La autorización otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente argentino a la empresa Equinor en sociedad con YPF y Shell para la exploración de hidrocarburos en alta mar implica numerosos riesgos para el país. Y aunque esta iniciativa ha sido rechazada por amplios sectores de la ciudadanía, ha recibido apoyos desde ambos lados de la “grieta”, como se conoce a la división de la sociedad argentina entre kirchneristas y antikirchneristas.
Quienes están a favor de la iniciativa destacan que la actividad se desarrolla a más de 300 kilómetros de las costas bonaerenses, descalificando a quienes temen por el turismo. El planteo resulta erróneo. Basta consultar a la comunidad científica y el efecto nocivo que generan las tareas de prospección sobre la biodiversidad que habita en el mar argentino. Como ejemplo, las ondas sonoras afectan las poblaciones de ballena franca austral, lo cual podría tener un efecto económico devastador en la turística ciudad de Puerto Madryn.
Pero la mirada, a ambos lados de la grieta, sigue siendo cortoplacista. Aún cuando algunos reconozcan los reclamos ambientales, la necesidad de generar empleos, recursos fiscales y divisas es más fuerte. Si el proyecto genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, ello debe soslayarse: la urgencia (económica) deja los lujos (ambientales) para más adelante.
Más allá de los puntos de vista, dichos planteos no condicen con los objetivos buscados. Se desconoce el problema de los activos varados, asociado al ritmo de la transición energética global y la consiguiente pérdida de valor de los activos de la industria y la infraestructura asociada. Si la resolución de tal disyuntiva fuese local, habría inconvenientes, aunque podría resolverse. El problema resulta global, donde las decisiones de algunos por mitigar el riesgo físico, podría incrementar el riesgo financiero en otros. Esto es lo que deberían ver aquellos que se aferran al desarrollo offshore en el Mar Argentino.
Por otro lado, no se está teniendo en consideración la probabilidad de una caída abrupta en la demanda fruto de la mayor conciencia ambiental, del cambio tecnológico o bien por la irrupción de nuevas normativas ambientales. La primera se asocia con la respuesta de los gobiernos ante la irrupción de fenómenos climáticos extremos: inundaciones, fuegos, tornados, sequías. La profusión de tales fenómenos acelera la transición ya que quienes antes dudaban de la urgencia del cambio hoy presionan a sus gobiernos para que inicien la transición.
En lo tecnológico, los avances observados en la última década indujeron una baja en el costo de la generación de electricidad “limpia” de más del 85% para la energía solar y un 56% para la eólica. Más determinante resulta la reducción de costos de los parques eólicos offshore, que podrían volverse competitivos en nuestra región a lo largo de la década, lo cual implicaría una verdadera transformación de la industria energética.
General Electric, una de las principales proveedoras del mercado, ha construido, conjuntamente con Siemens – Gamesa y Vestas Wind Systems, un prototipo gigante en Francia, llamado Haliade-X, que genera casi tres veces más energía que los molinos actuales. En comparación con los primeros equipos offshore instalados en Dinamarca 30 años atrás, el prototipo de GE genera 30 veces más electricidad.
Finalmente, cabe destacar los distintos cambios que tienen lugar a nivel institucional. La promulgación de nuevas leyes, normas y reglamentaciones ambientales ponen límites a las centrales térmicas. Cada día nuevas ciudades en el mundo imponen restricciones a la circulación de vehículos diésel (gasoil). Para el año 2024, ningún automóvil de estas características podrá circular en París o Madrid. Además, en muchos países también se está avanzando en la prohibición de la venta de automóviles de combustión interna.
Todos estos cambios pueden implicar que el fin del petróleo se vincule a un pico de demanda, y no de oferta como muchos plantean. Según un informe reciente, el pico podría llegar en cuatro o cinco años y los proyectos analizados comenzarían su etapa operativa al momento que la demanda comenzara a declinar.
Más allá de cómo se de el declive, lo importante para la región es el carácter exógeno y el consecuente problema de los activos varados. En este marco, insertar el riesgo de transición implica reconocer el carácter dinámico del problema, con un complejo petrolero que termina demandando más divisas que las que promete generar.
Menos acertado resulta el planteo de asociar la explotación offshore con desarrollo tecnológico. Si la ambición es reducir la frontera tecnológica, la apuesta debería ir tras las energías renovables. Carlota Perez, renombrada académica destaca el carácter estratégico de invertir en tecnologías verdes, pues ello posibilita sumarse a una nueva “oleada tecnológica”. Una temprana detección y adopción permite apropiarse de rentas extraordinarias, reducir la brecha tecnológica, así como generar puestos de trabajo de calidad.
Para que ello suceda, el Estado debe adoptar un rol activo en regulación, financiamiento, fomento de investigación y desarrollo, y debe tener una visión estratégica que vislumbre los sectores potenciales, pero también aproveche las capacidades industriales y tecnológicas actualmente presentes. Lamentablemente, Argentina dilapida recursos y deja escapar oportunidades.
Autor
Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development", Cambridge University Press, 2020.
