Con la promulgación de la Constitución boliviana de 2009 se insertó, en Bolivia, la controversial figura de las elecciones judiciales para la selección de magistrados de las más altas cortes. En noviembre de 2025, luego de asumir el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, los últimos siete altos miembros del poder judicial electos por voto popular (Cinco del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos del Tribunal Supremo de Justicia) que se encontraban en funciones —autoprorrogados de forma inconstitucional desde 2023 — fueron destituidos de sus cargos y sobre ellos se han dictado órdenes de aprehensión. Este desenlace, que merece ser celebrado, puede ser también visto como otra práctica de manipulación política del Poder Judicial.
No cabe duda que una elección popular es el ejercicio más puro de democracia, caracterizada por la pasión, el bullicio y hasta un cierto desorden, como bien señalaban los fundadores de la constitución norteamericana. Ellos eran conscientes que una república requiere también de otra faz, más calma, ponderada, identificada en el Poder Judicial, que no esté necesariamente fundada en elecciones populares, al menos no en el caso de sus más altas cortes.
Los procesos electorales judiciales
En un país como Bolivia, en el que nada acontece sin caos, se han sucedido tres procesos electorales judiciales para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura- en 2011, 2017 y 2024. En todos los casos los candidatos han sido preseleccionados por un Legislativo dominado por un partido de gobierno hegemónico y todos quienes han resultado electos fueron perfeccionándose en el arte de confeccionar sentencias a medida del gobierno de turno. Por poner algunos ejemplos que vulneraron flagrantemente la Constitución desde el Tribunal Constitucional: la habilitación del expresidente Evo Morales a un tercer mandato consecutivo, la decisión de permitir la reelección presidencial indefinida y la supresión de la obligación a renunciar como requisito para ser candidato a cargos de elección popular. Todo esto a favor de Morales mientras ocupaba el sillón presidencial.
Ante la asunción de Luis Arce en noviembre de 2022, y amoldándose a las nuevas necesidades del nuevo gobierno, el Tribunal Constitucional flexibilizó la interpretación del requisito de residencia permanente para todas las candidaturas, prohibió la reelección presidencial indefinida antes autorizada y desconoció a Morales como presidente del partido. Esto sin contar con las sentencias y declaraciones que sirvieron para bloquear la elección de nuevos magistrados, prorrogar su propio mandato en contra de la norma constitucional y generar elecciones judiciales parciales para continuar con el control del Tribunal Constitucional (en 2024 solo fue posible elegir cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional de un total de nueve).
Pero los nuevos miembros electos en diciembre de 2024 también han recibido críticas por lo que algunos entienden como actuaciones políticas. Es el caso de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (en el que fue posible elegir siete de sus nueve miembros en 2024) cuando, en agosto de 2025, ordenó la revisión de las prisiones preventivas dictadas contra la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder de Potosí, Marco Pumari. Dicha decisión llama la atención no solamente por hacer referencia únicamente a tres políticos que personalizaban la oposición al anterior gobierno -en una aparente vulneración de la igualdad procesal de todos los detenidos preventivamente en el país- sino por el hecho de que se haya dictado casi inmediatamente después del resultado de la primera vuelta de las elecciones de 2025, en la cual dos partidos opositores al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) pasaron a la segunda vuelta. Otra decisión objeto de críticas es que una Sala Constitucional haya ordenado la destitución inmediata de los magistrados autoprorrogados pasados menos de veinte días de instalado el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, y que no lo hayan hecho en diciembre 2023, cuando tuvo lugar la inconstitucional autoprorrogación.
Las altas cortes en Bolivia han sido manipuladas para restar funciones al órgano electoral que ha desconocido sistemáticamente su propia competencia jurisdiccional con el objetivo de permitir que las normas electorales se ajusten a beneficio del gobernante de turno.
El caso mexicano
En México, también bajo el dominio de un partido fuerte con gran respaldo popular, se ha reformado la Constitución para introducir un sistema de elección por voto popular de todos los miembros del sistema judicial, incluidos los altos magistrados. La fórmula se repite: selección previa de los candidatos por parte un legislativo mayoritario con una oposición debilitada y la retórica de que “el pueblo es sabio y tiene la última palabra”.
Pero la reforma mexicana ha dado un paso más allá y ha incluido la elección popular también de los magistrados del Poder Electoral. El combo resulta peligroso, puesto que en nombre de la democracia directa, los magistrados son previamente seleccionados por el partido dominante y el electorado solo ratifica.
En Latinoamérica el auge del presidencialismo plebiscitario, en el que todo se somete al voto popular, genera un sistema en el que los pesos y contrapesos se vuelven imposibles. Para que los mecanismos de control y sanción recíprocos puedan funcionar frente a Ejecutivos poderosos, los órganos del Estado deben tener distinta legitimidad de origen. De lo contrario, los sistemas hiperpresidencialistas usan la elección popular para legitimar al presidente, considerado la voz del pueblo.
Cuando los presidentes utilizan el plebiscito como forma de legitimarse, es fundamental que el Poder Judicial sea independiente de la elección popular y que su legitimidad tenga otro origen para evitar otorgar todo el poder al Poder Ejecutivo. Si la elección popular de magistrados de las altas cortes es manipulada por el Ejecutivo, ¿quién controla al poder? Si alguna enseñanza dejaron las elecciones judiciales en Bolivia es que el peor enemigo de la democracia parece ser una “superdemocracia”.
Autor
Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Univ. de Salamanca, y en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Univ. Javeriana (Colombia). Investigadora Invitada del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos, Univ. de Estocolmo.
