Tras la publicación de la nueva National Security Strategy 2025, Donald Trump vuelve a poner en el centro de la política de defensa nacional la recuperación su área de influencia geográfica continental. Un documento en el que se desarrolla el «corolario Trump de la doctrina Monroe» y desde el que entiende las amenazas, los aliados, las potencias contendientes y su propio papel en el mundo. Una hoja de ruta política e ideológica con la que interactuar en una escena global cada vez más fragmentada ante la influencia de actores como China, Rusia, Irán, India, la Unión Europea entre otros.
Este documento deja clara la beligerancia y rivalidad internacional entre grandes potencias, en especial China, actor global descrito como el principal desafío estratégico de largo plazo, no solo en el plano militar, sino también en los ámbitos tecnológico, económico y normativo. En el caso particular de Rusia, representa un actor internacional disruptivo que amenaza en la arquitectura de seguridad heredada de la posguerra fría en toda la región euroasiática. Frente a ambos, Washington apuesta por una política de disuasión reforzada, de incentivos selectivos y una modernización acelerada de sus capacidades militares.
En el plano hemisférico el énfasis radica en la seguridad fronteriza, el control migratorio, la lucha contra el narco-terrorismo y la resiliencia económica como componentes centrales del poder nacional. El mensaje es inequívoco: sin control hemisférico —de fronteras, cadenas de suministro y sectores estratégicos— no hay liderazgo global sostenible. Incorporando además el estilo transaccional con los aliados tradicionales bajo la lógica de reparto selectivo de riesgos y beneficios. Una doctrina de «reclutamiento» de alianzas y expansión de intereses comunes.
En este episodio de Mirada Semanal, buscamos examinar esta nueva Estrategia de Seguridad Nacional, a la luz de la política exterior del segundo mandato de Donald Trump y en especial ponderando implicaciones por el reciente despliegue militar en el Caribe oriental. ¿Qué elementos del pasado toman forma nuevamente en esta doctrina, y qué aspectos podrían considerarse novedosos respecto a administraciones del pasado reciente? ¿cuáles serán sus efectos para América Latina y el orden internacional?
Cierra el 2025, un año de importantes definiciones en la política en América Latina, marcado por profundos cambios electorales, levantamientos de protestas, movilizaciones migratorias y importantes debates sobre políticas públicas y derechos ciudadanos. Una de las tendencias más destacadas, en este balance político fue el avance electoral de fuerzas conservadoras en varios países como Argentina, Honduras, Chile y Bolivia. Por ejemplo, en Argentina, la Libertad Avanza partido de Javier Milei consolidó un fuerte respaldo en las elecciones legislativas, ampliando su presencia en el Congreso y confirmando el giro político del país hacia políticas económicas liberales. Asimismo, aunque por un estrecho margen destaca el caso de Honduras, el candidato conservador Nasry Asfura ganó la presidencia en un proceso electoral marcado por controversias y acusaciones de influencia externa, lo que simboliza una tendencia regional hacia el fortalecimiento de líderes de derecha y centro-derecha.
Destaca el caso de Bolivia, con un importante cambio político tras la elección de Rodrigo Paz. Una ruptura histórica con la hegemonía del Movimiento al Socialismo, así como también el caso de Chile con la rotunda victoria de José Antonio Kast, marcando una reconfiguración política a las tendencias ya tradicionales de izquierda en la región. De igual manera, merecen atención especial la participación cívica demostradas en los referendos y consultas populares en Ecuador, Colombia, Guatemala y Panamá, logrando canalizar la polarización y el descontento por medio de mecanismos institucionales. Lo cual se hizo presente también en la histórica elección judicial en México. Si bien el voto sigue siendo el principal instrumento de cambio y contestación con el poder, este mecanismo ya no representa una garantía de estabilidad y mejoramiento democrático. Altas cotas de polarización, sistemas de partidos fragmentados, creciente desarticulación intra-regional, precarización burocrática, violencia política, corrupción administrativa y altos niveles de inseguridad ciudadana, han sido los problemas que ha documentado buena parte de los estudios demoscópicos de este año.
Todo lo cual ocurre en un año como el 2025, en el que los EEUU redefine su Estrategia de Seguridad Nacional de forma notable, poniendo nuevamente al hemisferio americano en el centro de su reforzamiento geopolítico con todas las implicaciones que traen consigo. Teniendo en su despliegue militar en el Caribe contra el «narco-régimen» de Maduro en Venezuela, su principal ejercicio práctico del nuevo corolario Trump de la Doctrina Monroe. Un incremento de tensiones durante meses que ha reconfigurado reacomodos, alianzas y profundas implicaciones hemisféricas para los primeros meses del 2026. En suma, tenemos un 2025 que será recordado como un año de cambios políticos profundos, alta crispación y redefinición de agendas públicas, que marcarán las nuevas rutas para el futuro político de América Latina.
La extracción militar de Nicolás Maduro y Cilia Flores ejecutada por los EEUU el pasado 03 de enero, representa el inicio de una nueva fase política tanto en Venezuela como en el hemisferio. La llamada “Operación Resolución Absoluta» confiere sentido práctico a la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional y de momento ha producido una inestable dictadura interina liderada por Delcy Rodríguez, la Vicepresidente del régimen chavista, tras la captura y traslado de su jefe quien ha sido presentado ante la justicia en una corte federal en Nueva York, enfrentando cargos federales por tráfico de drogas entre otros.
