Dos situaciones han reabierto el tema de la corrupción en América Latina, el caso Lula, en Brasil, y el caso Arroz Verde, en el Ecuador; ambos develan la existencia de fuertes vínculos de corrupción entre operadores políticos, Gobiernos y empresas, hasta el punto de definir una verdadera estructura sistémica de corrupción regional.
El caso Lula reaparece en la escena político-mediática a partir de las denuncias que involucran al actual ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, el juez que develó la más grande trama de corrupción de los últimos años que comprendía a la empresa Odebrecht y a las más altas figuras de la política brasileña. El exjuez habría usado su cargo para ejercer influencia sobre los fiscales que seguían el caso Lula, dirigiendo, a su vez, sus intervenciones hasta que se imputara y condenara a ocho años y diez meses de prisión al expresidente.
La acusación a Moro impugna el proceso que condenó al expresidente, mas no desmonta las evidencias sobre la existencia de la megatrama de corrupción develada por el caso Lava Jato.
El caso Arroz Verde, en Ecuador, devela, por su lado, la existencia de una trama de corrupción que reproduce la misma lógica de Lava Jato»
Lava Jato evidenció la base institucional de la trama de corrupción, en la que las campañas políticas del partido de gobierno eran financiadas por empresas contratistas del Estado, que luego eran favorecidas con contratos amañados. El caso Arroz Verde, en Ecuador, devela, por su lado, la existencia de una trama de corrupción que reproduce la misma lógica de Lava Jato: aceitar campañas políticas para luego cobrar favores mediante la contratación pública.
Sin embargo, añade otros elementos que la vuelven aún más grave: la utilización de recursos públicos, esto es, del mismo Estado, para financiar las campañas de los operadores políticos que se encuentran en las esferas del Gobierno. Así, la corrupción apuntaba a consolidar la reproducción de verdaderas castas en el poder e impedir la alternancia democrática.
Pero ¿qué se hizo y qué se dejó de hacer bajo el amparo de esta lógica sistémica de corrupción? ¿Cuál ha sido el costo para América Latina, más allá de las colosales cifras que fueron a parar a los bolsillos de los operadores políticos o a las campañas electorales de sus partidos?
Seguramente América Latina perdió toda una década en la que sus finanzas estaban alimentadas por el elevado precio de las materias primas en un proceso de intensificación y aceleración de la economía global. Si se observa con una relativa distancia, América latina estaba ingresando en una especie de segunda acumulación originaria de capital en algunos casos y en su segunda industrialización en el caso del Brasil. Lula no solamente lideraba un programa exitoso de redistribución mediante la dinamización del gasto interno, sino que también se fortalecía como líder regional de un programa de inversiones masivas que, bien dirigidas, hubieran podido transformar la infraestructura del subcontinente.
Pero las intenciones se quedaron en eso. Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) no supieron aprovechar la coyuntura internacional para transformar efectivamente las relaciones de poder en el Brasil y en el resto de América Latina; el pragmatismo lulista le impidió emprender en una verdadera tarea de transformación e innovación tecnológica y productiva; prefirió no afectar las correlaciones de poder y del manejo de la economía; se convirtió en intermediario de colosales procesos de transferencia de rentas.
En esa línea se entiende la configuración de un verdadero modelo sistémico de corrupción, del cual Lula terminaría siendo su principal operador. Se produjo para ello una sofisticada arquitectura político-financiera, una articulación estrecha entre el Estado brasileño como gran negociador con sus pares, los otros Estados latinoamericanos, para lo cual se predispuso toda su diplomacia con Lula a la cabeza, quien fungía como el gran lobista.
Se conformó, así, una estructura de acuerdos políticos entre Estados, que se apoyaba en operaciones de compra de voluntades a actores en funciones de gobierno, para lo que se interpuso la llamada oficina de estructuración de Odebrecht que gestionaba este tipo de operaciones.
El más grave daño irrogado por la trama de corrupción liderada por Lula en el caso Lava Jato y por Correa en el caso Arroz Verde, respectivamente, además del despilfarro de los recursos públicos, es el debilitamiento de la capacidad de control sobre la gestión pública y la configuración de instituciones dóciles frente al poder arbitrario y discrecional de líderes neopopulistas. En el caso de Ecuador, esto se volvió patente en la conformación del quinto poder, instancia dirigida a canalizar la participación ciudadana en el control del poder político, pero que se convirtió en instrumento privilegiado del poder presidencial, pues este podía controlar a quienes debían controlarlo.
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Autor
Sociólogo. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades de Ecuador y es autor de varios libros. Doctor en Sociología por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especializado en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
