Movilidad humana: un fenómeno global que redefine fronteras, derechos y sociedades

La migración es una realidad que con frecuencia queda al margen del debate público. No se trata únicamente de cifras ni de flujos migratorios, sino de personas que se desplazan porque en sus lugares de origen dejaron de existir condiciones mínimas para vivir dignamente. En un contexto global marcado por crisis superpuestas, la movilidad humana deja al descubierto una tensión central de nuestro tiempo: la urgencia de millones de personas frente a la lentitud, cuando no la indiferencia, de las respuestas políticas.

Hoy, más de 281 millones de personas viven fuera de su país de origen, y al menos 122 millones se encuentran desplazadas por la fuerza a causa de conflictos, violencia, crisis económicas y desastres ambientales. Estas cifras no representan un fenómeno aislado. Son el reflejo de un sistema global que produce exclusión de forma estructural y que, al mismo tiempo, no logra ofrecer mecanismos eficaces para gestionar la movilidad que genera.

Las Naciones Unidas han avanzado en resoluciones y marcos de referencia que reconocen la migración como un fenómeno inherente al desarrollo humano. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular marcó un hito al proponer cooperación, enfoque de derechos y corresponsabilidad. Sin embargo, en la práctica, la brecha entre los compromisos internacionales y las políticas nacionales sigue siendo profunda, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe.

América Latina: una región en constante movimiento

América Latina y el Caribe concentra hoy una de las dinámicas migratorias más complejas del mundo. La región es, al mismo tiempo, origen, destino, tránsito y retorno. Esta condición desafía las categorías tradicionales con las que aún se diseñan muchas políticas públicas. El desplazamiento venezolano es el ejemplo más visible. Más de siete millones de personas han salido de su país, y el 85% permanece en países de la región. Colombia acoge cerca de un tercio de esta población, seguido por Perú, Brasil, Chile y Ecuador. Tras años de llegada masiva, el fenómeno ha entrado en una fase de asentamiento prolongado que exige respuestas estructurales.

Ya no se trata únicamente de atención humanitaria. El desafío central es la integración socioeconómica: acceso al empleo formal, a la educación, a la salud y a mecanismos de regularización sostenibles. Sin embargo, una parte significativa de la población migrante sigue atrapada en la informalidad. En Colombia, cerca del 82% de la población venezolana trabaja con un contrato verbal, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo que reproduce condiciones de precariedad y limita su aporte pleno a la economía.

A esto se suman los flujos masivos de tránsito hacia Estados Unidos y el aumento de la migración extrarregional. Centroamérica, el Caribe y México enfrentan presiones crecientes en corredores migratorios expuestos al crimen organizado transnacional. En muchos casos, la región responde con recursos limitados y con una cooperación internacional que no siempre está a la altura de la magnitud de los desafíos.

Retornos forzados, diáspora y ciclos inconclusos

Los retornos forzados se han convertido en una constante en la experiencia migratoria reciente de América Latina y el Caribe. Lejos de significar el cierre de un proceso, estos retornos suelen reinsertar a las personas en contextos marcados por la precariedad, la inseguridad y la ausencia de oportunidades que originalmente impulsaron la migración. Así, la diáspora no representa un ciclo concluido, sino un proceso abierto, atravesado por desplazamientos sucesivos, rupturas familiares y una incertidumbre que se prolonga en el tiempo.

Mientras algunos migran, otros regresan. El retorno se ha convertido en una dimensión cada vez más visible de la movilidad humana, aunque sigue siendo poco atendida. Solo en 2024, más de 17.000 personas fueron deportadas a Colombia, principalmente desde Estados Unidos, según cifras de Migración Colombia. Muchas retornaron sin preparación, sin ahorros y sin redes de apoyo. Los marcos normativos existentes fueron diseñados, en su mayoría, para retornos voluntarios. No contemplan adecuadamente los impactos del retorno forzado, ni las necesidades específicas de quienes regresan después de años fuera del país. El resultado es un vacío institucional que deja a miles de personas en una situación de alta vulnerabilidad económica y social.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Países de toda la región enfrentan el mismo dilema: cómo reintegrar a personas que regresan con experiencias, habilidades y expectativas distintas, pero sin mecanismos claros de acompañamiento. El retorno, lejos de cerrar el ciclo migratorio, abre uno nuevo de exclusión cuando no existen políticas de reintegración productiva.

En contraste, la diáspora latinoamericana continúa sosteniendo economías desde el exterior. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2024, las remesas hacia la región superaron los 160.000 millones de dólares, convirtiéndose en una fuente clave de ingreso para millones de hogares. Estas transferencias alivian la pobreza y estabilizan economías locales, pero también evidencian una dependencia estructural.

Más allá de las remesas, la diáspora representa un capital humano estratégico. Profesionales, emprendedores, científicos y trabajadores calificados generan conocimiento, redes e innovación. Cuando existen políticas que reconocen ese potencial, la migración puede convertirse en un activo para el desarrollo. Sin embargo, en muchos países, estos esfuerzos siguen siendo dispersos y poco articulados.

Decisiones impostergables ante un escenario que ya cambió

La movilidad humana no es una crisis pasajera, sino una característica estructural del mundo actual. Insistir en enfoques centrados exclusivamente en el control y la seguridad ha demostrado ser ineficaz: cerrar fronteras no detiene los flujos, solo los vuelve más peligrosos y costosos en términos humanos.

Las experiencias más exitosas muestran que la gestión migratoria requiere una combinación de políticas: atención humanitaria, integración socioeconómica, movilidad regular, cooperación internacional y fortalecimiento de capacidades locales. También exige mejorar la calidad de la información. La fragmentación de datos sobre migrantes, retornados y diáspora dificulta la toma de decisiones y limita la evaluación del impacto real de las políticas públicas en los países de acogida.

Actualizar los marcos legales es otro desafío urgente. Muchas normas fueron pensadas para contextos de movilidad temporal y no para migraciones prolongadas ni retornos forzados masivos. El Día Internacional del Migrante debería servir para algo más que declaraciones. Es una oportunidad para reconocer que la movilidad humana llegó para quedarse. Entre la urgencia de quienes migran y la indiferencia de quienes deciden, todavía existe margen para políticas más responsables, humanas y coherentes.