Un evento que además de representar una ruptura con la legalidad nacional e internacional, sugiere la configuración de un nuevo orden hemisférico, en el que entre otros objetivos, se busca expulsar a las potencias extrarregionales del área de influencia de los EEUU, siendo Venezuela el primer teatro de operaciones de esta nueva doctrina Monroe 2.0. Todo lo cual, ha generado respaldos y también cuestionamientos a nivel internacional, reavivando viejas discusiones sobre la autonomía regional frente a las grandes potencias, así como también la obsolescencia de los organismos multilaterales para resolver por vías diplomáticas las crisis entre Estados y en especial para proteger efectivamente a sus ciudadanos.
A poco más de una semana de este evento, en Mirada Semanal examinamos las implicaciones nacionales, hemisféricas y geopolíticas de esta acción unilateral, así como la actualidad de las tensiones entre las distintas facciones armadas que han quedado en el territorio venezolano. Asimismo, las complejidades de la liberación de los presos políticos, las circunstancias de la vida económica del país y en especial las posibilidades de una transición democrática, que pareciera por los momentos como la última fase de esta nueva dinámica tutelar que recién comienza.
Después de una larga espera, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur representa uno de los pactos comerciales más relevantes y más debatidos durante el últimos cuarto de siglo. Ambos bloques comerciales constituyen un mercado de más de 720 millones de personas y cerca del 25% del comercio mundial. Una circunstancia de gran aprovechamiento a ambos lados del Atlántico, ya que reduciría aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados a la fecha, facilitando uno de los mayores flujos comerciales del planeta.
De hecho, a día de hoy la Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur, mientras que el bloque sudamericano se encuentra entre los principales socios de la UE en América Latina. El intercambio anual promedio de bienes supera los 80.000 millones de euros, principalmente de productos agrícolas, materias primas, automóviles, productos químicos y farmacéuticos. Europa exporta principalmente vehículos, equipos industriales y tecnología, mientras que el Mercosur vende carne bovina y aviar, soja, azúcar, etanol y minerales. El acuerdo prevé, por ejemplo, cuotas preferenciales para carne y productos agrícolas, y la eliminación progresiva de aranceles que hoy alcanzan hasta el 35 % en automóviles y más del 20 % en bienes industriales.
Sin embargo, más allá de los números, el acuerdo también regula servicios, compras públicas, propiedad intelectual y reglas sanitarias, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a empresas e inversores. Para el Mercosur, esto podría traducirse en un acceso inmejorable a un mercado de alto poder adquisitivo y en un aumento de la inversión europea, que ya supera los 300.000 millones de euros acumulados en la región. Para la UE, por su parte se asegurar acceso preferencial a suministros estratégicos y reforzamiento de su presencia económica frente al avance de China en esta subregión.
Sin embargo, el acuerdo no está exento de polémicas. Las preocupaciones ambientales especialmente sobre el Amazonía y los acuíferos sudamericanos, destacan dentro de los temas recurrente de sus detractores, de igual manera los resquemores sobre los subsidios agrícolas europeos y la precariedad laboral sudamericana. Más allá de estas consideraciones este acuerdo Unión Europea y Mercosur no solo definirá buena parte de la geopolítica comercial por venir, sino que también será el epicentro del gran debate global entre libre mercado, multilateralismo y desarrollo sostenible. ¿Cuáles serían los alcances y oportunidades que plantea este acuerdo para el resto de la región?
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no debe hacernos olvidar que el Mercosur ha sobrevivido 40 años de crisis, frustraciones y resiliencia. La 67ª Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada apenas en diciembre en Foz do Iguaçu, no fue muy diferente de las anteriores: tuvo escasa asistencia, debido a la no firma del acuerdo con la Unión Europea, y desacuerdos especialmente entre Lula y Javier Milei. La prensa le dio poca relevancia a la reunión. Una vez más, se percibe un sentimiento de frustración tras los últimos 10 años. Muchos académicos destacan las deficiencias del bloque. Hay muchas críticas al Mercosur y reclamos académicos por sus fracasos e incumplimiento de las directrices definidas. El Mercosur, entonces, sería un destructor de expectativas que genera frustraciones. Pero quizás exista una dimensión para el optimismo.
El Mercosur lleva 34 años funcionando, en una región que ya ha sufrido la pérdida de organismos como Unasur y Prosul. Y si contamos desde la Declaración de Iguazú, eso suma 6 años más. La iniciativa de integración comenzó hace 40 años entre Argentina y Brasil, pero al desembocar en la firma de un tratado, Uruguay, considerando a ambos países como socios comerciales importantes, solicitó su ingreso y, junto con ello, sugirió la incorporación de Paraguay.
Esta incorporación posterior de socios menores siempre ha sido un sello distintivo del bloque. El Mercosur y las relaciones entre Brasil y Argentina están entrelazadas, ya que el bloque presenta dos dinámicas internas: la bipolaridad entre ambos países y la estructura cuadrangular de los cuatro Estados miembros. Las relaciones bipolares en su interior marcan la dinámica del funcionamiento del bloque.
Si examinamos la historia del Mercosur, observamos frustraciones, pero siempre acompañadas de resiliencia y superación de desafíos. La Declaración de Iguazú de 1985 auguró una integración productiva entre Argentina y Brasil que nunca se materializó. El Tratado de Asunción se centró más en el comercio, y al final de las negociaciones de Las Leñas, la dimensión comercial se consolidó como el principal sello distintivo del bloque. Durante las negociaciones del Protocolo de Ouro Preto, en sectores de la diplomacia brasileña surgió la idea de ampliar el bloque para formar una Zona de Libre Comercio Sudamericana, lo que disolvería el Mercosur de cuatro estados. Sin embargo, el Mercosur prevaleció.
