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Una región, todas las voces

Cilia Flores: la primera dama combatiente

Por
Carolina Guerrero Valencia   |   Carolina Barry
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Las noticias sobre la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano se centraron en Nicolás Maduro, cuya acusación y detención ya aparecían como un desenlace previsible. Sin embargo, la detención de su esposa, Cilia Flores, acusada de manera individual, como responsable directa y con agencia propia, introdujo un elemento distintivo en el operativo. El rol de la primera dama suele presentarse como una función meramente simbólica. No obstante, la historia política latinoamericana muestra que ese espacio ha sido, en muchos casos, un terreno clave para la acumulación de poder. Desde el antecedente emblemático de Eva Perón, cuya gravitación dio lugar a una dinámica inédita de liderazgo dual junto al presidente argentino, la figura, y a menudo la personalidad, de la primera dama, ha sabido reinventarse y adaptarse en distintos contextos tanto democráticos como dictatoriales.

Hoy, las primeras damas continúan desempeñando diversos papeles en los gobiernos. Algunas se limitan a tareas protocolares; otras asumen un perfil social; y no pocas participan activamente en la promoción de políticas públicas alineadas con la agenda oficial, construyendo influencia y capital político propios. Varias de ellas han optado luego por postularse a cargos de elección popular, incluso llegando a ocupar la presidencia, como ocurrió en Argentina y Honduras.

Cilia Flores encaja plenamente en este grupo de primeras damas influyentes caracterizado por un liderazgo dual. Ella contaba con una sólida experiencia política previa; es decir, su protagonismo no comenzó con la llegada de su esposo al poder. Abogada y dirigente histórica del chavismo, Flores ocupó cargos centrales en el Estado venezolano: fue diputada de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, procuradora general de la República entre 2012 y 2013 y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. También fue la encargada de tomar juramento a Hugo Chávez como presidente. Diversos analistas sostienen que, desde esas posiciones y como primera dama, ejerció una influencia significativa sobre la administración pública y el sistema judicial, particularmente en los procesos de designación de jueces y fiscales, lo que contribuyó a consolidar las lealtades internas del chavismo y a debilitar la independencia del Poder Judicial.

Con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, Cilia adoptó el título de “primera combatiente”. La denominación no fue un detalle menor. Por un lado, reforzó el lenguaje y la épica de la revolución bolivariana; por otro, evitó el uso del término “primera dama”, ya que en ese momento la pareja no estaba formalmente casada. Al mismo tiempo, el concepto dialoga con una tradición regional de primeras damas que buscaron resignificar su rol político, como Eva Perón conocida bajo diversas denominaciones, entre ellas, “la primera trabajadora”, “eterna vigía de la Revolución”, o “escudo de Perón” o Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió ser llamada “primera ciudadana”.

El caso de Cilia Flores tampoco constituye una excepción dentro de un fenómeno regional más amplio. En América Latina, varias primeras damas han sido investigadas o procesadas judicialmente por causas de corrupción y delitos financieros en regímenes democráticos. El antecedente más reciente es el de Nadine Heredia, primera dama de Perú entre 2011 y 2016, condenada a 15 años de prisión y actualmente asilada en Brasil. A ello se suman casos en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde esposas de presidentes fueron acusadas de financiamiento ilegal de campañas, lavado de dinero o uso indebido de fondos públicos.

En 2015, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detuvo a dos sobrinos de Flores por delitos vinculados al narcotráfico en un caso que marcó un punto de inflexión en su exposición pública. Desde entonces, ella reforzó un perfil público más  bajo, con énfasis en lo tradicional y familiar, visible en su programa televisivo Con Cilia en familia, emitido por la televisión estatal. Flores ha sido objeto de sanciones por parte de varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Panamá y Colombia, que la han vinculado con la erosión de la democracia y redes de corrupción en Venezuela y lo que se tradujo en restricciones de ingreso y congelamiento de bienes para ella y para integrantes de su círculo familiar.

A pesar de ese aislamiento internacional, Flores siguió desempeñando un fuerte rol institucional e influyente dentro del régimen hasta principios de 2026, cuando el 3 de enero fue detenida en Caracas, junto a Maduro, durante una operación de las fuerzas estadounidenses. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos vinculados al narcotráfico ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, lo que puso en la mira no solo su trayectoria personal sino también las estructuras de poder que representó dentro de la dictadura venezolana. Ella formaba parte de un círculo estrechamente ligado al núcleo del régimen, donde su voz y su cercanía con Nicolás Maduro moldearon durante años las dinámicas internas y las políticas públicas.

La detención de Cilia Flores vuelve a colocar en el centro de la escena un cargo institucionalmente opaco en los gobiernos presidencialistas: la figura de la primera dama, cuyo margen de acción y de corrupción se amplifican en contextos autoritarios, como también ocurrió con Lucía Hiriart de Pinochet en Chile. Pero, que también afecta a las democracias, ya que se trata de un rol sin definición legal precisa, sin controles administrativos claros ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Esa ambigüedad institucional ha permitido que, en distintos países y regímenes, esposas de presidentes acumulen influencia y capacidad de intervención al margen de las estructuras formales del Estado, lo que ha habilitado que algunas primeras damas ejerzan poder real, con alta visibilidad y gravitación política, pero sin responsabilidades institucionales. Mientras ese vacío persista, la primera dama seguirá siendo una figura tan influyente como estructuralmente controversial dentro de la administración pública.

América Latina frente a la nueva fiebre minera: extracción y disputa global

Por
Héctor López Terán
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Desde los años noventa, la minería en América Latina dejó de ser una actividad económica más. Se convirtió en un dispositivo de reorganización territorial, ecológica y política. Bajo el discurso del desarrollo y la modernización, la expansión de la frontera extractiva alteró las bases mismas sobre las que se sostiene la vida y la soberanía en la región.

El primer impacto recayó sobre la naturaleza. La minería a gran escala —predominantemente a cielo abierto— no solo transforma ecosistemas: los vuelve sacrificables. Ríos contaminados, bosques fragmentados y montañas perforadas son la expresión visible de un proceso más profundo: la conversión de territorios vivos en espacios de extracción intensiva. Pero el daño no se limita al plano ambiental. Junto con la devastación ecológica avanza el despojo de comunidades cuya relación con la naturaleza no es utilitaria ni mercantil, sino parte constitutiva de su forma de vida.

El segundo eje de esta herida abierta es la especialización productiva impuesta a los países latinoamericanos. Aunque la minería tiene una matriz colonial, su consolidación reciente responde a dinámicas propias del capitalismo contemporáneo financiarizados: ciclos de alza de precios, cambios tecnológicos, transformaciones en la organización productiva y energética y predominio financiero. En otras palabras, al metabolismo mismo del capital. América Latina no eligió este lugar en la economía mundial: fue integrada como proveedora estratégica de minerales para sostener la acumulación global de las economías centrales y emergentes.

