«No vivo en Brasil, pero sigo siendo ciudadana brasileña»; «El voto es obligatorio, pero también es un derecho» fueron algunas de las reacciones de los brasileños que, al ser preguntados en las redes, defendieron el derecho a la participación electoral, aunque vivan fuera de Brasil. En la actualidad hay 696.000 brasileños registrados para votar fuera del país, lo que representa el 0,45% del electorado brasileño, compuesto por 156,5 millones de personas. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) también fue elegido presidente por los brasileños que votan en el extranjero: Lula obtuvo el 51,28% (152.905 votos) de los votos válidos, frente al 48,72% (145.264 votos) del candidato Jair Bolsonaro (PL).

La participación política de los emigrantes va mucho más allá del voto en el extranjero. Emigrar por falta de oportunidades o debido a las crisis económicas y políticas en los países de origen podría sugerir una falta de interés, por parte de los migrantes, en participar en las direcciones políticas de estos países. Sin embargo, según las reflexiones sobre la diáspora y el transnacionalismo de autores como Guarnizo, Portes y Tarrow, muchos migrantes mantienen su participación política en los países de origen a partir de acciones que pueden ir desde el envío de remesas, visitas periódicas para invertir en empresas, obras filantrópicas y organizaciones de eventos culturales, hasta la intervención directa en los procesos políticos y electorales de estos países. Esta participación no excluye a los nacionalistas inmigrantes que buscan movilizar los discursos de la diáspora para desestabilizar o derrocar a los gobiernos de los países de origen, como en el caso de los croatas en Canadá, los irlandeses en Boston y los kurdos en Alemania. 

Durante la dictadura en Brasil en los años 70, las redes de solidaridad transnacional que se formaron en torno a los brasileños exiliados de la dictadura contribuyeron a la transnacionalización de la lucha contra el gobierno militar en el extranjero y en Brasil. A través de la producción de medios de comunicación impresos, los exiliados difundieron denuncias de la dictadura con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública de Brasil, ganar apoyo para su lucha política y dañar la imagen del régimen militar brasileño en el exterior.

Los exiliados brasileños contribuyeron con denuncias, información y la organización de acciones políticas. Actuaron de forma anónima para no infringir la legislación internacional sobre refugio, que determina que deben evitarse acciones o declaraciones que puedan afectar al gobierno y a la seguridad del país de origen, so pena de perder la condición de refugiado o ser expulsado del país de acogida. Además, las acciones políticas de los exiliados políticos brasileños fueron importantes para la inserción de temas como el feminismo, la democracia y, especialmente, la amnistía, en la agenda de los militantes de la izquierda brasileña.

Desde los años 90, los procesos de digitalización de la comunicación y la popularización de Internet han reordenado la acción política de los movimientos de resistencia global y de los colectivos sociales y culturales, incluidos los colectivos migratorios. El uso de las tecnologías digitales permitió a los migrantes ampliar e intensificar sus interconexiones, así como la articulación de acciones políticas entre los países de origen y destino. En este sentido, en la investigación realizada por mí sobre el activismo de los inmigrantes brasileños contra el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en la ciudad de Barcelona, se pudo observar que la acción política de los inmigrantes seguía agendas similares a las de Brasil, especialmente en lo que se refiere al esfuerzo de consolidar y al mismo tiempo traducir a los contextos español y europeo, la concepción del impeachment como un golpe político, jurídico y mediático, y sobre todo dar visibilidad a esta narrativa en los medios de comunicación y otros espacios sociales e institucionales españoles y europeos.

En los países de destino, los inmigrantes también se han movilizado en defensa del ejercicio de sus derechos políticos en sus países de origen, como el derecho al voto. El colectivo Marea Granate, creado a partir del crecimiento de la diáspora española provocado por la crisis económico-política de 2008, se ha consolidado como un movimiento transnacional y apartidista formado por emigrantes españoles residentes en diferentes países. El colectivo ha liderado, especialmente a través del activismo digital, movilizaciones políticas, como las relacionadas con las campañas #VotoRogado y #RescataMiVoto, que culminaron, en 2021, con la derogación del llamado «voto rogado» en el marco de la nueva legislación electoral aprobada por el Congreso de los Diputados. 

En la ciudad de São Paulo, el activismo de los inmigrantes bolivianos promovió acciones políticas a través de la ocupación de la calle y de espacios digitales para denunciar el golpe de Estado en Bolivia que, en 2019, destituyó al ex presidente Evo Morales e instaló el gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez. A través de un conjunto de movilizaciones, los migrantes bolivianos exigieron nuevas elecciones en Bolivia, así como la preservación del derecho al voto en el extranjero, amenazado por el gobierno de Áñez.La participación política de los migrantes también puede extenderse a su inserción en los espacios políticos institucionales a través de las candidaturas a cargos parlamentarios en los países de destino donde también actúan para incluir en el debate público y dar visibilidad a las agendas de interés para sus países de origen. La activista brasileña María Dantas, elegida en 2019 para el parlamento español por el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fue una de las políticas más activas en la denuncia y resistencia al gobierno de Bolsonaro dentro de los parlamentos español y europeo.

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