Llegó lo largamente anunciado en la tribuna política estadounidense. El Registro Federal de Estados Unidos designa a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras e, ipso facto, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro lo oficializan.
Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Golfo, Abuelo y Unidos. Estamos hablando que, sumados, todos estos grupos del crimen organizado están en los 32 estados de la federación. Y la mayoría de ellos con conexiones internacionales.
O sea, la designación no es menor, sino de la mayor relevancia para las relaciones entre Estados Unidos y México. Así que resulta importante la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sostenido una línea de argumentación basada en la “soberanía y no injerencia extranjera”, en la apuesta discursiva de “colaboración y cooperación” entre las dos naciones.
Si bien existen los contactos institucionales y los acuerdos entre los responsables políticos de la seguridad en los dos países, los ejercicios estadounidenses están en los aviones, drones y navíos militares que cruzan tierra, aire y mar, lo que podría ir más allá de esas mesas de negociación; es más, ya va más allá, ya sea porque son parte de los acuerdos o por motu proprio estadounidense.
Ante todo, por las características de la estrategia de la administración de Estados Unidos, que parece operar en el mundo sin pedir permiso y sometiendo a las naciones a presiones militares y arancelarias que dejan poco margen de movimiento a los líderes políticos que responden no solo, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, a los principios de su proyecto político, sino a las fuerzas de la narcopolítica que se han construido a lo largo de décadas, como demuestran las investigaciones académicas del sociólogo Luis Astorga y decenas de investigaciones periodísticas.
Y que están, incluso, en su propio movimiento político. No basta que la presidenta diga que está en sintonía con el gobierno estadounidense en la lucha contra las ahora “organizaciones terroristas”, sino que hay que pasar a la acción cumpliendo la ley. Ante todo, porque el artículo 139 del Código Penal federal define y sanciona los actos de terrorismo. Esta disposición describe un retrato hablado del terrorismo en curso todos los días: “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…”
Esta norma ha sido letra muerta durante muchos años, los años en los que el crimen organizado ha pasado de ser una actividad menor de un grupo de rancheros del Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango) a llegar a convertirse en organizaciones consolidadas y con conexiones internacionales.
Y en ese punto es donde estamos. Sheinbaum sabe que la narcopolítica, como la ha definido el propio Trump en varios discursos, es estructural, lo que llama a pasar del discurso arrebatado a un discurso sereno, racional, bueno para las dos naciones.
Porque proceder abruptamente sería desastroso para los equilibrios internos tanto políticos como económicos e, incluso, sociales. Y por eso hace falta una estrategia gradual para desmontar estructuras criminales que están causando cada año cientos de miles de víctimas en Estados Unidos y México.
Se habla en medios más o menos informados que podría caer el gobernador de Sinaloa, quien estaría detrás de la detención y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael El Mayo Zambada, lo que ha provocado una guerra de siete meses entre las facciones del Cártel de Sinaloa que ha causado miles de muertes y desapariciones forzadas; también que los estados de Sinaloa, Durango y Tamaulipas podrían ser clasificados como narcoestados, lo que implicaría, además de una novedad en las escalas de clasificación institucional, una política pública específica, sin precedente en algún país con este tipo de problemas estructurales.
Y, todavía más, actuando en el ámbito de la “colaboración y cooperación”, está el ataque en la doble vertiente de los grupos generadores de violencia y los operadores financieros.
Bien administrado es una oportunidad, no sin riesgos, para un gobierno que está anclado al ideario e intereses del expresidente López Obrador, que para muchos mexicanos sigue siendo quien mueve la cuna en el mandato de Claudia Sheinbaum.
La pregunta que se hacen es si la presidenta querrá y podrá desprenderse de ese tutelaje o si la administración Trump terminará rebasándola con incursiones militares unilaterales, abiertas o clandestinas, como lo prevé la clasificación emitida y certificada por el Registro Federal y los Departamento de Estado y el Tesoro estadounidenses. El reloj exige definiciones prontas.