Este proceso no fue accidental ni resultado de decisiones aisladas. Forma parte del funcionamiento estructural del capitalismo dependiente. Desde los años noventa, la naturaleza fue “flexibilizada” para convertirse no solo en fuente de ganancias productivas, sino también financieras. Bajo la batuta de las grandes corporaciones extractivas, la llamada modernización minera ocultó una apertura profunda: la pérdida de soberanía sobre los recursos y la subordinación de los intereses nacionales al mandato del capital privado nacional, pero, sobre todo, transnacional.

Mientras las empresas mineras exhibían ganancias visibles, en las sombras operaba un segundo circuito de apropiación. Accionistas, fondos de inversión y bancos globales extraían valor sin tocar el territorio. La riqueza natural dejó de ser solo un recurso físico: se transformó en una promesa financiera, negociada en bolsas de valores y mercados de futuros, lejos de las comunidades afectadas por la extracción. Así, la minería no solo generó excedentes productivos, sino también rentas financieras transferidas a los centros de poder económico mundial.

Hoy, esta dinámica se reactiva bajo nuevas formas. La disputa hegemónica entre Estados Unidos y China coloca nuevamente a América Latina en el centro del tablero global. La llamada “transición energética” y el nuevo ciclo tecnológico caracterizado por la digitalización convierten a los minerales estratégicos en piezas clave para la industria, la seguridad nacional y el liderazgo tecnológico. El resultado no es nuevo: se reciclan los mecanismos históricos de despojo, ahora legitimados por un lenguaje verde y tecnológico, mientras se profundizan las brechas de desigualdad económica y ecológica.

Frente a este escenario, la gestión de los recursos naturales se vuelve una cuestión decisiva. No puede pensarse únicamente en clave nacional, sino regional. América Latina posee un margen de maniobra real: sin sus minerales, gran parte del ciclo de vida de las tecnologías contemporáneas simplemente no es viable. Sin embargo, ese margen no se activará de forma automática. Requiere acción política coordinada, regulación común y límites claros al poder financiero que domina hoy los mercados extractivos.

Una estrategia regional permitiría captar rentas extraordinarias, frenar la disipación de la riqueza en los circuitos globales y orientar los excedentes hacia la transformación de las matrices productivas. La diversidad mineral de la región es una ventaja estratégica: cada país puede aportar un eslabón de la cadena de valor y construir fuerza colectiva frente al capital extractivo. Sin coordinación, esa riqueza se convierte en vulnerabilidad; con ella, puede transformarse en capacidad de negociación.

Pero ninguna alternativa será viable si se ignora a quienes están en la primera línea del conflicto. Las comunidades, expresión viva de una sociedad plural y diversa, enfrentan las consecuencias irreversibles de la minería intensiva, tanto industrial como artesanal. Reconocer sus formas de vida y su relación con la naturaleza no es un gesto simbólico, sino una condición básica para imaginar salidas al enfrentamiento extractivo. Sin un Estado que defienda los territorios como parte de una política soberana, el capital transnacional actúa con la libertad —y la violencia— que le garantiza la impunidad.

Lo que está en juego no es solo un modelo económico. Es la capacidad de decidir el futuro de la región. Persistir en el patrón primario-exportador implica profundizar la dependencia y acelerar la devastación ecológica. Más allá de los minerales, América Latina se enfrenta a una disyuntiva histórica: seguir siendo proveedora de materias primas o construir un camino propio que priorice la vida, la autonomía y las necesidades de sus pueblos.

Porque, en última instancia, no se trata únicamente de extraer recursos. Se trata de decidir quién decide el destino de los territorios y de quienes los habitan.

La politización del malestar

Por
Diego M. Raus
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Los enfoques que explican la política latinoamericana a partir de cambios cíclicos —de la socialdemocracia al neoliberalismo, del populismo al liberalismo, de la izquierda a la derecha— y que analizan, como variable independiente, a los gobiernos y movimientos que encarnan esos polos suelen pasar por alto una cuestión sociológica central. Esta consiste en comprender el estado de ánimo de las sociedades —individuos, grupos, clases e instituciones— que, mediante la variación de sus votos, hacen posible la emergencia de esos gobiernos.

Desde mediados de los años noventa, la politología occidental, y en particular la latinoamericana, puso el foco para explicar esos cambios políticos relativamente abruptos en lo que durante años fue la principal clave conceptual de la disciplina: la crisis de la representación política. En consecuencia, los análisis se concentraron en el funcionamiento de los sistemas políticos —partidos, gobiernos y sistemas electorales— y en cómo reconfigurarlos para hacerlos más predecibles y estables. Sin embargo, no se advirtió con suficiente claridad que el problema no residía en las posibles soluciones, sino en un diagnóstico insuficiente: la crisis de la representación política avanzaba porque se estaba desestructurando de manera crítica la matriz societal llamada a ser representada. En otras palabras, si la política constituía una de las variables de análisis, faltaba considerar la otra: la sociedad.

Los giros contemporáneos de la política latinoamericana son más pronunciados y abruptos que en otras regiones del mundo. Se pasa de gobiernos de derecha a experiencias de izquierda, y de socialismos autoproclamados revolucionarios a derechas extremas articuladas en torno a la batalla cultural. Tal vez sean estas últimas las que han concitado mayor atención, dado que revoluciones de izquierda y gobiernos “revolucionarios” han existido a lo largo de la historia contemporánea de la región. Las derechas extremas, en cambio, habían aparecido hasta ahora casi exclusivamente bajo la forma de los antiguos golpes militares.

¿Qué trae a estas derechas extremas?

¿Por qué se eligen gobiernos de derecha cuyos programas buscan desmontar —bajo la amenaza de la batalla cultural— todo lo instituido en términos de valores, derechos, nuevos derechos e igualdades? ¿De dónde surgen los Bolsonaro, Milei, Bukele, Kast, Noboa y los que esperan en el “banco” como la vertiente uribista recargada en Colombia o el fujimorismo en Perú? ¿Cómo pueden enarbolar programas reactivos y/o reaccionarios tras décadas de conquistas políticas que mejoraron las condiciones de vida en la región?

Una primera idea es que supieron instrumentalizar el malestar social. Estos movimientos dieron formato político a amplias franjas sociales hundidas en la precariedad, la falta de horizontes, la inseguridad de los barrios, la desconfianza institucional, la falta de expectativas y la descreencia más absoluta en el Estado. No se trata solo únicamente de lo económico, sino de la falta de esperanza en un futuro mejor. Es lo que el sociólogo francés Émile Durkheim acuñó en el siglo XIX como anomia. Con él se refería a un estado social marcado por el desencanto y la dificultad de vivir el presente, debido al peso de las expectativas sobre el futuro. Este estado se manifiesta como desgano y como una pérdida de la confianza en uno mismo.

