El pasado 13 de agosto se inició, en la capital mexicana, un nuevo proceso de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana. Este sería el quinto proceso de negociación desde 2014 y el segundo que se realiza bajo la conducción de la cancillería del Reino de Noruega. El recuerdo de los infructuosos encuentros en aquel entonces en Caracas, Oslo, Santo Domingo y posteriormente en Barbados, siguen frescos en la memoria colectiva del país.
Se inaugura una nueva instancia de encuentro político, que en buena medida evidencia la magnitud de la destrucción deliberada y sistemática de Venezuela. El control hegemónico de las instituciones públicas, el bloqueo de los comicios electorales, la persecución, el encarcelamiento y el hostigamiento a partidos, activistas políticos, sindicalistas y demás formas de disidencia política, son las principales características centrales del entorno político venezolano.
En esta ocasión, el régimen de Maduro pareciera estar mucho más necesitado y el cerco diplomático y financiero, al parecer, está haciendo estragos. Parte de estas tensiones internas quedaron en evidencia en las recientes elecciones internas, previas a las regionales que se celebrarán a fin de año, lo cual estaría evidenciando que la narrativa sobre la autosuficiencia política, pese a las sanciones, podría estar llegando a sus límites.
¿Qué hay de nuevo en las negociaciones de México 2021?
A diferencia de las negociaciones anteriores, en esta se han abierto al escrutinio público los siete puntos de la agenda: derechos políticos para todos; garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de sanciones y retorno de activos retenidos en el extranjero; respeto al Estado Constitucional de Derecho; convivencia política, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia; protección de la economía nacional y medidas de protección social; garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Esta agenda, al igual que en la ronda anterior mantiene el principio «nada está acordado hasta que todo lo esté».
En este marco, destaca particularmente la comunicación entre las partes. Para la delegación del gobierno, la oposición ya no es un grupo «terrorista y desestabilizador». Mientras que para parte de la delegación opositora, el régimen de Maduro es «el gobierno». Esto pareciera vislumbrar el fin de la dualidad de gobiernos, aunque no necesariamente represente el fin del respaldo diplomático de más de 50 países del mundo, al liderazgo de Juan Guaidó y demás líderes opositores. Como el mismo delegado opositor Gerardo Blyde reconoció, «cada parte ha tenido que ceder parte de su narrativa para lograr un punto medio de inicio».
Negociación existencial para Venezuela y también para sus políticos
La erosión del liderazgo político venezolano, en ambos lados de la mesa, a estas alturas es inocultable. Después de las cuestionadas elecciones parlamentarias del 2020, la desafección política de la ciudadanía se ha incrementado proporcionalmente al agravamiento de la crisis humanitaria que padece el país dentro y fuera de sus fronteras. Entre la precariedad gubernamental para gestionar la pandemia, la fragmentación política de la oposición y la falta de acuerdos para que la ayuda humanitaria llegue a su destino, el descrédito y la desesperanza es transversal a todo el espectro político.
En este sentido, la necesidad de un acuerdo es necesario para los venezolanos, pero también para la maltrecha clase política ya que ambas partes de la mesa necesitan revitalizar su legitimidad.
Otro aspecto importante a considerar, es el efecto que pudiera tener la eventual judialización que tiene el gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI), el cual podría generar mayor ingobernabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Las relatorías documentadas por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las reiteradas inacciones del gobierno venezolano ante sus recomendaciones, podría representar un agravante para el proceso negociación.
Las negociaciones en México
Que se haya planteado las negociaciones en México, responde también a la iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard, quien además de no esconder sus aspiraciones electorales, busca complementar el acostumbrado respaldo diplomático que el gobierno mexicano ha dado a Maduro. Por otra parte, México en la actualidad, vendría a ser el único aliado en la región que no está inmerso en una conmoción política nacional, tal como lo está Cuba o Nicaragua, o con un clima pre-electoral como es el caso de Argentina.
Otr figura a destacar, es la del diplomático asignado para esta negociación, Dag Nylander, director del centro noruego para la resolución de conflictos, quien conoce muy bien la política exterior venezolana. En 2017 fue delegado por el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres, como representante ante la disputa limítrofe entre Venezuela con Guyana.
Sin embargo, ambas partes enfrentan una gran desafección social. En cuanto a la oposición, destaca su errática conducción en la reconstrucción de la «unidad democrática», una labor compleja, esporádica y diferida por un liderazgo que le ha costado más de lo esperado para cohesionar voluntades. Especialmente ante las últimas coyunturas electorales. En este contexto, estas negociaciones podrían contribuir a reanimar su reconocimiento político internacional y conseguir algunos avances significativos a nivel nacional, como algunas habilitaciones y liberaciones de presos políticos.
Ciertamente es prematuro adelantar un desenlace ante un proceso tan complejo. Sin embargo, las fallidas experiencias previas dejan en claro lo difícil que será llegar a un acuerdo. En virtud del historial negociador del chavismo, lo único demostrable es la continuidad de su fragilidad ante la crítica, la poca fiabilidad de su palabra y sobretodo su vigorosa disposición al uso desmedido de la violencia.
Sin embargo, en las actuales circunstancias y ante las presiones internas del chavismo, no es descartable alguna concesión por parte del gobierno, que no toque muy de cerca las instituciones que puedan garantizar su permanencia en el poder. Ello, con la intención de conseguir aligerar el entramado sancionatorio que internacionalmente se cierne sobre altos funcionarios de la dictadura.
También es necesario considerar que el clima internacional parece favorable para acercar posiciones. Las exigencias de la administración Biden parecen alinearse con lo reiterado por la Unión Europea y algunas naciones de la región latinoamericana en términos de permitir asistencia humanitaria, ante un eventual desmontaje gradual de las sanciones. Una posibilidad que dependerá de la capacidad de concesión que presenten las partes.
Habrá que esperar y examinar los próximos acontecimientos. De momento, solo tenemos nueve representantes en cada lado, una cuestionada representación política, mutua desconfianza y renovadas expectativas frente a una nueva negociación. Todos reunidos en Ciudad de México vuelven a intentar entenderse y ponerle remedios a la barbarie que viven los venezolanos.
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Autor
Politólogo egresado de la Univ. Central de Venezuela y la Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca. Analista de asuntos parlamentarios.