La crisis de 1999, resultante de la devaluación de la moneda brasileña sin consulta previa, afectó el comercio intrabloque y el Plan de Convertibilidad argentino. Argentina reaccionó obstaculizando el Arancel Externo Común e incluso la zona de libre comercio, pero el presidente De la Rúa, una vez elegido, apaciguó la situación. La crisis económica, política e institucional de Argentina en 2001 recibió, aunque modesto, apoyo de Brasil.
Durante el período conocido como regionalismo poshegemónico, con los gobiernos del PT en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina y el Frente Amplio en Uruguay, se produjeron avances en las dimensiones política y social del Mercosur: la creación del Parlamento del Mercosur, el Instituto Social del Mercosur, el Instituto de Derechos Humanos y las Reuniones Especializadas. Se creó la Unasur, pero no sustituyó al Mercosur; más bien, se complementaron. Sin embargo, la construcción del Parlamento se estancó y el impacto del desarrollo brasileño esperado por los socios argentinos no se materializó.
Con los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer, los logros del período poshegemónico sufrieron un retroceso. El marco institucional del bloque se redujo y este volvió a un perfil comercial. La reprimarización de las economías de los Estados miembros contribuyó a obstaculizar futuros avances del bloque.
Tras este período, llegó la coexistencia de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro, agravada por la pandemia de COVID-19. El único encuentro presencial entre ambos presidentes tuvo lugar en una reunión del G-20 en Italia. Bolsonaro y el ministro de Economía, Paulo Guedes, amenazaron repetidamente el arancel externo común, y el presidente uruguayo Lacalle Pou también presionó para poner fin a sus restricciones, pero en ambos casos sin éxito. Luego vino la alternancia presidencial, con Javier Milei en Argentina y Lula da Silva en Brasil. Tampoco se entienden y, en el primer año de coexistencia, intercambiaron insultos. Pero el Mercosur continuó.
¿Por qué el Mercosur, a pesar de todas las fricciones y limitaciones experimentadas y de presidentes con tendencias políticas tan diferentes, sigue funcionando? Aquí vienen las reflexiones sobre el éxito del bloque.
La primera razón se refiere a la motivación que llevó a su creación y que lo impulsa: es un instrumento creado y mantenido para gestionar las relaciones (históricamente complejas) entre Brasil y Argentina, siendo Uruguay y Paraguay importantes, pero complementarios. En este marco, ha estabilizado y mejorado considerablemente la relación entre ambos.
La segunda razón se relaciona con su dinámica operativa. El Mercosur es como un marco que limita el espacio de movimiento de los Estados, pero que cada gobierno puede ocupar a su antojo. Es resiliente y, por lo tanto, no tiene reglas rígidas que impidan la adaptación a las preferencias políticas de los gobiernos de turno. Las reglas rígidas pueden actuar como autotrampas. El Mercosur tiene una gran capacidad de cambio y adaptación.
Finalmente, y no menos importante, el Mercosur cuenta con la participación y el apoyo de importantes actores económicos de los cuatro estados miembros, quienes se oponen cada vez que ven al bloque amenazado. La Confederación Nacional de la Industria de Brasil ha expresado su preocupación por cada amenaza al arancel externo común, proveniente del gobierno de Bolsonaro.
Esta es, pues, la fortaleza del bloque que ha garantizado su existencia a lo largo de todos estos años. Los desacuerdos y la falta de compromiso en las recientes Cumbres del Mercosur hacen temer que la motivación, la flexibilidad y el apoyo de los actores económicos tengan una vida limitada. Sin embargo, la firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, tras 26 años de negociaciones, renueva la esperanza del bloque.
La operación militar de Estados Unidos en Venezuela a principios de año no fue una sorpresa propiamente dicha, aunque la naturaleza y aparente eficacia de la operación no eran anticipadas por muchos. La captura de Nicolás Maduro, ya sea resultado de una traición interna, como algunos especulan, o de una abrumadora superioridad militar tecnológica, tiene pocas consecuencias para una transición democrática en Venezuela, una de las principales preocupaciones de la región en los últimos 20 años. Sin embargo, el cambio de régimen no es una prioridad para el gobierno de Trump sino, más bien, el control de las reservas petroleras de Venezuela y la defensa de la hegemonía hemisférica estadounidense frente a China.
La reacción de los Estados latinoamericanos y de la Unión Europea ante la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Maduro fue dividida —más en América Latina que en Europa— y, en general, bastante tímida. Hace muchos años, el intelectual argentino Carlos Escudé desarrolló el concepto de “realismo periférico” pensando específicamente en América Latina (y en su propio país). Si evaluamos la reacción a los acontecimientos a ambos lados del Atlántico frente a la intervención de Estados Unidos, puede observarse que, en varios casos, la respuesta encaja bien con los supuestos del realismo periférico; en algunos episodios, incluso, podría hablarse de un “realismo oportunista”.
Resulta difícil caracterizar la reacción del régimen venezolano tras la captura de Maduro de otra manera: por un lado, sostiene una retórica abiertamente antiimperialista y revolucionaria; por otro, parece entregar la gestión del petróleo a Estados Unidos. Hugo Chávez, inevitablemente, se revuelve en su tumba. En la práctica, la prioridad de sus herederos y herederas en el nuevo contexto no es la coherencia ideológica ni la defensa del proyecto bolivariano, sino aferrarse al poder.