Grandísimas franjas sociales a lo largo y ancho de la región viven quizás en ese estado anómico. No se trata únicamente de indicadores como el desempleo, informalidad o pobreza que miden instituciones como la CEPAL. Se trata de la reproducción y ampliación de esas situaciones, la sensación personal y social de que no hay pertenencia, no hay motivos, no hay posibilidades. Es esta precariedad la que nos lleva a conductas anárquicas, regresivas, dañinas. La inseguridad no es solo el miedo al delito, es la falta de confianza en las posibilidades de una vida mejor.

Por ello, junto con el análisis político de la superestructura, resulta imprescindible incorporar este escenario social. Al articularlo con la política, es necesario pensar que la “virtud” de las nuevas derechas extremas en la región ha sido su capacidad para politizar ese malestar. Han logrado integrarlo en un proyecto que propone refundar —de manera violenta, si es necesario— todo lo que hasta ahora ha sido establecido y aceptado normativamente, bajo la premisa de que esa institucionalidad solo beneficia a quienes “pertenecen”. En este marco, se sostiene además la idea de que quienes sí pertenecen lo hacen a partir de la desposesión de aquellos que quedan al margen.

Esta nueva forma del malestar social encontró, y fortaleció, una nueva política: la derecha reaccionaria. En su extremo lo que se denomina la derecha NRx.

A partir de aquí, la clave es definir cuál sería la oposición a esta nueva hegemonía política. ¿Puede serlo una izquierda que apele al tradicional, y por supuesto valioso, imperativo de la justicia y la igualdad social? ¿O debería ser una izquierda que a ello sume la cuestión de género, del medio ambiente, de la sexualidad? Pareciera que no, al menos eso indican los resultados de las últimas elecciones en la región.

Por lo tanto, da la sensación de que la llamada izquierda y/o progresismo político debe refundar sus ideas y agenda política. Se deben interpelar las formas, codificaciones y humores del malestar social contemporáneo para generar expectativas de futuro. Para que las nuevas generaciones -quizás la llamada Generación Z- encuentren el camino que entienden se les niega, no sirven programas políticos pensados y escritos por líderes de otra época.

Venezuela y el orden mundial

Por
Pablo Ospina Peralta
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Mientras George W. Bush hizo repetidas genuflexiones intentando inventar razones medianamente aceptables o compatibles con las leyes internacionales que justificaran la invasión a Irak o a Afganistán, Donald Trump ni siquiera amagó el gesto. Es una diferencia. Pero no creo que califique para marcar la distinción entre un orden mundial y otro. El orden mundial, desde que hay orden y cuando hay orden, siempre ha sido el orden del más fuerte. La legalidad internacional siempre ha oficiado como una excusa más o menos ignorable.

Eso no significa que la fuerza pueda darse el lujo de prescindir de legitimaciones. Todo poder las requiere, incluso el más despótico. El régimen venezolano ofreció sobradas razones para hacerse odiar por el mundo y sus vecinos. Es un régimen abyecto que, sin embargo, no es el más abyecto que se haya enfrentado al poder imperial. Los talibanes en Afganistán eran bastante peores. Saddam Hussein era un criminal bastante más peligroso y despreciable que Nicolás Maduro. A mis ojos, ni siquiera en esos casos extremos se justifican las operaciones policiales norteamericanas, porque aceptar su rol de policía mundial significa someternos a los caprichos del juicio de los políticos norteamericanos sobre quién merece y quién no merece justicia.

Los kurdos la merecen contra Saddam y contra Isis, pero los palestinos no la merecen contra Israel, otro conocido ejemplo de un país que jamás invoca ninguna legalidad para justificar sus operaciones policiales o abiertamente genocidas. Experimentos sociales éticamente defendibles como el Chile de Allende o el sandinismo de la primera época, merecieron la felonía y la traición sin la menor consideración por ninguna ley internacional. Estamos lejos de un orden mundial aceptable. Lo central, por supuesto, no es lo que yo opine, sino que el régimen venezolano estaba suficientemente desprestigiado mundialmente como para oficiar de paraguas moral a una intervención que también usó la excusa del narcotráfico, aunque no hubiese demasiadas pruebas defendibles para incriminar a los acusados. Toda fuerza se atiene a un cierto consenso imprescindible.

Por eso a Donald Trump le resulta incomparablemente más difícil hacer una operación policial en Groenlandia que en Venezuela. Tiene la misma fuerza y el mismo interés geopolítico. Carece de un mínimo umbral de legitimidad. Este tipo de límites siempre existió en el orden mundial del más fuerte. Lo realmente nuevo para el orden mundial, es la doctrina de que cada potencia tiene derecho irrestricto a sus áreas de influencia, que Europa tiene que arreglárselas por sí misma, que Ucrania no es responsabilidad de Estados Unidos, que Venezuela no puede decidir convertirse en punta de proa de la influencia china, rusa o iraní en el hemisferio occidental. El patio trasero, “our backyard”, fue explícitamente invocado por Marco Rubio. ¿Significa esto, realmente, que Estados Unidos está renunciando a su hegemonía mundial para aceptar una hegemonía hemisférica desde la que podría negociar con otras potencias regionales de peso equivalente?

No sabemos si este cambio, que, de confirmarse, es incomparablemente más importante que el desprecio a una excusa deleznable, sea una política permanente, más allá de Donald Trump. También sabemos que, como siempre, estas políticas son el resultado agregado de balances de influencia y poder de distintas corrientes de opinión y diversos intereses dentro de la política norteamericana. Y éste es un cambio mayúsculo que exige un realineamiento de fuerzas muy poderosas. A John Bolton le resultó inaceptable tener que lidiar con el aislacionismo que traía consigo naturalmente el carácter de Trump. Al parecer, J.D. Vance es el portaestandarte de la corriente anti-intervencionista, mientras Marco Rubio parece que quisiera llevar la doctrina del monopolio de la fuerza en el hemisferio occidental hasta sus límites conocidos, es decir, hasta Cuba y Nicaragua.

Bolton sería la expresión de una línea neo-conservadora que, hasta donde se puede entender, es mayoritaria entre los especialistas de política exterior, centrada en debatir diversas opciones destinadas a mantener la hegemonía mundial norteamericana contra las amenazas de China y Rusia. Bolton considera ilusa la estrategia de Trump de acercarse a Putin para alejarlo de China, en algo así como la re-edición de la estrategia de Nixon con Mao en 1973. Su opción es llevar la intervención en Venezuela, y en Irán, hasta su conclusión lógica en el cambio de régimen.

Más allá de los personajes visibles y las especulaciones, lo central serán los diversos intereses de los distintos actores colectivos detrás de cada uno de estos personajes. Lo que podemos decir, a ciencia cierta, es que el aislacionismo original de la doctrina MAGA se ha transfigurado en la política de configurar una completa soberanía hemisférica imperial que vuelve a poner a América Latina en el centro de la estrategia norteamericana, por primera vez desde la caída de las torres gemelas. Que sea estable o que vaya a triunfar dentro del paralelogramo de fuerzas de la política norteamericana, no lo sabemos.

