Recientemente Estados Unidos dio a conocer una nueva versión de la Lista Engels. Esta, en teoría, es considerada un primer paso del aumento de la persecución contra corruptos centroamericanos que en un futuro podrían ser incluidos en la ley Magnitsky, que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos, o en algún otro “invento” gringo para castigar corruptos extranjeros infieles a Washington o simplemente irrelevantes. Cada vez que aparece una nueva lista, por lo general, los nuevos integrantes son personajes de segunda o los llamados “idiotas útiles”, mientras que los “peces gordos”, ideólogos de los más variados actos de corrupción, no aparecen jamás.
El “monje negro” del juanorlandismo
En Honduras nadie ignora el papel que cumplieron, a lo largo de varios años, personajes como Ebal Jair Díaz Lupián, el otrora temido ministro de la Presidencia durante la última administración del Partido Nacional. Sin embargo, ni este ni otros personajes de la talla aparecen en las listas. Ebal Díaz fue algo así como “el monje negro” del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero poco antes de la entrega del poder cruzó a Nicaragua para refugiarse. En junio, se hizo público que el gobierno de Daniel Ortega le concedió la ciudadanía, al igual que lo hizo con Ricardo Leonel Cardona López, otro “fugado”, exsecretario privado de la Presidencia.
Otros personajes que no aparecen en la lista son los que sí estaban incluidos en la que la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Macchi) tenía en carpeta. Esto, antes de ser desmantelada por la imprudencia de su exjefe, el peruano Juan Jiménez Mayor, al expresar públicamente que se investigaba a unos 60 diputados y exdiputados del Congreso Nacional, entre ellos a su presidente, Mauricio Oliva, quien desde entonces vive en un autoexilio dorado en su propia casa, en la sureña Choluteca.
De acuerdo a investigaciones, Oliva y el ahora expresidente Hernández habrían sido la cabeza de la estafa con los tristemente famosos hospitales móviles para luchar contra la COVID-19, junto a las exministras Rocío Tábora (Finanzas) y Alba Consuelo Flores (Salud).
Mientras la no inclusión de corruptos del más alto nivel del régimen juanorlandista podría ser una señal, la inclusión de tres personajes de relevancia del nuevo Gobierno de izquierda de Xiomara Castro son una llamada de atención. De hecho, tras varios años sin embajador estadounidense en Tegucigalpa, la nueva representante, Laura Dogu, ha dicho: “No queremos este tipo de personas en los Estados Unidos y, si hay recursos que ellos han recibido de actividades de corrupción, no queremos ese tipo de dinero tampoco en los EE. UU.; es un sistema muy amplio”.
El Salvador y Guatemala
En los otros dos países del Triángulo Norte, zona que tiene el “privilegio” de ser objeto de la Lista Engels, las cosas son algo diferentes. Allí, para “domar” un poco a dos presidentes reacios o directamente rebeldes a las “indicaciones” de Washington, la lista incluye personajes muy cercanos a Nayib Bukele y a Alejandro Giammattei. En el caso de ellos, no alcanza con darles una señal, y la lista ha señalado a personajes muy cercanos a los presidentes.
En 2021, con su primera versión, la Lista Engel había provocado inquietud en el entorno íntimo del presidente salvadoreño Bukele. En julio de aquel año, Washington nombró a varios de los funcionarios de mayor confianza del primer mandatario, entre ellos su jefa de gabinete, su ministro de Trabajo, su secretario jurídico y su exministro de Agricultura, quien es, además, su amigo de toda la vida.
En la nueva versión, aparecen, entre otros, varios cercanos a Bukele, como Ernesto Sanabria, secretario de prensa del presidente, y Christian Guevara, jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, el partido del oficialismo. En 2021, las protestas de Nayib y los suyos se hicieron oír duramente, pero, en esta ocasión, hubo más silencios que gritos.
En Guatemala, por otro lado, la Lista Engels “cae” en medio de un pleito del gobierno del presidente Giammattei con Washington por la defenestración impulsada por la Casa de Gobierno, de jueces y fiscales que investigaron a políticos y a empresarios cercanos al poder político-institucional, y de un insistente cabildeo de esos sectores en la capital gringa contra esas “molestas” indagaciones.
Empero, en esta versión de la lista, el Departamento de Estado se enfoca más en los socios privados del Gobierno que en los funcionarios. De estos últimos, sobresale la inclusión del abogado Rafael Curruchiche, a quien la fiscal general Consuelo Porras (incluida en una versión anterior de la lista) nombró jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en reemplazo de Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Washington por haber “tocado” de cerca al presidente Giammattei en una investigación que lo implicaba con sobornos de empresarios mineros rusos.
Más allá de los señalados, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado de EE. UU., Patrick Ventrell, aclaró que esta lista, la cual incluye a personajes de estos tres países, es una herramienta en la lucha contra la corrupción en la región, y advirtió que, de continuar estas prácticas, el Gobierno podría pasar a emitir sanciones permanentes o financieras en contra de los consignados. Lo que sí no detalló el funcionario son los criterios del Departamento para la selección de los señalados.
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Autor
Analista, comunicador y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
