En la última semana de noviembre, miles de transportistas y productores agrícolas abandonaron comunidades, parcelas, cultivos, oficinas y bodegas para exigir mayor seguridad en las carreteras, precios de garantía competitivos en los granos —especialmente maíz— y agua del sistema de presas para lograr sus objetivos. Se instalaron con sus vehículos y maquinaria pesada en las principales carreteras, casetas de cobro y oficinas aduanales, colapsando la movilidad desde Chiapas hasta Baja California, mientras sus dirigentes dialogaban con las autoridades políticas y agrícolas.
Luego de un llamado a sentarse en mesas de negociación para buscar una salida a los problemas de seguridad y del campo, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha comprometido a mejorar la seguridad en las rúas y a los agricultores les ha dicho que no se cuenta con dinero público suficiente para mejorar los precios de garantía por tonelada de maíz para hacerlo competitivo frente a los productores estadounidenses, que reciben subsidios y surten una parte al mercado mexicano.
Pero ¿qué hay detrás de las demandas de los productores agrícolas? ¿Por qué cada tanto tiempo estalla el problema agrícola sin que se vea una salida a este problema, que afecta no solo a los productores sino, a través de la inflación, a la mesa de los mexicanos? ¿Es verdad, como dice un eslogan propagandístico cargado de símbolos milenarios, que “sin maíz, no hay país”?
Primero: más del 70% de las unidades de producción tienen menos de cinco hectáreas, que están atomizadas e impiden economías de escala, acceso a crédito y comercialización competitiva.
Segundo: el país importa entre el 40% y el 45% de sus granos, especialmente maíz amarillo, con el que se produce la tortilla y que es indispensable en la mesa mexicana.
Tercero: los costos de producción y la baja competitividad por los precios de los insumos utilizados que se fijan en los mercados internacionales de granos.
Cuarto: el cambio climático y la constante degradación de los recursos naturales, producto de sequías prolongadas, desertificación, inundaciones, heladas y plagas, además de pérdida de suelo fértil por sobreexplotación, erosión y mal uso en la distribución del agua.
Quinto: falta de financiamiento público por la desaparición durante el gobierno de López Obrador de la llamada Financiera Rural, que otorgaba créditos blandos y muchos de ellos a fondo perdido.
Sexto: inseguridad, por la presencia del crimen organizado en regiones agrícolas donde, a través de la extorsión, el despojo y el llamado cobro de piso, está provocando una migración forzada a los centros urbanos, que son incapaces de brindar trabajo, vivienda y servicios públicos, lo que genera verdaderos cuellos de botella y problemas de marginalidad y delincuencia.
Séptimo: por el perfil de las unidades de producción, existe una desarticulación de cadenas de valor con la venta directa de sus productos frecuentemente a los grupos criminales o a los poderosos intermediarios, que terminan obteniendo la mayor parte de los beneficios. Un ejemplo lo daba un campesino refiriéndose al maíz: “Nos compran a 4 pesos el kilo de maíz y el kilo de tortillas vale 26”.
Y último: políticas públicas para el campo inconsistentes por los cambios sexenales, programas clientelares y falta de continuidad. Además, con la llegada del gobierno de la 4T se dieron apoyos directos al productor en lugar de inversiones públicas de largo plazo, lo que significa ausencia de incentivos para la innovación y promoción de una agricultura tecnificada, como sucede en países con mayor visión.
Frente a este escenario de crisis, las opciones reales significarían revertir los problemas estructurales y eliminar los cuellos de botella que están presentes en los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas, lo que significa un cambio de política pública.
Primero: garantizar que las actividades del campo se desarrollen sin la presencia del crimen organizado, que, como ya señalamos, sangra a los agricultores en las etapas de producción, distribución y comercialización, y que también son sujetos de extorsión, secuestros y pago de piso.
Segundo: la crisis exige contar con un Sistema Nacional Agroalimentario de largo plazo al margen de vaivenes políticos sexenales, lo que con el gobierno de la 4T se ve difícil por la falta de voluntad y liquidez.
Tercero: la definición de cultivos estratégicos, zonas agroecológicas y metas de autosuficiencia de alimentos.
Cuarto: favorecer la reconversión productiva y agricultura de precisión reorientando las zonas improductivas hacia cultivos de mayor valor agregado a través de drones, sensores, riego inteligente o semillas mejoradas, además de incentivos fiscales para la adopción de tecnologías de punta.
Cinco: reestablecer y financiar una banca rural que otorgue créditos blandos, garantía para pequeños y medianos productores y seguros agroclimáticos accesibles.
Sexto: estimular la organización de productores agrícolas a través de cooperativas, sociedad de producción rural, incluso clústeres agroindustriales, además de centros de acopio, enfriamiento y una logística administrativa de productores.
Séptimo: inversión público-privada para mejorar la infraestructura estratégica rehabilitando los distritos de riego, la tecnificación del riego por goteo y caminos rurales de calidad.
Por último, hay que combatir la intermediación para garantizar precios justos al productor y el consumidor final, lo que llama a fortalecer constantemente el Estado de Derecho y eliminar debilidades del actual sistema agroalimentario del país.
En fin, la crisis del campo mexicano exige una revolución agrícola. Solo teniendo voluntad política y una estrategia integral para el campo será posible lograr la autosuficiencia alimentaria, combatir los lastres políticos y, sobre todo, que no sean necesarios los bloqueos de carreteras, tomas de casetas de cobro para hacerlo sustentable y servir a la economía nacional.
Autor
Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