¿Es un nuevo orden mundial? Los gritos de dolor que escuchamos por doquier quizá sean dolores de parto. O quizá son las tradicionales víctimas del viejo orden que sigue sin dar su brazo a torcer.

COP30: promesas, mentiras y esperanzas

Por
Leonardo Stanley
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Uno de los puntos más controversiales de los encuentros que aglutina a la comunidad internacional en la conferencia climática recientemente finalizada, la conferencia de las partes (COP), se centra en la discusión acerca de la necesidad de dejar atrás el petróleo y demás combustibles fósiles, avanzar con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aun cuando el carácter determinante de los fósiles en el calentamiento global se halle científicamente comprobado, numerosas delegaciones siguen bloqueando cualquier esbozo de declaración que marque el fin de la era del petróleo.

Este tipo de iniciativas no resulta novedoso, recordemos que la temática, aunque ausente del Acuerdo de París 2015, fue tibiamente abordada en Dubái (COP28). Pero la necesidad de comenzar a dejar el petróleo, sí comienza a ser impulsada por diversas iniciativas surgidas a lo largo de los últimos años: prohibiciones, moratorias u otro tipo de propuestas que buscan terminar con la explotación de los combustibles fósiles. Algunas de estas propuestas son: el colectivo por “dejar el petróleo en el subsuelo” (LINGO), la “Alianza más allá del petróleo y el gas” (BOGA) y la propuesta de avanzar hacia un “Tratado de no–proliferación” en materia de explotación petrolera.

El presupuesto de carbono restante para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5Cº  es de 130 GigaToneladas (Gt, miles de millones de toneladas)  de CO2, cifra que resulta ampliamente superada por los diversos proyectos de producción actualmente en marcha, las denominadas “bombas de carbono”. Según datos recopilados por LINGO, de concretarse estos nuevos proyectos las emisiones alcanzarían los 1.400 Gt de CO2, lo cual expone al planeta ante un verdadero colapso climático. Mientras tanto, la industria sigue proponiendo alternativas de captura y almacenamiento y otras tecnologías de dudosa reputación, todo para seguir adelante con sus negocios.

Los continuos desastres naturales evidencian que el problema ya esta entre nosotros. Las catástrofes imponen fuertes costos al tiempo que las víctimas fatales aumentan año tras año. Esta situación comienza a presionar a los gobiernos, tanto en lo fiscal (inversiones en adaptación, costos de reconstrucción) pero también en la necesidad de políticas de largo plazo para mitigación. A esto se suman los riesgos asociados a los activos sujetos a la pérdida de valor ante la aceleración de la transición. Y es que para avanzar en la reducción de los riesgos se debe avanzar la transición, pero ello implica acrecentar la posibilidad de fuertes pérdidas patrimoniales para la industria petrolera y asociadas.

Durante la COP30, Colombia lanzó la iniciativa de Belém, una iniciativa que aboga por “trabajar colectivamente hacia una transición justa, ordenada y equitativa para abandonar los combustibles fósiles, alineada con los caminos consistentes en limitar el aumento global de la temperatura a 1,5Cº”. En la mencionada cumbre, 88 países decidieron unirse para avanzar con lo acordado en Dubái. Aunque importante, dicha propuesta fue confrontada por las delegaciones de Arabia Saudita e India, postura que recibiría el apoyo de varios otros países productores.

A ello se suma el cabildeo de la industria petrolera que, en números récords -más de 1,600 representantes- participó del evento, a diferencia de los 2,500 indígenas que se acercaron a la COP y a quienes les fue vetado el acceso a las deliberaciones. También destacaron los financistas promocionando los mercados de carbono, promesas de transformación que terminan eludiendo las soluciones, pero aumentando la rentabilidad de los inversores. Para los militantes ambientales y organizaciones no gubernamentales, la ciudad de Belém fue testigo de una nueva farsa, para la comunidad académica una COP fuera de la realidad del planeta.

 Amén de sumarse al reclamo por una hoja de ruta por parte de los países insulares y otros no productores, también adhirieron varios países productores como Colombia, Gran Bretaña y Nigeria. Y pese a la presión ejercida por el lobby petrolero, este colectivo planteó la importancia de incluir la temática en la declaración final (la tan mentada decisión de Muritâo) cosa que finalmente no sucedió. No se logró acordar ningún mapa de transición o salida. El acuerdo final tampoco menciona la deforestación, pese a las diversas iniciativas presentadas y la propuesta de financiamiento introducida por el país huésped. El encuentro de Belém estaba llamado a ser “la COP de la verdad”, la “COP de la gente”, pero la realidad muestra una vez más la imposibilidad de denunciar lo obvio, tanto como la prevalencia del lobby petrolero. 

La COP30 nos lleva a adentrarnos en la desesperanza, aunque también nos obliga a pensar en alternativas. Una de ellas es el anuncio de Colombia y Países Bajos de celebrar la primer Conferencia Internacional por una Transición Justa, y dejar atrás a los Combustibles Fósiles, reunión a celebrarse en abril en Santa Marta, Colombia. También podría celebrarse la decisión de las partes de introducir la temática de transición justa en las 64 sesiones de los entes subsidiarios de la UNFCC que tendrá lugar en junio del 2026, para así operacionalizar un mecanismo que sea considerado en la próxima COP31 a desarrollarse en Turquía.

Muchos otros también comienzan a destacar la necesidad de retomar el espíritu científico, que las conferencias de las partes se centren en resolver la urgencia que nos plantea el acercarnos a los límites de la humanidad. Una de las principales medidas para lograrlo pasa por bloquear el acceso al lobby petrolero, que con sus mentiras y dilaciones viene evitando toda posibilidad de avance.Las mentiras y los engaños quizás nos enseñen a dejar de lado la visión naïve que muchos aún sostienen, pensando que la industria petrolera se convierta en artífice de su propia sepultura. Dejar los fósiles atrás es una decisión política que debe de ser adoptada por los gobiernos. Para ello, la presión de la sociedad civil resulta determinante.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: lo que pasó y lo que se viene

Por
Nicolás Pose-Ferraro
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El 9 de enero de 2026, el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó el largamente esperado acuerdo comercial con Mercosur. La decisión contrasta con lo sucedido hace tan solo un mes, cuando la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen tuvo que cancelar su viaje previsto a Brasil para la firma del instrumento, puesto que no había conseguido la luz verde del Consejo. Ahora, la firma ocurrirá en Paraguay el 17 de enero. ¿Cómo llegamos hasta acá y qué es lo que se viene?

