¿Qué esperar del “Pacto fiscal” en Chile?

El pasado 1º de agosto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el denominado “Pacto Fiscal para el Desarrollo” que llevará adelante en su país. Dado que se necesita financiar el gasto social y los recursos financieros son finitos, la propuesta incorpora un conjunto de acciones para el crecimiento sostenible, eficiencia de la gestión pública y responsabilidad fiscal.

El pacto define: los principios para un sistema tributario moderno; las necesidades y prioridades del gasto; los compromisos de la reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de los servicios del Estado; impulsar el crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía; fortalecer la administración tributaria y la reforma del impuesto a la renta; y los mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.

Dentro de los principios, la llamada justicia tributaria hace referencia al incremento de impuestos para aquellos con mayores ingresos (impuestos progresivos verticales), gravar igual a aquellos con ingresos similares (impuestos horizontales), y disminuir la elusión (evitar la tributación mediante argumentos legales).

En cuanto a la priorización del gasto, el plan busca incrementar el gasto en material social en un monto equivalente al 2,7% del PIB en áreas altamente sensibles como las pensiones, la salud, la protección social y la seguridad pública. Las principales metas que se buscan alcanzar son el incremento de la Pensión Garantizada Universal en poco más del 20%, así como la posibilidad de reducir las listas de espera de atenciones quirúrgicas y especialidades médicas.

Respecto de la reforma al Estado, el plan apunta a mejorar los programas públicos mediante la creación de una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas. Además se busca establecer un marco normativo que regule las transferencias a ONG´s y fundaciones, permitir el acceso a MIPYMEs en el sistema de compras del Estado, utilizar sistemas digitales para detectar anomalías del gasto público y establecer una fuerte disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno.

Como medidas para impulsar el crecimiento, se busca otorgar incentivos fiscales, reducir la tramitación en proyectos de inversión, incentivar la investigación y desarrollo de parte de empresas, incentivar las actividades económicas verde y reducir la informalidad económica. En el ámbito impositivo, se apunta a educar a los contribuyentes, entregar beneficios a la clase media, contar con un sistema tributario para PYMEs y focalizar los impuestos. Y finalmente, se creará la Comisión de Seguimiento y Evaluación para monitorear y evaluar los resultados a los 3 y 5 años de implementación del plan.

En materia social, el Pacto Fiscal apunta a mejorar el bienestar social, en particular, de los grupos económicamente más desfavorecidos, así como grupos socialmente excluidos como las personas mayores, en situación de discapacidad o que fungen como cuidadores. El plan, sin embargo, sigue sin abordar el problema medular que son el rendimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la saturación y cobertura del sistema de salud, tanto pública como privada.

En términos productivos, se busca fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa a través de incentivos ya que son los principales espacios de generación y concentración de empleo. También se apunta a rigidizar la actividad informal, gravar la importación y sancionar el comercio digital, elementos que son empleados por micro y pequeña empresa para proveerse de insumos para operar y como canales de comercialización.  

En términos de la diversificación productiva, se sigue apostando a las actividades extractivistas con énfasis en la minería, además de que la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el otorgamiento de Concesiones Marítimas podría generar efectos no deseados en términos ambientales como la proliferación de proyectos con externalidades negativas, intensidad de uso del agua o nuevas zonas de sacrificio.

Los incentivos a la investigación y desarrollo en un país que se concentra en el sector terciario y donde  la industria manufacturera es menor al 10% del PIB, es un tema complejo. Además, se debe priorizar también a las entidades públicas de educación superior, que al día de hoy son quienes concentran la masa crítica de investigadores en el país, ya que podría darse una migración del mundo académico al empresarial, afectando la calidad de la enseñanza superior y de especialización.

La formalización económica, tiene un gran componente cultural ya que se acostumbra contratar servicios personales como el mantenimiento o la construcción sin contrato, por lo tanto sin el correspondiente aporte de impuestos e imposiciones a la seguridad y retiro. Más allá de la educación de los contribuyentes, es necesario un cambio en la conducta social que permita el tránsito hacia la formalidad de todas las actividades económicas. Por otro lado, cuando se habla de incrementar los impuestos a los altos ingresos ¿en quienes están pensando? ¿en qué tramos de ingreso? ¿personas jurídicas y naturales?

Para concluir, hay que destacar dos desafíos. El primero, son las proyecciones de crecimiento económico, pues de acuerdo al Banco Central se espera un bajo crecimiento para este año (entre -.5% y 0.25%), entre 1,25% y 2,25% en 2024 y entre 2 y 3% para 2025. Esto puede limitar, tanto los ingresos como egresos públicos.

El segundo aspecto que puede jugar en contra de la propuesta es el tiempo. Está previsto el ingreso de la reforma de impuesto a la renta en el Congreso Nacional para el 2024, así como la tramitación y despacho de proyectos procrecimiento y reforma del Estado remanentes. La discusión y toma de acuerdos políticos bien podría dilatarse hasta finales del actual gobierno o bien inicios del próximo, donde las prioridades podrían ser distintas, lo cual daría un nuevo vuelco a varios de los puntos del pacto fiscal.

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