Otro ejemplo ilustrativo es el del presidente colombiano Gustavo Petro. Durante mucho tiempo fue uno de los críticos más vehementes de Donald Trump en América Latina. Sin embargo, tras algunas amenazas veladas desde la Casa Blanca y una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, pasó en tiempo récord de la confrontación a los elogios, destacando coincidencias políticas con Donald Trump que hasta hacía poco consideraba impensables.
El realismo periférico sostiene, en esencia, que la política exterior debe partir del reconocimiento de relaciones de poder asimétricas —en este caso, frente a Estados Unidos— y que los gobiernos, cuando priorizan el bienestar económico de su población, ajustan su conducta externa a esa realidad. Desde esta perspectiva, entrar en un conflicto abierto con Washington por la acción militar en Venezuela implica asumir costos sin ninguna expectativa realista de beneficio.
Esto da lugar a dos posibles reacciones. Por un lado, el seguimiento ciego o, como se dice en inglés, bandwagoning con Estados Unidos. Por otro lado, la defensa de los principios fundamentales de la política internacional y del derecho internacional, y el esfuerzo por influir en la solución a medio y largo plazo del conflicto en Venezuela. La intervención es irreversible y Maduro no regresará a Venezuela en el corto o mediano plazo, aunque también es debatible si el actual gobierno venezolano desea realmente ese retorno.
Las instituciones multilaterales latinoamericanas hasta ahora no han logrado alcanzar consenso ni siquiera para una declaración oficial común. La realización de una reunión de CELAC el 4 de enero, solicitada por Brasil y convocada por Colombia en su calidad de presidencia pro tempore, generó inicialmente ciertas expectativas. Sin embargo, pronto quedó en evidencia la persistente fragmentación regional, marcada por la división entre gobiernos de izquierda y derecha, a la que se suma una línea de fractura adicional entre quienes se alinean con Estados Unidos y quienes buscan mantener mayor autonomía.
El resultado pone de manifiesto la eficacia del enfoque bilateral de Washington hacia los países de América Latina y el Caribe, sustentado en la oferta de ‘acuerdos especiales’ a socios seleccionados. Argentina lideró la oposición a una declaración común crítica de la operación y fue respaldada por Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago. A medida que se celebraban elecciones, algunos países fueron modificando su posición. Los casos más llamativos son los de Chile y Honduras, donde los presidentes recientemente electos, Kast y Asfura, que pronto asumirán el poder, expresaron su apoyo a Trump, en contraste con las posiciones de los mandatarios salientes, Boric y Xiomara Castro.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió el 6 de enero, pero tampoco logró consensuar una declaración común. De manera similar, Argentina, Ecuador, Paraguay y El Salvador respaldaron la operación militar; mientras Brasil, Chile, Colombia, México y Honduras la criticaron. El embajador argentino Carlos Bernardo Cherniak declaró que «Argentina aprecia la determinación mostrada por el presidente de los Estados Unidos y su administración en las acciones emprendidas en Venezuela»; mientras que el embajador brasileño Benoni Belli afirmó que «los atentados en territorio venezolano y el secuestro de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y amenazan a la comunidad internacional». Esto ilustra la brecha entre las posiciones clave de los países sudamericanos y explica por qué el Mercosur tampoco ha logrado consensuar una reacción conjunta.
Si bien en las últimas décadas la Unión Europea ha mantenido una política activa de promoción y defensa de la democracia, en la crisis actual de Venezuela, por ahora, carece de capacidad de influencia real y queda, en gran medida, relegada a un papel de mera espectadora. Además, la UE se ve confrontada por la amenaza del gobierno estadounidense de anexionar Groenlandia y, al mismo tiempo, depende del apoyo de Washington en el conflicto de Ucrania, lo que limita su margen de maniobra.
En este contexto, la UE actúa de manera similar a la mayoría de los países latinoamericanos, defendiendo con cautela los principios del derecho internacional, pero evitando un conflicto abierto con EE. UU.
Por ejemplo, en la declaración de la Alta Representante de la UE, apoyado por todos los países de la UE salvo Hungría, sobre las consecuencias de la intervención de Estados Unidos en Venezuela se dice: “estamos en estrecho contacto con Estados Unidos, así como con socios regionales e internacionales para apoyar y facilitar el diálogo con todas las partes involucradas, lo que lleva a una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis, liderada por venezolanos. Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única manera de que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la crisis actual.”
Se trata de una posición que puede ser compartida tanto por la Unión Europea como por los Estados latinoamericanos y que podría servir de base para la articulación de actividades coordinadas respecto a la situación en Venezuela. Si bien la UE y gobiernos afines en América Latina no disponen del mismo poder de influencia que Estados Unidos sobre el régimen venezolano, sí pueden condicionar su cooperación con un gobierno carente de legitimidad democrática a avances concretos en la liberación de presos políticos, la apertura de espacios para la participación política y la presentación de un calendario claro y creíble para una transición democrática.
Cuando la democracia entra en crisis, el dedo acusador suele señalar al populismo. Líderes carismáticos, discursos antiinstitucionales y estilos autoritarios ocupan titulares y debates, reforzando una narrativa cómoda: la democracia liberal estaría amenazada desde abajo. Sin embargo, esta explicación resulta incompleta —y, en muchos casos, engañosa—. En América Latina, y cada vez más también en otras regiones, el problema más persistente no es el populismo, sino la oligarquía.
