En este marco, la presencia del Estado, a través de acciones gubernamentales y políticas públicas, puede servir como base para mejorar las condiciones de los trabajadores de la economía del cuidado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han arrojado luz sobre la economía del cuidado como central para el diseño y conducción de políticas socioeconómicas en la agenda de recuperación pospandemia para América Latina y el Caribe .
La pandemia de COVID-19 puso de relieve la importancia vital de la economía del cuidado para el desarrollo económico y el bienestar de América Latina. La CEPAL define la economía del cuidado como “todas las actividades que aseguran la reproducción social y el mantenimiento de la vida humana en un ambiente adecuado, la economía del cuidado protege la dignidad de las personas y la integridad de sus cuerpos, Esta promueve la educación y la formación, apoya el bienestar psicológico y emocional y mantiene los vínculos sociales”.
¿Qué es el trabajo de cuidado?
Además, como lo expresa la OIT, el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, implica actividades directas, incluida la alimentación de bebés o el cuidado de personas mayores, y actividades indirectas, como limpiar o cocinar. A pesar de su importancia vital, los trabajadores de la economía del cuidado sufren de invisibilidad social: el bajo valor social atribuido a su trabajo contradice su papel central en el sistema de desarrollo socioeconómico. Estas actividades, en general, se dan por sentado y no se incluyen de manera significativa en la discusión de las políticas públicas, especialmente las políticas económicas.
En 2015, alrededor de 2.100 millones de personas (1.900 millones de niños menores de 15 años y 200 millones de personas mayores) requirieron servicios de cuidados. La OIT estima que esta cifra aumentará a 2.300 millones de personas para 2030, debido al creciente número de niños, ancianos y personas con discapacidad que requieren servicios de cuidado. Como tal, es probable que la demanda de trabajadores y servicios de cuidados aumente drásticamente en el futuro. Por lo tanto, las políticas gubernamentales son vitales para garantizar que tanto los trabajadores de la economía del cuidado como aquellos que necesitan cuidados reciban la protección y el apoyo adecuados.
En Brasil y otros países de América Latina y el Caribe, el cuidado de bebés, niños, ancianos y personas con discapacidad lo realizan tradicionalmente las mujeres de la familia sin remuneración y dentro del hogar. Sin embargo, cuando la situación financiera de una familia lo permite, los servicios de cuidados remunerados casi siempre los prestan trabajadores domésticos contratados.
Las familias con menores ingresos suelen recurrir a organizaciones comunitarias y voluntarias en busca de servicios de atención para que la mujer, a menudo madre, pueda ir a trabajar. Sin embargo, Brasil y otros países de América Latina y el Caribe no son los únicos lugares donde las mujeres asumen gran parte de este trabajo de cuidados. Esta tendencia se observa a nivel mundial.
Aportes desiguales
Un informe global de la OIT encontró que hombres y mujeres no aportan los mismos esfuerzos al cuidado no remunerado en ningún país. La OIT también estima que, en promedio, las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado. En todo el mundo, las mujeres están sobrecargadas con el trabajo de cuidados, debido a cuestiones culturales y de género y a muchos otros factores que pueden arraigar esta práctica.
Esta tendencia se observa no sólo en América Latina, sino a nivel mundial. Un informe global de la OIT encuentra una marcada desigualdad en los esfuerzos que hombres y mujeres contribuyen al cuidado no remunerado en varios países. En promedio, las mujeres realizan el 76,2 % de todo el trabajo de cuidados no remunerado. La carga del trabajo de cuidados global recae sobre las mujeres, un fenómeno debido a la discriminación de género, las condiciones culturales y muchos otros factores.
Los gobiernos latinoamericanos están actuando gradualmente de manera que demuestran la importancia de la economía del cuidado. Por ejemplo, el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva creó, por primera vez, una Secretaría de Atención y Familia, dirigida por el sociólogo brasileño Abramo dentro del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (MDS). Una reciente publicación de Abramo destacó el estado actual de la economía del cuidado brasileña, diciendo que “la actual organización social del cuidado está marcada por las desigualdades estructurales que caracterizan a la sociedad brasileña: son las mujeres, especialmente las negras, las más pobres y con ingresos más bajos, que son principalmente, sino exclusivamente, responsables del trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado”.
Según datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2019, las mujeres dedicaban en promedio 21,7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres aportaban solo 11 horas en promedio. Para las mujeres blancas, esta cifra era de 21 horas semanales y para las mujeres negras, de 22,3 horas semanales. Esta realidad compromete la capacidad de las mujeres para generar ingresos y ejercer autonomía económica, lo que agrava la pobreza y la desigualdad.
En Brasil, la economía de cuidados remunerados no sólo es predominantemente femenina, sino que también es negra. En 2019, el 45% de todos los empleos en el sector del cuidado fueron ocupados por mujeres negras, el 31% por mujeres blancas y el 24% restante de los empleos en la economía del cuidado se dividieron entre hombres blancos y negros. La categoría ocupacional más grande de la economía del cuidado son los trabajadores domésticos. Los datos más recientes, de 2021, indican que el 93% de las trabajadoras domésticas son mujeres y el 61% de estas mujeres son negras.
Cambios a la vista
Están en marcha cambios estructurales para transformar el sector del cuidado en América Latina. Estos cambios son responsables de la disminución del número de mujeres disponibles para recibir cuidados, una disminución de la participación femenina en el mercado laboral y una reducción del tamaño de la familia. Al mismo tiempo, el número de personas que requieren cuidados ha crecido exponencialmente, impulsado por el envejecimiento de la población y un aumento de la informalidad laboral, definida como actividades económicas que –en la ley o en la práctica– no están cubiertas o están insuficientemente cubiertas por acuerdos formales.
Estas tendencias han llevado a que las personas mayores dependan más del apoyo familiar. Un estudio de la CEPAL de 2022 estima una tasa de informalidad del 54% en América Latina y el Caribe, lo que genera altas tasas de precariedad y baja cobertura de pensiones entre los trabajadores informales. En 2019, el 47,2% de los trabajadores ocupados estaban afiliados a algún sistema o plan de pensiones. Estas tendencias han impulsado una mayor dependencia del apoyo familiar entre las personas mayores.
Históricamente, la participación del Estado en la economía del cuidado en América Latina ha sido limitada. Sin embargo, las políticas existentes pueden servir de modelo para otros países. Dadas las transformaciones estructurales en curso que presionan el déficit de atención existente, implementar políticas para ayudar a satisfacer la demanda de atención y garantizar la calidad de la atención en América Latina y Brasil presenta un desafío para los formuladores de políticas. El sector público debe asumir un papel más fuerte y proactivo para desarrollar e implementar políticas públicas de economía del cuidado en un marco de cuidado más integrado y transformador.
Dado que la economía del cuidado tiene un alcance tan amplio, los gobiernos latinoamericanos deben implementar políticas de cuidado para superar la desigualdad, garantizar una alta calidad de vida y aliviar la pobreza a través del desarrollo.
Autor
Ph.D. en Política Científica y Tecnológica por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) y es Profesor Asociado de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), en el Programa de Posgrado en Gestión y Estrategia (PPGE-UFRRJ).