Lo que pasó: venciendo resistencias internas

La base del denominado Interim Trade Agreement (ITA), el pilar comercial del acuerdo, se remonta al “acuerdo en principio” anunciado en junio de 2019 por los líderes de ambos bloques. Dicho anuncio propició la rápida formación de una potente coalición opositora en Europa, lo que terminó por paralizar su proceso de aprobación y ratificación. Esta coalición se formó en torno a dos grandes componentes: uno tradicional, integrado por los productores agrícolas europeos, y otro emergente, compuesto por organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa del medio ambiente.

En poco tiempo el mundo cambió y, por motivos asociados predominantemente al nuevo contexto geopolítico global, la Comisión retomó la búsqueda de concretar este acuerdo. Para ello, precisaba desactivar la mencionada coalición opositora que, combinada, tenía la capacidad de bloquearlo, ya sea a través de los gobiernos nacionales en el Consejo o bien mediante sus representantes políticos en el Parlamento Europeo.

La apuesta de la Comisión fue por desactivar el componente ambiental de la coalición. Para ello, desde 2023 se embarcó en una renegociación con Mercosur, en particular con Brasil, orientada a incrementar los compromisos ambientales de cumplimiento obligatorio incluidos en el acuerdo. A cambio, estuvo dispuesta a resignar algunas ganancias de acceso a mercados conseguidas en el arreglo de 2019. En base a este trade-off, ambos bloques anunciaron en diciembre de 2024 un nuevo acuerdo.

Mientras que la oposición de base ambiental disminuyó notoriamente tras este anuncio, la de base agrícola continuó. Y, como era de esperar, encontró en los países con fuertes comunidades agrícolas un canal de representación de su posición. Así, los gobiernos de Francia, Polonia e Irlanda manifestaron su oposición al acuerdo y procuraron construir una minoría de bloqueo para evitar su aprobación en el Consejo.

Al requerir para esto de al menos cuatro países que representen al menos el 35% de la población de la UE, los países opositores requerían de nuevos aliados. Y, en el camino, encontraron a un socio inesperado, dada su histórica posición de apoyo al acuerdo: la Italia de Giorgia Meloni. Desde diciembre de 2024, el gobierno italiano envió mensajes ambiguos, que alternaron entre el rechazo y el apoyo condicional. Pero cuando llegó el momento de la aprobación en diciembre de 2025, el gobierno italiano no dio su voto y por ende la firma no pudo concretarse.

Sin embargo, la posición de Italia resultó ser transaccional. Tras el fracaso de inicios de diciembre, la Comisión negoció con el gobierno italiano una serie de pagos laterales a cambio de su voto favorable, el más relevante de ellos un adelantamiento de los subsidios agrícolas previstos en el marco de la Política Agrícola Común. En paralelo, las instituciones europeas aprobaron un mecanismo específico para activar las salvaguardias bilaterales previstas en el texto del acuerdo, que prevé el lanzamiento automático de investigaciones para una serie de productos agrícolas sensibles en caso de que precios internos o exportaciones desde Mercosur caigan o suban un 8% respectivamente. Cabe notar que estas salvaguardias complementan el hecho de que la apertura ofrecida por la UE para estos bienes sensibles es parcial, vía cuotas, lo que ya de por sí limita el alcance de la liberalización en este sector de actividad. Y si bien este conjunto de concesiones no fue suficiente para apaciguar la oposición agrícola, por lo que Francia, Polonia, Irlanda, Austria y Hungría votaron en contra (Bélgica se abstuvo), el acuerdo fue finalmente aprobado por una mayoría calificada en el Consejo.

Qué viene ahora: el desafío de la ratificación

Tras la aprobación, la etapa de ratificación del ITA traslada la acción política al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales de los países del Mercosur. En el primero, es altamente probable la emergencia de una nueva batalla entre promotores y opositores.

Los dos grupos políticos más grandes del Parlamento Europeo, el Popular (centroderecha) y el Socialdemócrata (centroizquierda), sobre los que se estructura la coalición gobernante en la UE, ya han anunciado su apoyo. Sin embargo, a impulsos de la oposición de los productores agrícolas, es esperable que buena parte de los europarlamentarios de países como Francia, Polonia e Irlanda, entre otros, voten en línea con la posición opuesta de su país y no con la de su grupo. Así, si bien el escenario de base es el de la existencia de una mayoría favorable a la ratificación, esta será ciertamente ajustada, por lo que cambios de posición en los márgenes pueden terminar inclinando la balanza hacia un lado u otro.

En paralelo, existirán esfuerzos de europarlamentarios por remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, con el objetivo formal de dirimir la compatibilidad del instrumento con la legislación europea. Indirectamente, estos esfuerzos procurarán dilatar el proceso de ratificación y ganar tiempo para la construcción de una mayoría opositora. No hay certeza de que este tipo de iniciativas vaya a prosperar, pero en cualquier caso será un elemento adicional a monitorear durante los meses que vienen.

En los países del Mercosur, en principio, se espera un trámite parlamentario menos disputado. Quienes en teoría podrían verse afectados negativamente en términos distributivos, esto es, distintos segmentos de la industria manufacturera, han apoyado el acuerdo (en Brasil) o al menos no se han opuesto activamente (en Argentina). A su vez, en 2019 los países del Mercosur acordaron la entrada en vigor provisional bilateral a medida que cada miembro del bloque, junto a la UE, ratifica el acuerdo. Además de flexibilizar por la vía de los hechos la adopción de acuerdos preferenciales con terceros, esta medida se orienta a incentivar la ratificación en cada parlamento nacional. Pues a medida que cada miembro de Mercosur ratifica, el costo de quedarse por fuera del acceso preferencial al mercado europeo incrementa.

En síntesis, la ratificación aparece como la siguiente y última disputa antes de la entrada en vigor del acuerdo. Y, como desde 2019, el foco estará predominantemente en lo que pueda suceder en la UE.

Parálisis institucional, regresión multilateral y la profundización de las prácticas imperiales

Por
Pablo Victor Fontes   |   Víctor Cabral
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La política internacional funciona como una obra de teatro: organiza narrativas, define personajes y establece clímax, generando un diálogo permanente con su público. Esta dimensión imaginativa moldea las percepciones y guía formas específicas de comprender los conflictos armados. Mediante juegos de simulación y disimulación, se construye un horizonte interpretativo que legitima las prácticas, naturaliza las intervenciones y estabiliza las lecturas. Es en esta relación entre palco, bastidores y público que se consolida un escenario marcado por la parálisis institucional, la regresión multilateral y la profundización de las prácticas imperiales, anclado en un derecho internacional corroído y selectivamente movilizado.

Acto (1): organizaciones regionales, multilateralismo y derecho internacional

En primer lugar, se observa la inoperancia de organizaciones regionales, como la UNASUR, incapaces de funcionar como una instancia autónoma de coordinación política y contención de conflictos. Paralelamente, presenciamos el vaciamiento del multilateralismo liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial, reemplazado por una lógica de excepción, unilateralismo y uso discrecional de la fuerza. Este proceso se ve agravado por la negativa de Estados Unidos a someterse al Estatuto de Roma, así como por la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, que institucionaliza el excepcionalismo legal al impedir que los ciudadanos estadounidenses sean juzgados por la Corte Penal Internacional. Esto revela un sistema jurídico internacional jerárquico, profundamente asimétrico y alejado de cualquier universalismo efectivo.