Desde las independencias del siglo XIX, América Latina fue un enorme laboratorio de republicanismo. Las nuevas repúblicas surgidas de la ruptura colonial abrazaron principios radicales para su tiempo: soberanía popular, constitucionalismo, elecciones competitivas y secularismo. No fueron copias imperfectas de Europa, sino experiencias originales que intentaron articular libertad política en sociedades profundamente desiguales. El problema es que esa desigualdad nunca fue resuelta. La ciudadanía se proclamó universal, pero se practicó de forma selectiva, atravesada por jerarquías de clase, etnia y género.
De ese desequilibrio histórico nacieron repúblicas formalmente representativas, pero sustantivamente oligárquicas. A lo largo del tiempo, pequeñas élites económicas —a menudo vinculadas a intereses externos— lograron capturar el Estado, moldear las instituciones y convertir la representación política en un mecanismo de reproducción del poder. Las elecciones continuaron existiendo, pero la igualdad política quedó vaciada de contenido. No se trató de democracias fallidas, sino de algo más inquietante: democracias compatibles con la dominación de unos pocos.
Mirar la democracia desde la tradición republicana permite entender mejor esta dinámica. Una república no se reduce al acto de votar. Supone la protección efectiva de la libertad frente a la dominación, ya sea ejercida por el Estado o por poderes privados. Para ello, son indispensables el Estado de derecho, la separación de poderes y una administración pública capaz de actuar con autonomía frente a intereses particulares. Cuando la riqueza y el poder se concentran de forma extrema, estas condiciones se erosionan. La desigualdad convierte a muchos ciudadanos en dependientes, vulnerables y, en última instancia, menos libres.
Esta perspectiva también ayuda a reinterpretar el populismo. Lejos de ser una anomalía inexplicable, el populismo suele surgir como respuesta a la experiencia cotidiana de exclusión y abuso producida por regímenes oligárquicos. Cuando las instituciones dejan de representar, cuando la justicia protege sistemáticamente a los poderosos y cuando el crecimiento económico beneficia a unos pocos, la apelación al “pueblo” contra la “élite” se vuelve políticamente eficaz. El problema es que el populismo rara vez resuelve aquello que denuncia. Al concentrar el poder, debilitar los contrapesos y politizar el aparato estatal, termina sustituyendo la dominación de la minoría por la dominación personalista, sin reconstruir la república.
Por eso, la amenaza más profunda no es solo el retroceso democrático entendido como manipulación electoral o restricciones a la prensa, sino lo que podría llamarse un retroceso republicano. Este se manifiesta en la erosión del Estado como institución impersonal, en la confusión entre lo público y lo privado, en la degradación de la burocracia y en el uso discrecional del poder. Estados de excepción normalizados, ataques a los organismos de control o la demolición de capacidades administrativas en nombre de la eficiencia no fortalecen la democracia: la vacían desde dentro.
Frente a este panorama, la historia latinoamericana ofrece también recursos normativos y políticos. Junto a las tradiciones oligárquicas y populistas, existe una corriente de republicanismo plebeyo: indígena, anticolonial, antipatriarcal y radicalmente igualitaria. Movimientos sociales, estallidos populares y procesos constituyentes han buscado, una y otra vez, ampliar la ciudadanía real y someter el poder económico al interés público. No se trata de rechazar las instituciones, sino de democratizarlas; no de personalizar el poder, sino de distribuirlo.
Esta discusión no concierne solo a América Latina. En Europa y otras regiones, el liberalismo democrático ha mostrado una peligrosa complacencia frente a la desigualdad y la tecnocratización. La sacralización de la propiedad privada, la fe ciega en el mérito y la delegación de decisiones políticas en mercados y expertos han debilitado el sentido del bien común. La ciudadanía se ha vuelto pasiva, y la política, gerencial. En ese contexto, no sorprende que crezca el desencanto ni que prosperen soluciones autoritarias.
Recuperar conceptos como república, oligarquía y revolución no es un ejercicio académico nostálgico. Es una forma de nombrar problemas reales que el lenguaje dominante ha ocultado. La democracia no puede sostenerse sin un Estado capaz de proteger derechos frente al poder privado, ni sin una ciudadanía materialmente igual en su capacidad de influir en lo público. Si el debate se limita a condenar el populismo sin interrogar las estructuras oligárquicas que lo alimentan, el diagnóstico seguirá siendo erróneo.
La democracia, entendida en sentido pleno, es una república democratizada: un orden de autogobierno sustentado en la igualdad cívica, la legalidad y la participación efectiva. Defenderla hoy exige algo más que proteger procedimientos electorales. Exige confrontar la concentración de poder y riqueza que, silenciosamente, la corroe. Porque si la democracia está en crisis, no es solo por quienes la desafían desde fuera, sino por quienes la vacían desde dentro.
Nunca antes había existido una desigualdad de ingresos y de riqueza como la actual. Tampoco una concentración de la propiedad tan extrema, ni la élite de los milmillonarios había disfrutado de tanto poder político. Así describe la situación actual el senador estadounidense Bernie Sanders en su prólogo del informeDesigualdad S.A., publicado recientemente por Oxfam. Los datos sobre la concentración de la riqueza y los ingresos son abrumadores, y lo más grave es que esta tendencia se está acentuando. Mientras, la situación laboral de gran parte de las sociedades se está deteriorando con regímenes laborales más intensos, ampliación de las jornadas de trabajo, obstáculos a la sindicalización y rezagos en los salarios frente a beneficios al alza.
El poder del ‘lobby’ empresarial
Nos encontramos ante sistemas económicos que en su mayoría buscan el beneficio de reducidas élites de millonarios. Y en este contexto juega un rol fundamental el entramado de las grandes empresas con los gobiernos y las presiones que ejercen para formular políticas públicas que aseguren o defiendan regulaciones laborales que minimicen las obligaciones de las compañías con los trabajadores.
