En 2025 se cumplen 25 años de la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Este instrumento constituye un hito histórico al reconocer el papel y agencia de las mujeres como constructoras de paz. En él se subraya el impacto diferencial que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y niñas y se señala la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en la mayoría de los conflictos armados. Además, la Resolución insta a la comunidad internacional a adoptar medidas para la prevención y protección de esas formas de violencia. El documento contó con el respaldo y el empuje de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres, que durante muchos años reivindicaron la incorporación de la perspectiva de género en la agenda internacional.
Se trata de una agenda de carácter político que ha favorecido el compromiso de numerosos gobiernos en promover la igualdad de género en contextos de conflicto y posconflicto. A lo largo de estos años, se han ido adoptando 10 resoluciones complementarias, que han profundizado en diversas dimensiones clave como la participación de las mujeres en los procesos de paz, la financiación y la rendición de cuentas.
En este marco, muchos gobiernos han elaborado Planes de Acción Nacionales (PAN) para facilitar su implementación, tanto a nivel nacional como local, y han contado con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. España se encuentra actualmente en proceso de elaboración de su III Plan de Acción y el gobierno colombiano ha elaborado recientemente su I Plan de Acción, entre otros países.
Avances alcanzados
A lo largo de estos años se han alcanzado logros importantes. En primer lugar se ha consolidado un marco normativo robusto, tanto a nivel multilateral como nacional, que promueve la prevención de las violencias, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y de negociaciones de la paz, y la protección y socorro ante la violencia sexual y otras formas de violencia.
También se ha articulado un movimiento internacional de mujeres por la paz y la igualdad, que ha contribuido a visibilizar su “agencia” como actoras de paz. Este activismo se refleja cada año en las actividades organizadas con motivo del Debate abierto del Consejo de Seguridad sobre la Resolución 1325.
Otro logro es la implementación del uso de la resolución como herramienta de incidencia por parte de organizaciones de mujeres en contextos de conflicto. Tal es el caso de Colombia, donde las organizaciones lograron un espacio en la mesa de negociación entre las FARC y el Gobierno, o el de Liberia, donde las mujeres desempeñaron un papel central en el fin de la guerra y en la elección de Ellen Johnson-Sirleaf como primera presidenta del país.
El propio proceso de definición de la agenda por los diversos actores ha permitido abordar debates muy importantes en torno a la seguridad, la justicia de género, los vínculos entre el patriarcado y el militarismo, entre otras cuestiones.
Como afirma la coordinadora de Global Network of Women Peace Builders, Mavic Cabrera: “La resolución se ha convertido en el instrumento más fuerte y movilizador para las mujeres”. Por primera vez, el liderazgo de las mujeres se señala como clave en la construcción de la paz y es que la resolución 1325 ha dado una plataforma para globalizar las cuestiones de género. Se ha cambiado la percepción de las mujeres como víctimas de los conflictos, para percibirlas como actores de paz, ofreciéndoles herramientas concretas de acción y una plataforma regional e internacional para la acción.
Obstáculos y desafíos
A pesar de los avances, aún existen importantes obstáculos que sortear. En primero lugar, el marco normativo no ha sido suficiente para mejorar de manera sustancial la vida de las mujeres en contextos de conflicto. La impunidad de la violencia sexual persiste y la participación de las mujeres en los procesos de paz es muy reducida. Esto plantea la pregunta de si es posible construir una paz sostenible sin tener en cuenta a las mujeres.
En segundo lugar, los Planes de Acción Nacionales, si bien han permitido avanzar en la coordinación entre gobiernos y sociedad civil, presentan importantes debilidades: compromisos vagos, ausencia de presupuestos asignados y desigualdades en su alcance y efectividad. Las experiencias han sido muy desiguales, pero comparten estas limitaciones. Existe un desajuste entre los ideales declarados y la acción es una de las brechas más claras en la implementación de la agenda de MPS.
Además,la falta de institucionalización de la agenda ha provocado retrocesos ligados a cambios de gobierno o a variaciones en las prioridades políticas en materia de paz e igualdad.
En este contexto, es necesaria una mejor comprensión sobre las implicaciones de la integración de la perspectiva de género en el ámbito de la paz y la seguridad, y en particular en el diseño y desarrollo de políticas. La perspectiva de género sigue siendo percibida con frecuencia como la mera inclusión de mujeres, sin cuestionar ni transformar las estructuras de desigualdad y poder que llevan a la exclusión tanto de las mujeres.
Y es que la Resolución 1325 no cuestiona las estructuras de seguridad, que están fuertemente masculinizadas, y que se asocian a la capacidad para ganar la guerra o para hacer uso de la fuerza en lugar de actuar en la resolución pacífica de los conflictos y en la diplomacia.
En este 25 aniversario, además, emergen movimientos reaccionarios que amenazan los derechos de las mujeres y cuestionan los marcos del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil reivindican la necesidad de proteger los derechos de las mujeres en su conjunto, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la participación plena en la vida política y pública, y el derecho a vivir libres de toda forma de violencia.
Del mismo modo, exigen promover el desarme y la reducción de los gastos militares, así como detener la transferencia de armas cuando exista riesgo de su uso para cometer violencia de género, crímenes de guerra o violaciones graves de derechos humanos, de conformidad con el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
Conclusión
Como ha señalado el NGO-Working Group para la Agenda de MPS, persisten la falta de voluntad política, las limitaciones propias del Consejo de Seguridad, la escasez de recursos financieros y, sobre todo, el bajo impacto en la vida cotidiana de las mujeres en zonas de conflicto.
El papel de la sociedad civil continúa siendo indispensable: fue el motor que impulsó la adopción de la Resolución 1325, ha mantenido viva su agenda a lo largo de estos años y sigue exigiendo rendición de cuentas, financiación y resultados tangibles. Sin esta presión, la resolución corre el riesgo de vaciarse de contenido.
En un contexto de retrocesos y amenazas a los derechos humanos, defender y revitalizar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es hoy más importante que nunca.
Autor
Directora de CEIPAZ y miembro del Instituto Universitario DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid. Vicepresidenta de la Women League for Peace and Freedom (sección española) y miembro del Comité de Expertos sobre el Global Peace Index.