En el ámbito nacional, Estados Unidos opera bajo un estado de excepción permanente. Si bien la Constitución prevé controles institucionales, la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, sumada a la neutralización de los poderes Legislativo y de la Corte Suprema, vacía los mecanismos de pesos y contrapesos. Se trata de una reactualización del excepcionalismo estadounidense, intensificado por el trumpismo, que rechaza los principios normativos de la democracia liberal al tiempo que instrumentaliza selectivamente sus instituciones. La política exterior estadounidense se estructura mediante la producción recurrente de la figura del enemigo —del comunismo al terrorismo, del narcotráfico a China—, una gramática indispensable para la legitimación de las intervenciones y la reorganización del consenso interno, a pesar de la creciente resistencia de la opinión pública ante los costos de las nuevas aventuras militares.

Acto (2): Estados Unidos, Venezuela y América Latina

Lo que se observa no es solo una crisis del orden internacional, sino el colapso de sus bases normativas mínimas, sustituidas por una lógica abierta de fuerza, excepción y jerarquización. La expansión de la cartografía imperial de objetivos —con Irán, Cuba y Colombia como espacios de contención— no representa una desviación, sino la transformación misma del orden contemporáneo. La escalada estadounidense debe interpretarse menos como una demostración de poder y más como un síntoma de ansiedad estratégica ante los cambios estructurales económicos, energéticos, geopolíticos y simbólicos que amenazan su posición hegemónica.

En este contexto, Venezuela no aparece como una causa, sino como un espacio de condensación de esta ansiedad imperial. El uso de la coerción, la tutela y la violencia discursiva revela más inseguridad que fuerza. A nivel regional, el trumpismo combina prácticas clásicas de intervención con tecnologías de guerra híbrida, vigilancia e inteligencia, buscando la desestabilización política y electoral. Aun así, el chavismo no desaparece. La nacionalización del petróleo a través de PDVSA reconfiguró la geopolítica energética regional, reduciendo la influencia directa de Estados Unidos y convirtiendo el petróleo en el eje central de la disputa estratégica. Los intentos de ruptura institucional en 2002, 2019 y 2026 deben entenderse como parte de una estrategia recurrente de contención y disciplinamiento político, en la que la democracia liberal figura como retórica secundaria frente a los intereses energéticos.

A pesar de ello, una parte significativa de las relaciones comerciales petroleras tiende a mantenerse con Estados Unidos, aunque cada vez más mediadas por otras monedas, como el yuan. Esto señala cambios relevantes en la arquitectura financiera internacional e impone límites materiales a los intentos de aislamiento promovidos por Washington, a la vez que consolida a China como el principal socio económico de varios países latinoamericanos.

La acción estadounidense en Venezuela, por lo tanto, no es civilizadora, sino que expresa una forma contemporánea de barbarie política. La retórica pacifista del trumpismo opera como un dispositivo de simulación: bajo el discurso de una «Venezuela libre», se ocultan prácticas coercitivas, intereses energéticos y estrategias imperialistas, transformando la violencia en cuidado, la intervención en liberación y la dominación en responsabilidad. Si bien Estados Unidos no constituyó un imperio colonial formal, esto no implica la ausencia de prácticas coloniales, rearticuladas en forma de tutela y negación de la soberanía del otro.

Acto (3): Plano simbólico – cultura, medios de comunicación y opinión pública

Estas dinámicas no se agotan en el plano estratégico o material. La cultura y los medios de comunicación operan como campos centrales de disputa política, generando significados, afectos y sentidos de pertenencia. En el caso venezolano, movilizan narrativas de resistencia ancladas en la memoria del colonialismo, la dependencia y la lucha antiimperialista, otorgando fuerza simbólica a la Revolución Bolivariana como imaginario histórico. Esta disputa también se expresa a nivel semántico: la normalización de términos como «intervención» en lugar de «guerra», o «captura» en lugar de «secuestro», despolitiza la violencia y oscurece las asimetrías de poder, a la vez que revela dobles estándares normativos en la caracterización de los regímenes políticos.

Acto (4): Diplomacia, América Latina-Estados Unidos

La fragmentación política de América Latina, marcada por la adhesión de múltiples gobiernos a agendas de derecha y extrema derecha, limita la construcción de respuestas colectivas y aumenta la vulnerabilidad regional ante la escalada del intervencionismo. En este escenario, la política exterior de los países críticos puede seguir tres caminos: alineamiento automático con Estados Unidos; una crítica frontal y aislada; o una postura crítica combinada con el diálogo y la negociación multilateral, especialmente a través de la CELAC y los foros regionales. 

Esta trágica actuación de Estados Unidos continúa, revelando menos la fuerza de una hegemonía consolidada y más la ansiedad de una potencia en crisis.

Sin reglas, la regla del gendarme global 

Por
Ottón Solís
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Cuando España y otros imperios europeos se apoderaron de regiones y continentes enteros, afirmaron que su objetivo era difundir el cristianismo. Otro argumento, enfatizado para someter partes de Asia, era que el colonialismo constituía una carga autoimpuesta, asumida para llevar al mundo los valores de los blancos. O como escribió Kipling:

“Aceptad la carga del hombre blanco,

enviad a los mejores que engendréis,

atad vuestros hijos al exilio,

que sirvan de guía a sus cautivos.

Atended, con pesado arnés,

a pueblos azorados y salvajes,

a pueblos hoscos capturados,

de corazones malvados y con mentes de niño”

En las últimas décadas, Estados Unidos, apoyado por sus aliados occidentales, ha sostenido que el objetivo de sus intervenciones militares en otros países es difundir la democracia.

Así, históricamente las potencias han justificado la agresión imperial como una tarea noble, intentando ocultar el verdadero objetivo, el cual no ha sido otro que la apropiación de tierras, oro, madera, plata u otros minerales, la esclavización de las poblaciones locales o la competencia entre las metrópolis colonizadoras.

Luego llegó Trump. Su arrogancia sin límites permitió que el mundo escuchara por fin la verdad: su objetivo es el negocio del petróleo y evitar que otros países fortalezcan relaciones económicas con Venezuela. La invasión fue preparada con la propaganda habitual sobre la maldad que emanaba del régimen de Caracas; sin embargo, una vez consumada, esas razones reales salieron a la luz.

Es cierto que el dictador Maduro ha sido nefasto para el pueblo venezolano, y casi de seguro es cierto que, como mínimo, se haya hecho de la vista gorda ante el narcotráfico. Pero como argumento para la invasión, su asociación directa o indirecta con las exportaciones de cocaína a Estados Unidos carece de credibilidad, si se considera que recientemente Trump liberó a un expresidente de Honduras condenado en tribunales estadounidenses a 45 años de prisión por facilitar exportaciones de drogas hacia Estados Unidos.