El informe de Oxfam presentado recientemente en el Foro Económico Mundial afirma que: “Existen vínculos entre el lobby empresarial y las restricciones políticas a la sindicalización y la oposición a las restricciones al trabajo forzoso, la lucha contra los aumentos del salario mínimo, retrocesos en la regulación del trabajo infantil” y reformas que merman los derechos laborales.
Las consecuencias de este entramado son evidentes: una notable concentración en el mundo de las grandes empresas y el avance de los monopolios en las más diversas actividades. Esto sucede, incluso con gran vigor en actividades económicas que hace tres o cuatro décadas apenas estaban en ciernes. Por ejemplo, tres cuartas partes del gasto mundial en publicidad online se destinan hoy a Meta, Alphabet y Amazon, mientras que más del 90% de las búsquedas en internet se realizan por medio de Google.
En otras industrias también avanza esta concentración. Hace 25 años, diez empresas controlaban el 40% del mercado mundial de semillas, mientras que en 2020 solo dos compañías controlan ese mismo porcentaje. En el sector farmacéutico existen 10 gigantes mundiales como resultado de las fusiones y adquisiciones realizadas en las dos décadas previas. Y en la producción y comercialización de cerveza también hay dos o tres empresas globales que concentran la producción, entre las que destaca Anheuser-Busch Inbev, con más de quinientas marcas como Budweiser, Becks, Corona y Stella Artois.
En el sector agropecuario hay también un aumento notable en la concentración y centralización de la producción, sumando la comercialización mundial de productos agrícolas y alimentarios. Se pueden agregar a esta lista los notables cambios en la propiedad entre las grandes firmas automotrices, donde un reducido grupo de compañías con implantación global determina el curso de la industria, incluyendo la transición hacia vehículos eléctricos. El resultado son grandes empresas con capacidad de influir en los precios, con acceso preferente a medios de financiamiento y que deciden sus inversiones con base en reducciones impositivas, costos laborales, apoyos gubernamentales y reglas diversas sobre el comercio. De nuevo, la trama vincula a la economía y la política.
La concentración del mundo de las finanzas
El mundo financiero y las empresas con actividad en el terreno de la banca, los seguros, los fondos de inversión y otras firmas de las finanzas son otro de los sectores con notables niveles de concentración económica. De hecho, esto ha facilitado los procesos de concentración y reorganización que refuerzan el poder de los monopolios en el conjunto de la economía.
Desde hace años destacan en el mercado los fondos de inversión que gestionan recursos privados, que tienen como objetivo alcanzar el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Con base en ello acrecientan sus propias fortunas, establecen reglas para muchas compañías, participan en procesos de fusiones y reorganizan firmas para alcanzar beneficios inmediatos.
En conjunto, los tres grandes, BlackRock, State Street y Vanguard, negociaron en 2022 activos financieros por un monto aproximado a los 20 billones de dólares, que representan casi la quinta parte del total de activos financieros colocados en todo el mundo. Según el informe de Oxfam, la investigación de Boston Consulting Group sugiere que este tipo de concentración del mercado reduce los incentivos para que las empresas compitan y, a su vez, profundiza el poder monopolístico.
Aportes impositivos mínimos
El poder de las grandes empresas se expresa también en la conducta fiscal de los gobiernos. Desde hace años se observa una reducción en el monto relativo de los impuestos empresariales que se aplican en gran cantidad de países. Se trata de una tendencia sostenida que se basa en el argumento de que se trata de medidas necesarias para impulsar la inversión y con ello el crecimiento y el bienestar de la población.
A la fecha, como está ampliamente documentado en informes de las principales agencias financieras y económicas multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OCDE, estas medidas no han generado un crecimiento sostenido ni en las economías avanzadas ni tampoco en gran cantidad de economías en desarrollo, y menos aún han logrado disminuir la desigualdad de ingresos y de riqueza.
En este contexto, América Latina se encuentra frente a una de las décadas con menor crecimiento del PIB en mucho tiempo. Y es que gran parte de las corporaciones no se conforman con la disminución de las tasas impositivas y llevan adelante creativas operaciones de contabilidad para eludir y en otros casos evadir impuestos, reduciendo notablemente sus pagos.
En contraposición, en las décadas recientes ha habido un incremento significativo de los beneficios de gran parte de las grandes firmas que, con medidas de recompra de acciones y términos de reparto de dividendos para accionistas, terminan beneficiando a un reducido grupo de millonarios. Por ejemplo, en el periodo entre julio de 2022 y junio de 2023, por cada cien dólares de beneficios generados en 96 grandes empresas se devolvieron 82 dólares a los accionistas en forma de recompra de acciones o dividendos, según el informe de Oxfam.
El avance del poder de los monopolios y los grandes financistas es constante y no se debe a la simple acción de los mercados. El entramado de relaciones con los gobiernos es parte del problema, como la propia acción del lobby empresarial. Modificar esta realidad es imprescindible para evitar la fractura social y enfrentar problemas tan graves como el cambio climático. Y es que los niveles actuales de desigualdad no están permitiendo un mejor desempeño de muchas economías y están propiciando un notable proceso de descomposición social.
Ante esta compleja realidad, cabe recordar las palabras del expresidente Roosevelt en un mensaje al Congreso de Estados Unidos: “La libertad en una democracia no está asegurada si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta un punto en que sea más fuerte que su propio Estado democrático”.
