Clara lleva tres años separada de José. Tienen dos hijos pequeños. Al principio, él cumplía con la pensión, aunque de forma irregular y después de muchos recordatorios. Con el tiempo, los pagos se fueron espaciando hasta desaparecer. José dice que sus ingresos son inestables, que está “haciendo lo que puede”. Mientras tanto, Clara cubre sola la escuela, la comida, la ropa, las medicinas. Porque, aunque la pensión se llama “alimentaria”, la idea es que alcance para todo lo demás que un niño en crecimiento pueda requerir. Él aparece cada tanto con promesas vagas y uno que otro regalo de Navidad. Ella, en cambio, nunca puede desaparecer. Y mientras tanto, los niños comen, crecen, se enferman, necesitan…
Esta escena no es una excepción. Es un patrón que se repite en miles de hogares latinoamericanos. Lo que empieza como un desacuerdo conyugal termina siendo un abandono estructural de las responsabilidades paternas. Y el costo lo pagan las mujeres… y sobre todo los niños.
Cifras de la vergüenza
En los últimos años, la figura del deudor alimentario ha empezado a tomar más visibilidad en la región. Países como Paraguay, México, Chile y Colombia han creado registros públicos de personas que deben cuotas de manutención por tres meses consecutivos o más.
En Paraguay hay más de 10.000 personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). En Chile, solo en la Región Metropolitana, más de 82.000 padres aparecen como deudores. En México, en el estado de Guanajuato, se abren cerca de 9 denuncias al día por incumplimiento de asistencia familiar, liderando los casos nacionales en la materia. En Argentina el 68% de los progenitores varones no convivientes incumple su responsabilidad parental. Son cifras que deberían alarmar más de lo alarman ahora.
Debajo de esos datos hay una red compleja de causas que permiten e incluso normalizan este incumplimiento. Una de ellas es la alta informalidad laboral en la región. Muchos de estos padres trabajan por cuenta propia, sin contratos ni ingresos fijos, lo que complica embargos o retenciones directas.
Sin embargo, el problema va más allá de lo económico, que se esgrime como excusa habitual para no cumplir con las obligaciones de padre. El telón de fondo es una cultura que todavía excusa a los hombres que se desentienden de sus responsabilidades. Se les permite desaparecer del sistema afectivo y económico sin consecuencias reales.
En cambio, las mujeres que no pueden sostener solas a sus hijos son juzgadas por “no saber elegir”, por “depender”, por “quejarse”. La sanción social es desproporcionada. Esto sin mencionar el uso del retraso en el pago de la pensión como parte de un esquema de control sobre la expareja, que convierte tal acto en violencia vicaria.
En la mayoría de los países de América Latina existen leyes que en teoría permiten embargar cuentas, restringir licencias o incluso impedir la salida del país a los deudores, pero no siempre se cumplen con eficacia. En la práctica los procesos judiciales son lentos, costosos, engorrosos. Las mujeres deben presentar papeles, esperar audiencias, soportar la dilación. Muchas desisten no por falta de razón, sino por agotamiento. La mayoría no denuncia o no tiene acceso a asesoría legal. Además, existe estigma, vergüenza, amenazas, temor de represalias y una cultura que minimiza el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Pero el deber de proporcionar alimentos y cuidados a los hijos no debería ser solo una obligación legal. Más allá de ello, es un deber ético, social y una medida básica de justicia.
Dejar de pagar la pensión es violencia, y la estamos normalizando
Las cuotas alimentarias son una cuestión de derechos humanos y de políticas públicas. Un menor al que le faltan alimentos, medicamentos o educación porque su padre no cumple es víctima de abandono de una estructura que lo deja desprotegido. Y, en consecuencia, ese menor parte con desventajas en la vida.
En Latinoamérica el incumplimiento alimentario representa una falla estructural que afecta a la vida diaria de miles de familias. Por ello las feministas entendemos el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia como una forma de violencia económica, ya que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes suelen ser las cuidadoras principales y a quienes se otorga la patria potestad sobre su descendencia. Sin duda alguna, las luchas feministas han sido clave para visibilizar el fenómeno de la explotación económica como una forma de violencia machista, no como un simple conflicto entre exparejas.
El camino para frenar el abandono paterno
Necesitamos registros de deudores más eficientes, actualizados, visibles, fáciles de consultar. Es preciso agilizar los procedimientos judiciales para emitir órdenes alimentarias, embargos salariales o de bienes, retención de impuestos y otras sanciones administrativas que realmente afecten al deudor, como por ejemplo limitaciones para contratar con el Estado, obtener licencias, salir del país o participar en beneficios públicos.
Pero también, y sobre todo, necesitamos hacer visible esta enorme irresponsabilidad patriarcal a través de campañas educativas para que esto no quede impune. Precisamos trabajar para conseguir un cambio cultural profundo para que el ejercicio de la paternidad no pueda ser optativo y cese la permisividad social hacia quien incumple.
Hoy existen campañas públicas que exponen a los deudores alimentarios, tales como las patrullas feministas y los tendederos en México, así como iniciativas legislativas que buscan sanciones más severas, desde el embargo de bienes hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En redes sociales, movimientos como #DeudoresAlimentarios han generado presión social, llevando a muchos hombres a cumplir por miedo al escrache o la pérdida de reputación. Estas estrategias han amplificado el debate, lo que demuestra que cuando hay voluntad política y presión ciudadana, el abandono paterno deja de ser invisible y comienza a tener consecuencias.
Como sociedad, tenemos que dejar de romantizar la imagen de la “madre luchona” y alentarlas a que puedan con todo, porque muchas veces no es que puedan, es que no tienen alternativa. Lo que necesitamos es justicia, no resiliencia.
La historia de Clara no debería repetirse tantas veces en tantos hogares en la región. Si el Estado, la sociedad y los mismos padres cumplieran su parte, ella podría liberarse de la incertidumbre que acompaña cada mes impago. Si de verdad creemos en la igualdad, en la justicia y en el bienestar de la infancia y de las madres, tenemos que dejar de tolerar este abandono cruel encubierto con la complicidad patriarcal, que no solo hace un pacto de silencio que no condena al abandonador, sino que voltea la cara y hasta lo disculpa, dejando a millones de mujeres con hijos e hijas a su suerte.
Autor
Psicóloga. Master en Políticas Públicas con enfoque de género. Especialista en Transformación Cultural y Coaching Ontológico. Directora de FeminismoINC. Autora de "Incomodar para Transformar" y "Atrevidas: Manual de trabajo personal por el activismo feminista".