Aun antes de que Trump explicitara las verdaderas razones, teníamos la obligación de dudar sobre la relevancia y veracidad de los epítetos con que se venía calificando a Maduro. Ello, excepto si olvidamos la mentiras del expresidente Bush Jr. y del ex primer ministro británico Tony Blair, esgrimidas para justificar la invasión a Irak. Era falso que Hussein estaba a punto de producir bombas atómicas o que tenía vínculos con Osama Bin Laden. Era evidente, y así lo clarificó, por ejemplo, un protagonista prominente del establishment de Washington, el expresidente de la Reserva Federal  Alan Greenspan, que la verdadera razón era el petróleo de Irak.

Trump y el Partido Republicano se sienten tan legitimados para su avaricia económica, su irrespeto a la soberanía de otros países y para otorgar un papel policial global de Estados Unidos, que la palabra democracia ni siquiera fue pronunciada en la conferencia de prensa en la que se explicó la invasión. Más aún, Trump descartó abiertamente un rol en la era post-Maduro para el liderazgo democráticamente electo en Venezuela tras las elecciones de julio de 2024.

Es cierto que Maduro y ese detestable socialismo demagógico, desordenado, corrupto y populista, que ha confundido a tanta gente y ha causado tantas desgracias en América Latina y el mundo, ha sido un obstáculo para el progreso de Venezuela. Lejos del modelo socioeconómico ecléctico, ajeno al comunismo y al neoliberalismo, que tanto éxito  ha dado a Singapur, China, la República de Corea y la Isla de Taiwán (y que llevó a Europa Occidental a sus elevados niveles de desarrollo), el Chavismo Venezolano continuó y profundizó los serios errores, la corrupción y el desperdicio de la riqueza petrolera que caracterizó los gobiernos que le antecedieron, los de COPEI y AD. Pero de ahí, a que una potencia rompa todas las reglas de convivencia mundial para autonombrarse gendarme, policía y juez del mundo es otra cosa.

Por ello la invasión debe ser condenada urbi et orbi, pero sobre todo por países militarmente débiles o sin ejército (como Costa Rica), dado que como armas para defender su soberanía, sólo disponen de las normas del derecho internacional.

Podría argumentarse, que el mundo necesita de un policía y un juez universal, dado que Naciones Unidas y las cortes internacionales no tienen el músculo para ejercer esa tarea. Esa inefectividad es real, pero en gran parte se debe a que las potencias no les respetan ni obedecen. Pero en todo caso, si Estados Unidos fuese un policía neutral, justo y apegado a las reglas (por cierto, las que sus dirigentes frecuentemente proclaman) no solo secuestraría a Maduro para ponerlo bajos las rejas, sino también, y con mucha más razón, a asesinos de la talla de Putin, Netanyahu y a Mohammed bin Salman (el mandamás de Arabia Saudita). Pero en lugar de ello, ha sido, ante Putin, como mínimo, ambiguo, y ante de Netanyahu y MBS, un aliado incondicional.

Un resultado positivo de las acciones y palabras de Trump es que al menos ahora comenzamos a comprender que el verdadero significado de MAGA es Make America Global Gendarme Always (Hacer de Estados Unidos el Gendarme Global Permanente).

La derecha vuelve al poder en Honduras

Por
Carlos Barrachina
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Finalmente el 24 de diciembre, cuando habían pasado más de tres semanas de la elección, el Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró ganador a Narsy Asfura (Partido Nacional) sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal) por 26,338 votos de diferencia, quedando en un lejano tercer lugar la oficialista de izquierda Rixi Moncada (LIBRE). La sombra del fraude, de las conspiraciones y las intervenciones extranjeras lleva años presente en la tensa dinámica política hondureña. Pero las declaraciones de Donald Trump a favor de Asfura -desacreditando tanto a Nasralla como a Moncada- y el anuncio de la liberación del ex presidente también nacionalista Juan Orlando Hernández (JOH), dos días antes de las elecciones, han sido exhibidos por el gobierno para exigir la nulidad de la elección.

Fraude e intervención extranjera

El 8 de diciembre del 2025, tras hacerse públicos los primeros resultados del CNE, Rixi Moncada, anunció que no reconocía las elecciones alegando la injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos. Convocó a una movilización para el 13 de diciembre y al día siguiente, la presidenta Xiomara Castro se refirió a un “golpe electoral”, y afirmó que las elecciones no debían ser aceptadas porque estaban marcadas por la injerencia, la manipulación y el chantaje.

El ex presidente Manuel Zelaya y esposo de la actual presidente, quien inicialmente reconoció la derrota, posteriormente convocó a una movilización de protesta. Mientras que el presidente del Congreso, Luis Redondo, afirmó que no validaría los resultados de las elecciones por las presiones tanto externas como del crimen organizado. El 2 de enero Zelaya habló de la legitimidad de una “insurrección” y pidió a Redondo analizar formalmente si se debían aceptar los resultados o no.

El retraso de los resultados electorales y las interrupciones en el conteo generó incertidumbre y tensión en todo el sistema político. Sin embargo, la situación no fue muy diferente a la del 2021. El diferencial en esta ocasión fue el boicot de consejero de LIBRE en el CNE (que finalmente fue sustituido por su suplente) y la actitud de los representantes de Nasralla y LIBRE que no querían integrar las mesas de recuento alargando el proceso. Finalmente el 18 de diciembre se inició el proceso formal de recuento y el 24 el CNE declaró al ganador.

A nivel del Congreso, el partido que salió victorioso obtuvo 49 asientos, los liberales 41 y el oficialismo 35. Los tres diputados restantes se los reparten PINU y la Democracia Cristiana. Además, el Partido Nacional se impuso en 151 municipios, la mayoría rurales o de mediana población con excepciones como en la capital Tegucigalpa, el Partido Liberal logró la victoria en 76, reteniendo el voto urbano, mientras que LIBRE ganó 69 ayuntamientos, manteniendo presencia a lo largo del país.

¿Qué sigue?

Salvador Nasralla y su esposa, diputada electa también del Partido Liberal, recuperaron el lenguaje tradicional del fraude y llamaron a la movilización ciudadana y a la confrontación como viene sucediendo desde el 2009. De hecho, el presidenciable chocó con dirigentes de su propio prtido e instó a la militancia a apoyarle. Posteriormente impulsó a su esposa como próxima presidenta del Congreso Nacional con el apoyo de LIBRE.