Un clima de imprevisibilidad inusual rodea el proceso electoral costarricense, desafiando la arraigada estabilidad que por décadas caracterizó su vida política. La repetición de resultados sorpresivos en las últimas tres contiendas presidenciales ha transformado el análisis político en un ejercicio de humildad, donde las encuestas han perdido su papel oracular y cualquier pronóstico debe matizarse con escepticismo.
Este escenario volátil contrasta profundamente con el extraordinario legado institucional del país. Poseedora de una de las democracias más longevas y estables de América Latina, Costa Rica construyó su identidad sobre pilares irrenunciables: la celebración ininterrumpida de elecciones, la alternancia en el poder mediante reglas claras y la histórica decisión de 1948 de abolir el ejército, optando por la supremacía del derecho y la vía civil para resolver conflictos.
En este marco, el actual momento de turbulencia no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una corriente regional. Al igual que en otras naciones latinoamericanas, el populismo ha encontrado terreno fértil en Costa Rica. Los partidos políticos tradicionales, otrora canales esenciales de representación e ideología, han visto su influencia mermada frente al ascenso de figuras personalistas que construyen su poder apelando directamente a las emociones del electorado, a menudo dejando en segundo plano los programas de gobierno estructurados.
La próxima contienda a celebrarse el 1 de febrero, ejemplifica esta nueva complejidad. Un panorama abarrotado de veinte aspirantes presidenciales no se traduce en una competencia reñida. Las mediciones otorgan una amplia ventaja a la candidata del oficialismo, Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano, quien encabeza las intenciones de voto. Muy por detrás aparecen Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, Ariel Robles, del Frente Amplio, Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana, y Fabricio Alvarado, de Nueva República, mientras otras candidaturas languidecen con apoyos estadísticamente irrelevantes.
La explicación de esta hegemonía en las preferencias es multifacética. Responde a una estrategia de comunicación gubernamental permanente y sofisticada, ejecutada con intensidad en redes sociales, que ha logrado transferir una popularidad presidencial inusitada a la candidata oficial. Este impulso se ve potenciado por una ventaja material decisiva: el acceso a recursos que permiten una campaña omnipresente, frente a una oposición mayoritariamente debilitada por una severa escasez de financiamiento.
Dicha oposición, además, adolece de una fragmentación paralizante. La proliferación de veinte candidaturas no es sinónimo de riqueza democrática, sino la evidencia de una dispersión profunda que atomiza el discurso, desorienta a la ciudadanía y, paradójicamente, simplifica la contienda al concentrar la atención real en muy pocos actores. La incapacidad crónica para tender puentes y construir alianzas programáticas consolida este panorama, operando como un factor objetivo que favorece al candidato que llega con el respaldo unificado de la maquinaria estatal.
Lo que se juega en estas elecciones trasciende con creces la mera designación de personas para cargos públicos. El desenlace podría reconfigurar el paisaje político e institucional del país para las próximas décadas, abriendo la puerta a reformas sustanciales del Estado, modificaciones al sistema político e, incluso, la posibilidad de un proceso constituyente, todo ello determinado por la correlación de fuerzas que emerja de las urnas.
En este marco, la batalla por la Asamblea Legislativa adquiere una importancia crítica. Aunque tradicionalmente difícil de pronosticar, todo apunta a una redistribución significativa de escaños: el oficialismo emerge con posibilidades concretas de ampliar su bancada de manera sustantiva, y la izquierda muestra signos de crecimiento, mientras el centro y la derecha tradicionales enfrentan un panorama contractivo. La conquista de una mayoría legislativa, ya sea en solitario o mediante coaliciones, dotaría al próximo gobierno de un poder transformador capaz de alterar el equilibrio institucional vigente.
Estas dinámicas han llevado a analistas a establecer comparaciones prudentes, nunca equivalentes, con coyunturas previas en países como Venezuela, Nicaragua o El Salvador. La atención se centra en patrones comunes: legitimidad de origen popular mayoritario, erosión de los partidos establecidos, oposición desarticulada y una potencial concentración progresiva del poder en el ejecutivo, procesos que en otros contextos también comenzaron con amplios mandatos electorales y dentro de la formalidad jurídica.
Sin embargo, atribuir un resultado definitivo a estas tendencias sería prematuro. La reciente historia electoral costarricense es un recordatorio constante de los límites de la predicción. Las encuestas y lecturas en redes sociales, delínean contornos, no destinos, y un segmento considerable del electorado reserva su decisión para el mismo día de la votación, preservando así un margen esencial de sorpresa.
Costa Rica se aproxima a un momento definitorio donde la solidez de su tradición democrática será puesta a prueba por las fuerzas de la fragmentación y la incertidumbre. El proceso electoral no solo decidirá quién ocupará los cargos de poder, sino que calibrará la salud misma de su sistema político.
El verdadero triunfo, en este contexto, no será solo para el candidato que alcance la mayoría, sino para la capacidad colectiva de la nación de navegar este período de transición preservando los pilares de equilibrio institucional, diálogo civil y respeto a las normas que por más de setenta años han garantizado su estabilidad y paz social. El desafío consiste, en última instancia, en renovar el contrato democrático sin fracturar sus cimientos.
Si esta colaboración con Latinoamérica21 tuviera un subtítulo, sin duda sería: “Cómo gobernar sin crecimiento económico”. El crecimiento del 0,3 % registrado en México en 2025 marca el punto de partida del año 2026, en el que los pronósticos más optimistas anticipan un crecimiento bajo y frágil, lo que podría acentuar los problemas económicos, políticos e institucionales.
