Si esta colaboración con Latinoamérica21 tuviera un subtítulo, sin duda sería: “Cómo gobernar sin crecimiento económico”. El crecimiento del 0,3 % registrado en México en 2025 marca el punto de partida del año 2026, en el que los pronósticos más optimistas anticipan un crecimiento bajo y frágil, lo que podría acentuar los problemas económicos, políticos e institucionales.
No será un año fácil. Además del pronóstico de crecimiento, está pendiente la renegociación del T-MEC, en la que el gobierno estadounidense buscará un reequilibrio de la balanza comercial, hasta ahora favorable a México. Esto podría traducirse en una disminución de las exportaciones debido al aumento de los aranceles estadounidenses. El secretario de Economía mexicano ha señalado que México hará lo mismo, pero con un efecto proporcional al tamaño de ambas economías.
Ese desequilibrio no se explica únicamente por factores externos, sino también por la persistente mediocridad del crecimiento, dado que el gobierno mexicano ha sido incapaz —por razones asociadas al proyecto populista— de absorber fiscalmente la informalidad, aumentar la productividad y, de esa manera, sostener la movilidad social.
Se dice que cuando una economía no crece lo suficiente, la política se vuelve distributiva y no transformadora. Es decir, el gobierno administra la escasez porque no genera riqueza, lo que se refleja en una baja recaudación estructural, un alto gasto social a través de programas sociales y una débil inversión pública productiva.
Este cóctel explosivo genera un dilema político de primer orden: el gobierno tiene que optar entre una reforma del sistema fiscal —que conlleva un alto costo político— o continuar financiando su proyecto político vía un mayor endeudamiento, recortes del gasto público o un paulatino debilitamiento institucional.
Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa de México habría aumentado de manera considerable, pasando de aproximadamente nueve a diecisiete billones de dólares. Este incremento exige recurrir a un mayor endeudamiento para cubrir esa deuda, sin que exista un respaldo estructural sólido que lo sostenga a largo plazo.
El presupuesto de egresos para 2026, por ejemplo, prevé una contratación de deuda de más de un billón de dólares. De mantenerse esta tendencia en los años siguientes, el problema económico se agravaría considerablemente. A ello se sumaría un problema adicional de legitimidad política, ya que, ante la falta de resultados tangibles del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno buscaría sostener su legitimidad mediante una narrativa moral, la polarización social y la construcción constante de enemigos internos y externos.
Por eso, quizá, el principal desafío del gobierno sea sostener la legitimidad sin resultados económicos claros, lo que inevitablemente se traduce en una escasa tolerancia a la crítica, una menor disposición a aceptar el pluralismo y cada vez un mayor uso del aparato estatal como herramienta política.
Y esto ya está en marcha con la captura de la Suprema Corte de Justicia y la reciente designación de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, que, a solo unos días de asumir el cargo, abrió expedientes contra personajes políticos opositores y críticos al proyecto morenista bajo el argumento de la corrupción.
Así, de consolidarse el pronóstico económico para 2026, es altamente probable una mayor centralización del poder y un debilitamiento de los contrapesos institucionales y mediáticos. No es una dinámica novedosa: el manejo político de las crisis suele indicar que, cuando un gobierno no puede repartir prosperidad, opta por repartir control.
Este reparto del control probablemente no implique una ruptura institucional, sino recortes mayores en los presupuestos públicos, el mantenimiento de autonomías erosionadas, la judicialización selectiva y una regulación discrecional. De ocurrir, afectará sin lugar a dudas la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas, quienes desde hace algún tiempo toman con cautela sus decisiones de inversión y reinversión ante el sesgo de un poder judicial notoriamente partidizado.
Esto derivaría en una suerte de silogismo: a mayor incertidumbre institucional, menor inversión; a menor inversión, menor crecimiento; y a menor crecimiento, mayor presión sobre las instituciones del Estado mexicano.
Ante este escenario complicado, las alternativas no parecen muy promisorias. El año 2026 es políticamente importante, ya que en el siguiente estará en juego la integración de la Cámara de Diputados y dieciséis estados de la federación. Esto exigirá un flujo de dinero público y una reducción de los niveles de tensión vividos en 2025, cuando sectores importantes de la sociedad mexicana se manifestaron ruidosamente y se registraron reacciones de baja tolerancia hacia esta oposición social variopinta. Por ello, algunos analistas pronostican elecciones altamente competitivas y difíciles en muchas regiones, debido al activismo desbordado de grupos del crimen organizado.
Además, los márgenes de actuación de los operadores políticos del gobierno son muy estrechos, lo que genera una tensión que se multiplica exponencialmente en las redes sociales y afecta a las clientelas políticas del morenismo.
No menos importante es el desplazamiento hacia la derecha del electorado, que se observa aceleradamente en varios países latinoamericanos y amenaza con continuar en Brasil y Colombia, donde se celebrarán elecciones en 2026. Cabe destacar el efecto psicológico que esto ya ha tenido en el comportamiento electoral, como se vio en Argentina y Honduras, y que podría impactar en un electorado muy preocupado por la crisis económica y la violencia del crimen organizado.
En definitiva, las posibles salidas dependen de la voluntad —mayor o menor— de implementar una reforma económica e institucional profunda, que podría implicar un paso atrás del Poder Judicial, o de persistir en la administración de la escasez y continuar en la deriva de un mayor control político.
Desde la perspectiva de quien escribe, y con base en las decisiones tomadas en los últimos meses, sobre todo por la postura que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido en los casos de Venezuela y Honduras —y también por las posiciones adoptadas en países donde el “progresismo” ha sido derrotado—, se puede inferir que las decisiones que se tomarán en Palacio Nacional estarán más guiadas por la ideología que por consideraciones estructurales. Es decir, se continuará gobernando sin crecimiento económico. Y eso ya lo han notado los operadores de la Casa Blanca, que presionan a México día tras día.
Autor
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
