propuestas (así como en el manual de la Comunidad Andina de Naciones – CAN). Si antes destacaba la necesidad de acceder al conocimiento técnico para avanzar con la industrialización, hoy resalta la importancia que adquiere el acceso para resolver también lo ambiental, incluido la lucha contra el cambio climático.
Pero aún cuando existen numerosos estudios que abordan la problemática ambiental, poco se dice de la restricción institucional a la que está sometida la región en virtud de la legalidad neoliberal imperante. Dicha laguna debe ser tratada con los países desarrollados para que las promesas se transformen en soluciones. La comunidad internacional tiene que repensar las reglas internacionales que gobiernan la propiedad intelectual y el régimen de promoción, protección y facilitación de inversiones extranjeras.
Autor
Profesor de Derecho Económico da Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Doctor por la London School of Economics and Political Science. Ha dictado cursos en Durham University y en el Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School.