No será un año fácil. Además del pronóstico de crecimiento, está pendiente la renegociación del T-MEC, en la que el gobierno estadounidense buscará un reequilibrio de la balanza comercial, hasta ahora favorable a México. Esto podría traducirse en una disminución de las exportaciones debido al aumento de los aranceles estadounidenses. El secretario de Economía mexicano ha señalado que México hará lo mismo, pero con un efecto proporcional al tamaño de ambas economías.
Ese desequilibrio no se explica únicamente por factores externos, sino también por la persistente mediocridad del crecimiento, dado que el gobierno mexicano ha sido incapaz —por razones asociadas al proyecto populista— de absorber fiscalmente la informalidad, aumentar la productividad y, de esa manera, sostener la movilidad social.
Se dice que cuando una economía no crece lo suficiente, la política se vuelve distributiva y no transformadora. Es decir, el gobierno administra la escasez porque no genera riqueza, lo que se refleja en una baja recaudación estructural, un alto gasto social a través de programas sociales y una débil inversión pública productiva.
Este cóctel explosivo genera un dilema político de primer orden: el gobierno tiene que optar entre una reforma del sistema fiscal —que conlleva un alto costo político— o continuar financiando su proyecto político vía un mayor endeudamiento, recortes del gasto público o un paulatino debilitamiento institucional.
Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa de México habría aumentado de manera considerable, pasando de aproximadamente nueve a diecisiete billones de dólares. Este incremento exige recurrir a un mayor endeudamiento para cubrir esa deuda, sin que exista un respaldo estructural sólido que lo sostenga a largo plazo.
El presupuesto de egresos para 2026, por ejemplo, prevé una contratación de deuda de más de un billón de dólares. De mantenerse esta tendencia en los años siguientes, el problema económico se agravaría considerablemente. A ello se sumaría un problema adicional de legitimidad política, ya que, ante la falta de resultados tangibles del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno buscaría sostener su legitimidad mediante una narrativa moral, la polarización social y la construcción constante de enemigos internos y externos.
Por eso, quizá, el principal desafío del gobierno sea sostener la legitimidad sin resultados económicos claros, lo que inevitablemente se traduce en una escasa tolerancia a la crítica, una menor disposición a aceptar el pluralismo y cada vez un mayor uso del aparato estatal como herramienta política.
Y esto ya está en marcha con la captura de la Suprema Corte de Justicia y la reciente designación de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, que, a solo unos días de asumir el cargo, abrió expedientes contra personajes políticos opositores y críticos al proyecto morenista bajo el argumento de la corrupción.
Así, de consolidarse el pronóstico económico para 2026, es altamente probable una mayor centralización del poder y un debilitamiento de los contrapesos institucionales y mediáticos. No es una dinámica novedosa: el manejo político de las crisis suele indicar que, cuando un gobierno no puede repartir prosperidad, opta por repartir control.
Este reparto del control probablemente no implique una ruptura institucional, sino recortes mayores en los presupuestos públicos, el mantenimiento de autonomías erosionadas, la judicialización selectiva y una regulación discrecional. De ocurrir, afectará sin lugar a dudas la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas, quienes desde hace algún tiempo toman con cautela sus decisiones de inversión y reinversión ante el sesgo de un poder judicial notoriamente partidizado.
Esto derivaría en una suerte de silogismo: a mayor incertidumbre institucional, menor inversión; a menor inversión, menor crecimiento; y a menor crecimiento, mayor presión sobre las instituciones del Estado mexicano.
Ante este escenario complicado, las alternativas no parecen muy promisorias. El año 2026 es políticamente importante, ya que en el siguiente estará en juego la integración de la Cámara de Diputados y dieciséis estados de la federación. Esto exigirá un flujo de dinero público y una reducción de los niveles de tensión vividos en 2025, cuando sectores importantes de la sociedad mexicana se manifestaron ruidosamente y se registraron reacciones de baja tolerancia hacia esta oposición social variopinta. Por ello, algunos analistas pronostican elecciones altamente competitivas y difíciles en muchas regiones, debido al activismo desbordado de grupos del crimen organizado.
Además, los márgenes de actuación de los operadores políticos del gobierno son muy estrechos, lo que genera una tensión que se multiplica exponencialmente en las redes sociales y afecta a las clientelas políticas del morenismo.
No menos importante es el desplazamiento hacia la derecha del electorado, que se observa aceleradamente en varios países latinoamericanos y amenaza con continuar en Brasil y Colombia, donde se celebrarán elecciones en 2026. Cabe destacar el efecto psicológico que esto ya ha tenido en el comportamiento electoral, como se vio en Argentina y Honduras, y que podría impactar en un electorado muy preocupado por la crisis económica y la violencia del crimen organizado.
En definitiva, las posibles salidas dependen de la voluntad —mayor o menor— de implementar una reforma económica e institucional profunda, que podría implicar un paso atrás del Poder Judicial, o de persistir en la administración de la escasez y continuar en la deriva de un mayor control político.
Desde la perspectiva de quien escribe, y con base en las decisiones tomadas en los últimos meses, sobre todo por la postura que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido en los casos de Venezuela y Honduras —y también por las posiciones adoptadas en países donde el “progresismo” ha sido derrotado—, se puede inferir que las decisiones que se tomarán en Palacio Nacional estarán más guiadas por la ideología que por consideraciones estructurales. Es decir, se continuará gobernando sin crecimiento económico. Y eso ya lo han notado los operadores de la Casa Blanca, que presionan a México día tras día.
