Coautor Leonardo Stanley
El Pacto Verde Europeo establece objetivos ambiciosos para la lucha contra el cambio climático, tales como la reducción de las emisiones de CO₂ para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En este contexto, el pasado febrero la Comisión de la Unión Europea alcanzó un acuerdo para incorporar al gas y a la energía nuclear a la taxonomía verde bajo ciertas condiciones. Se trata de una lista de actividades consideradas sostenibles y hacia las cuales la Unión Europea busca orientar las inversiones del sector privado, evitando, así, que las acciones corporativas queden en un mero greenwashing o maniobra de marketing verde con el fin de aumentar sus beneficios.
Aún el acuerdo alcanzado no está en vigor. Una vez que sea adoptado formalmente, el texto pasa a ser considerado por el Consejo y el Parlamento Europeo, que pueden oponerse por mayoría cualificada, reforzada en el primer caso (72% de los Estados que representen el 65% de la población) o por mayoría simple en el segundo. Si no hay oposición, la entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023.
El entramado normativo de la Unión Europea es complejo, pero en lo que respecta a lo político y social, la discusión no está exenta de polémica. Con las emisiones de metano en niveles récords, como indica el periodista especializado en energía, Jeff Tollefson, en Nature, su incorporación como energía verde genera gran rechazo.
Al rechazo ambiental que genera el uso del gas, se suma lo geopolítico, la invasión de Rusia en Ucrania no hace más que avivar el interés de la Unión Europea de acelerar la transición hacia energías más limpias. En efecto, el 1 de marzo el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo referencia ―en su discurso ante el Parlamento Europeo sobre la agresión de Rusia a Ucrania― a la dependencia del suministro de gas ruso.
La dependencia europea del gas ruso ha ido en aumento en los últimos veinte años, aunque desde las instituciones comunitarias se pregonara la necesidad de reducirla. Pero “a partir de ahora, pongamos nuestras acciones en concordancia con nuestros dichos”, afirmó Borrell. La decisión que finalmente se adopte puede terminar influyendo sobre la suerte de los proyectos gasíferos que hoy en día se discuten en Latinoamérica.
Por otro lado, la energía nuclear también está en debate. Suenan las alarmas tanto por los residuos tóxicos como por los antecedentes en otras partes del mundo. El accidente en la planta de Fukushima en 2011 es un ejemplo ilustrativo de los riesgos que entraña. De hecho, la política de “apagón nuclear” en Alemania tomó como base lo ocurrido en Fukushima y determinó que la última planta nuclear funcionará hasta el 31 de diciembre de este año.
Esta decisión produjo reacciones en el ámbito corporativo. Empresas como la sueca Vattenfall iniciaron arbitrajes inversor-Estado, así como procesos ante cortes nacionales. En marzo de 2021, Alemania acordó una indemnización por 2.438 millones de euros para terminar con los litigios.
Aun cuando los proyectos nucleares resultan acotados, en algunos países se discute avanzar con la construcción de nuevas centrales. Tal es el caso de Argentina que, asociada a China, ha decidido empezar la construcción de una cuarta central nuclear (Atucha III). Aun cuando el proyecto despertó el rechazo de vastos sectores, este sigue su curso. En definitiva, la decisión que finalmente adopte la UE en esta materia parece intrascendente ―por varios motivos― para la región. Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos, accidentes o atentados: el ataque ruso a las instalaciones de Zaporiyia reinstalará con fuerza el debate sobre el desarrollo nuclear.
El lado B
El debate por las inconsistencias de la nueva taxonomía verde enmascara su lado B: la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994, del cual son parte tanto la Unión Europea como la mayoría de sus miembros. Las negociaciones están en marcha y la polémica también se encuentra sobre la mesa. El mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, contenido en el tratado original, ha constituido la base legal para 135 demandas de inversores extranjeros. Según los datos del Policy Investment Hub de la Unctad, el Tratado sobre la Carta de la Energía es el acuerdo internacional con base en el cual hubo el mayor número de demandas a escala mundial. Incluso, las demandas registradas comprenden a inversores de nacionalidad de un miembro de la Unión Europea contra otro Estado miembro.
Lucha contra el cambio climático
En tiempos de lucha contra el cambio climático, el camino no debería estar marcado por la inclusión de la energía nuclear y el gas en la taxonomía verde ni por los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado del Tratado sobre la Carta de la Energía. De lo contrario, el Estado termina cuestionándose si modifica una decisión, aunque esta agrave la crisis climática, situación que está arrastrando a la humanidad a su extinción.
La inclusión del gas y la energía nuclear no viene a minimizar riesgos, sino que agrava la incertidumbre que afrontan nuestras sociedades de cara al momento de la transición.
Leonardo Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad-Cedes (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.
Autor
Profesora Agregada de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República e Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay). Profesora en la Universidad de Monterrey (México). Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
