La reelección es un tema tabú para muchos países. Algunos la han eliminado de sus legislaciones y otros la tienen debido a que los períodos presidenciales son cortos. En otros casos, se argumenta que no tener límites de temporalidad en la presidencia permite dar continuidad a un gobierno que ha dado resultados.
Sin embargo, en el siglo XXI varios países de América Latina han visto cómo la reelección presidencial ha sido una puerta para mancillar la democracia y, con ello, construir autocracias. Cabe destacar que la reelección dentro del marco constitucional y con un periodo finito no es peligrosa por sí sola; politólogos como Aníbal Pérez-Liñán argumentan que el hecho de que un ejecutivo permanezca por un segundo periodo en el poder es una forma de recompensarlo.
Los modelos del presidencialismo norteamericano, argentino o brasileño permiten la reelección inmediata por solo un periodo. De esta forma se establece un candado a los presidentes para evitar la concentración de poder y el afianzamiento en el cargo. Cientistas políticos como Andrew Ellis o Jesús Orozco Henríquez consideran que el modelo de un segundo período continuo o la reelección escalonada constituyen una barrera para la acumulación de poder.
En casos como el chileno o el uruguayo, que prohíben la reelección inmediata, hay que esperar una legislatura para volver a contender por la titularidad del Poder Ejecutivo. Con este modelo se permite que haya un periodo de transición y pluralismo para evitar que un instituto o personaje consolide más poder.
Los límites constitucionales no suelen ser un límite
La seducción por el poder es un deseo latente en los políticos de diversas latitudes. Sin embargo, los límites constitucionales y de tiempo son una barrera para ellos, como menciona Adam Przeworski en su libro La democracia en crisis. Aun así, en las primeras décadas del siglo XXI algunos presidentes han acumulado el suficiente poder como para presionar a los tribunales constitucionales y con ello avalar su reelección eliminando las barreras legales.
En estos tiempos ha sido a través de sentencias judiciales que han argumentado que la reelección es una forma de premiar una administración de resultados, pero últimamente se ha sumado a la argumentación que es un derecho humano; por lo tanto, limitarla sería prohibir derechos a los actores políticos.
La bibliografía escrita al respecto y los grandes tratados de derecho como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) o la Carta Universal de los Derechos Humanos (1948) sólo establecen la libertad de asociación para hombres y mujeres, pero no mencionan que la reelección sea parte de estas garantías. De hecho, los teóricos clásicos como Rousseau, Locke y Bentham mencionan la importancia de limitar el poder político.
Incluso los teóricos más conocidos del derecho como Kelsen, Heller, Jellinek o Rawls establecen los límites, el respeto a las leyes máximas y el marco jurídico del Estado. Lo que se ha visto en estos tiempos es una maleabilidad del derecho para favorecer a un personaje, como ha ocurrido con los gobernantes de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Bolivia y recientemente El Salvador, que se unió a esta lista de países que sostienen que la reelección es un derecho humano.
Una tendencia creciente
El primer país en implementarlo fue Venezuela en 2009 durante el tercer mandato de Hugo Chávez, que reformó la Carta Magna bajo el argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia revisó el caso se mencionó que eliminar el control de temporalidad no implicaba un cambio de régimen o forma del Estado, sino que se trataba de ampliar los derechos de la ciudadanía. Con la decisión se abrió la puerta para que el chavismo se afianzara en el poder y la democracia comenzó a erosionarse.
En el mismo año, pero en Nicaragua, durante el primer mandato de Daniel Ortega del siglo XXI la Sala Constitucional de la Corte Suprema abrió el camino para la reelección indefinida con el mismo argumento de ser un derecho humano. Empero, a diferencia de Venezuela, Ortega ya había sometido al Poder Judicial: gracias a una reforma elevó el número de magistrados del máximo tribunal, que, al ser cercanos a él, declararon la constitucionalidad del proyecto.
En consecuencia, el orteguismo se ha mantenido en el poder de forma ininterrumpida desde 2006. Los contrapesos se han eliminado y Nicaragua transita hacia un modelo autocrático. Durante la segunda década de este siglo, tres países más se sumarían a la reelección indefinida. En 2015 fue la vecina Honduras, cuando la Sala Constitucional aprobó que el entonces presidente, Juan Orlando Hernández, pudiera presentarse a otro periodo. Recordemos que llegó al poder a través de un lawfare o golpe de estado blando contra el mandatario izquierdista Juan Manuel Zelaya.
También en 2015 en Ecuador, bajo el tercer mandato del presidente Rafael Correa, los legisladores de Alianza-País aprobaron una enmienda constitucional para introducir la reelección indefinida. A pesar de que el dictamen terminó en la Corte Constitucional, esta la validó argumentando que era una decisión que ampliaba los derechos político-electorales de la ciudadanía, ya que si un presidente hacía un buen gobierno las y los votantes lo premiarían. Fue en 2018 cuando se volvió a introducir en la Constitución el candado de temporalidad.
Un año más tarde, en 2016, en Bolivia el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) buscó hacer un referéndum para modificar la Carta Magna e incluir la reelección indefinida. Entre 2017 y 2018 el Tribunal Supremo de Justicia retomó el artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos para avalarla. Con ese precedente, Evo Morales buscó un cuarto periodo en 2019, lo cual devino en protestas que culminaron con su renuncia y salida del país.
Por último, en 2021 El Salvador se sumó a esta lista. El 5 de febrero de 2024 el mundo presenció la primera reelección de Nayib Bukele, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata en al menos 9 artículos. El camino salvadoreño fue similar al nicaragüense. El partido Nuevas Ideas impulsó un proyecto en la Asamblea Nacional para permitir la reelección del presidente. Luego de aprobarse, 5 magistrados de la Corte Suprema renunciaron y Bukele nombró perfiles cercanos a él, con lo que el proyecto de reelección inmediata se aprobó argumentando que era un derecho humano. Lo único que se estableció fue que el ejecutivo debía separarse del cargo con 6 meses de antelación.
Como podemos ver, varios países han utilizado el argumento de los derechos humanos para abrir la puerta a la reelección indefinida. Los casos expuestos principalmente se caracterizan por ser gobernados por líderes personalistas y autoritarios; por ende, los pesos y contrapesos en el sistema democrático se encuentran capturados o erosionados.
Autor
Cientista Político. Graduado en la Universidad Nacional Autônoma de México (UNAM). Diplomado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién.