La dirección del Partido Liberal, sin embargo, llamó a la calma y aceptó unos resultados que vuelven al partido clave en la gobernabilidad del país, tanto en el Congreso Nacional, como en muchas alcaldías. De momento la movilización de los militantes liberales reclamada por Nasralla no se ha dado, pero hay que esperar a ver qué tanto apoyo tiene entre los diputados electos para complicar la gobernabilidad del próximo presidente Nasry Asfura, desde el Congreso Nacional, ya sea dificultando la conformación de mayorías o logrando una mayoría más o menos estable con LIBRE.

Juan Orlando Hernández: el expresidente indultado por Trump

El 2 de enero el ex presidente se reivindicó y defendió su inocencia en una entrevista televisiva. Pero lo más significativo fue su ataque directo a u ex contrincante Nasralla, con el que compitió en el año 2017. Nasralla siempre ha señalado que las elecciones de ese año, en las que también el margen entre los dos candidatos punteros fue estrecho, estuvieron amañadas y argumentó su alianza con Xiomara Castro en el 2021 con la misión de acabar con la “narcodictadura” de JOH.

El enfrentamiento entre JOH y Nasralla anticipa que los seguidores del candidato liberal se posicionarán con LIBRE en el Congreso Nacional. Sin embargo, las estructuras locales tradicionales son del Partido Liberal, y ello puede hacer que la influencia de Nasralla no sea tan relevante.

El oficialismo por su parte ha quedado relegado por los dos partidos tradicionales. Probablemente el error de Xiomara Castro a lo largo de su mandato ha sido confiar en su familia, los Zelaya, y en partidarios muy cercanos. Lo que se ha conocido como “el familión”, que va unido al autoritarismo tradicional de Zelaya, ha sido rechazado en Honduras por una gran parte de la población.

La intervención militar estadounidense en Venezuela, va a tener efectos importantes en toda la región. De momento Xiomara Castro ha realizado declaraciones apoyando a Maduro y al gobierno venezolano. Una de las preguntas es si afectará la caída de Maduro la transición de poder en Honduras. Asfura es un reconocido pragmático y podría pactar para que no existan represalias hacia la familia Zelaya.

Sin embargo, el pacto no es sencillo, porque tanto Zelaya como Nasralla, viven desde hace años instalados en la lógica de la crispación y tienen miedo a la influencia que JOH puede ejercer sobre Asfura. Algunos integrantes de la familia Zelaya han sido relacionados con el narcotráfico y Nasralla puede sentir afectado sus intereses tanto políticos como económicos, máxime cuando se está enfrentado abiertamente con la dirección del Partido Liberal, que controla el poder territorial del partido.

¿Aceptarán desde el gobierno finalmente los resultados electorales? Lo más probable es que se acepten porque el oficialismo no tienen la capacidad de movilización y porque su imagen está muy desgastada. Sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho y no se ha conformado ninguna comisión que facilite la transición de poder.

¡Vengan por mí!

Por
Sebastián Godínez Rivera
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Tras el fraude electoral del 2024 Maduro gritó “¡vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde!”. Luego de una serie de amenazas contra Washington y discursos nacionalistas el gobierno de Estados Unidos dio inicio a las operaciones en el Caribe en 2025, pero el mundo despertó el 3 de enero de 2026 con la noticia de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Maduro utilizó un discurso beligerante desde insultar a la oposición venezolana hasta señalar que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quería manchar de sangre las manos de Donald Trump. También apostó por la música “No war, yes peace”, celebró eventos multitudinarios en aras de unir a todos los venezolanos y hasta convocó cumbres de la paz. Todo esto no hacía más que denotar su desesperación.

En los estudios de las transiciones a la democracia existe una escuela que ha analizado el papel de potencias extranjeras como detonantes de cambios en regímenes autoritarios. Politólogos como Huntington, Linz, Stephan, Diamint y Pion-Berlin estudiaron cómo la presión internacional llevó a la caída de los autoritarismos del siglo XX. En América Latina el ejemplo comparable con la caída de Maduro es el del dictador panameño Antonio Noriega detenido el 3 de enero, pero de 1989.

El desenlace de la caída

En diciembre de 2025 Trump y Maduro hablaron por teléfono para sentar las bases de una salida negociada, es decir, evitar una invasión, muertes civiles y la pérdida material. El objetivo era designar un gobierno de transición, celebrar comicios libres, liberar presos políticos y dar paso a la democracia. La negativa a dejar el poder y el uso de una retórica belicista hacia Washington, terminó con la captura de Maduro.

Cuando cae un régimen, diversos actores políticos y grupos de presión comienzan a reacomodarse. Las transiciones pactadas en las que los líderes del autoritarismo negocian con sectores moderados se dan de forma paulatina, no son quiebre radicales. Se nombra un gobierno de transición y las libertades civiles comienzan a liberalizarse.

En el caso venezolano no será así, al contrario, las facciones del chavismo buscarán mantener la estructura autoritaria a través de un nuevo liderazgo. Y es que si bien el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) tiene el poder, dentro de él existen facciones que buscarán tomar las riendas del país. De momento la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el poder constitucionalmente, sin embargo, líderes como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, encargado de la represión de la oposición y quien ha sido pilar del régimen, probablemente buscará heredar el poder.

Es probable que la formación de un gobierno transicional chavista no genere estabilidad, sino que acelere la caída del régimen o que lo radicalice. Por otro lado, grupos de poder como el empresariado afín al madurismo, grupos criminales aliados al poder, la cúpula militar y las bases del partido buscarán obtener beneficios de quien asuma el liderazgo.

Las fuerzas armadas son la columna vertebral del régimen. Las protestas, tras las elecciones de 2024 en las que el chavismo no presentó las actas de su supuesto triunfo electoral, han sido reprimidas por militares, policía y grupos paramilitares. Y es que Hugo Chávez le dejó a Maduro un país militarizado donde las fuerzas armadas participan en tareas civiles y sostienen el poder mediante las armas.

Qué pasa con la oposición

Otro elemento a tomar en cuenta es el destino de Edmundo González Urrutia, ganador de los comicios de 2024 y de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya que las condiciones aún no están dadas para que asuman la conducción. De momento atravesamos momentos cruciales que definirán si habrá apertura o radicalización. En palabras del reconocido politólogo O’Donnell: “la transición es el intervalo de tiempo indefinido entre un régimen y otra cosa.

Incluso en una entrevista con Fox News, el presidente Trump declaró: “no podemos arriesgarnos a dejar que alguien más dirija Venezuela y simplemente se haga cargo de lo que él dejó”. La declaración no solo abre la puerta a que tropas norteamericanas impongan el orden en la nación sudamericana, sino que mediante la fuerza restructuren el régimen como ocurrió con Noriega en Panamá, Duvalier en Haití o Ubico en Guatemala.

En conclusión, la caída del tirano no es el final sino el inicio de un sendero de incertidumbre en el que la democracia y el autoritarismo se batirán hasta el final. Maduro no era la piedra angular del régimen, sino la cara más visible del autoritarismo, sin embargo, la maquinaria chavista tiene otros engranajes menos visibles que han sido ignorados en la ecuación.

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