Desde 2018, América Latina vive lo que el investigador Daniel Zovatto denomina un «superciclo» electoral, en el que se celebra un elevado número de elecciones, ya sean locales o generales. Este intenso calendario se desarrolla en un contexto convulso en términos de estabilidad democrática. Las protestas contra los gobiernos de tendencia autocrática y el descontento con la democracia y las instituciones se reflejan en las calles y la situación no muestra signos de recuperación. Es en este escenario que la observación electoral muestra su importancia.
La función de las misiones de observación es realizar una recopilación detallada de información sobre las elecciones tanto durante el periodo preelectoral (la precampaña o la campaña propiamente dicha), como durante y después de las elecciones. Con esta información, es posible aumentar la transparencia del proceso electoral, preparar material de consulta especializado con sugerencias de mejora, lo que, a su vez, aumenta la legitimidad de los resultados. De este modo, la sociedad se ve involucrada en temas complejos o que están siendo rechazados debido a ciertos discursos que han surgido en los últimos tiempos, como es el caso de las elecciones.
La neutralidad de los observadores
Sin embargo, la labor de observación debe ser silenciosa y sin causar interferencia en ningún proceso relacionado con las elecciones. No es una práctica llevada a cabo por las autoridades electorales, ni consiste en el control de los aspectos electorales, función reservada a otros actores políticos y sociales. La observación electoral debe realizarse en base a unos criterios preestablecidos, con una metodología propia de recogida y evaluación de datos y que culmine en un estudio técnico (preferiblemente público) al final del trabajo.
En América Latina, hemos tenido una verdadera profusión de misiones de observación electoral desde la década de 2000. Algunos países de la región se sumaron a esta práctica hace décadas. Es el caso de Colombia y Bolivia, donde, según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), hay 14 y 18 misiones internacionales, respectivamente. Sin embargo, ha sido a partir de este nuevo siglo cuando muchos otros países se han sumado, especialmente en los últimos 10 años, cuando los países que antes se resistían a esta práctica decidieron permitir la realización de misiones en sus territorios. Es el caso de Estados Unidos y Brasil, que tienen exactamente dos misiones en la OEA.
Existen razones de esta «resistencia» por parte de algunos Estados latinoamericanos. Desde la tercera ola de redemocratización de los años ochenta, había muchas esperanzas en el continente sobre la democracia y su permanencia definitiva. Al fin y al cabo, varios países estaban saliendo de regímenes militares dictatoriales y ya no querían seguir ese camino. La adhesión a la democracia era alta, como indicaban los datos del Latinobarómetro de la época. El informe de 1997, indicaba un apoyo a la democracia del 63%, el punto más alto de la serie.
Ante este panorama, los países no se preocuparon demasiado por mantener intacta la democracia porque entendieron que la adhesión a la misma, la celebración de elecciones periódicas y el sufragio universal eran ya estrategias suficientes para mantener este apoyo en porcentajes elevados. Así, ¿por qué preocuparse de buscar formas de legitimar procesos electorales que, hasta entonces, ya parecían gozar de este estatus?
La integridad de los procesos electorales
Esta comprensión, incluso limitada, de la observación electoral llevó a varios gobiernos a juzgar simplemente que la práctica no era necesaria, quizá con una actitud un tanto altiva. Había una confusión entre tener un calendario electoral periódico con voto universal y la integridad de esos procesos electorales. Para que una elección se considere íntegra, hace falta mucho más que votar. Además, ningún proceso, electoral o de otro tipo, está permanentemente exento de revisión y mejora, algo que también han pasado un poco por alto los líderes políticos de la región.
Sin embargo, con el creciente descontento social hacia los gobiernos, aumentó la presión sobre los procedimientos electorales debido a los rumbos que comenzó a tomar la política latinoamericana, llevando, en algunos casos, a la impugnación tanto de las elecciones como de las autoridades responsables de su organización y administración. Los diversos intentos de los actores políticos por burlar las reglas del juego, unidos a la desesperanza de las sociedades latinoamericanas, condujeron a una situación preocupante que puede haber llevado a algunos países a ver la observación electoral como un medio para contener el daño ya hecho y comenzar a recuperar sus sistemas políticos en términos de integridad.
La importancia de la observación también se refleja en quienes la llevan a cabo. Hay misiones nacionales e internacionales que recorren el continente para supervisar las elecciones y recoger datos, formando una red de colaboración internacional destinada a fortalecer las democracias latinoamericanas. En este sentido, cabe mencionar el Acuerdo de Lima, una red de observación e integridad electoral formada por organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el año 2000 y cuyo principal interés es contribuir a la transparencia, legitimidad, legalidad e igualdad en los procesos electorales.
Dado lo anterior y el panorama actual, es necesario ampliar la práctica de la observación electoral en América Latina, fortaleciendo a sus agentes e ilustrando a los ciudadanos e instituciones sobre sus aspectos y funciones. Es necesario preocuparse más por la integridad electoral para restablecer el apoyo a la democracia y, para ello, la observación electoral tanto nacional como internacional puede ser de gran valor.
Autor
Doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Univ. de Salamanca. Postdoctorado en la Univ. Externado (Colombia) y en la Pontifícia Univ. Católica do Paraná - PUCPR (Brasil). Coordinadora general de la organización Transparencia Electoral Brasil.
