La escena se repite en todos los hogares. Un púber, adolescente o infante que ni siquiera completó su primera década de vida pasando minutos, que se convierten en horas, que se extienden por varios días a la semana sino cada día, sin despegar sus ojos de las pantallas de sus teléfonos mientras navegan las redes sociales.
Las excusas son varias: tareas educativas, socialización con amigos, pausas recreativas, un respiro para los padres. En apariencia, las redes sociales podrían convertirse en un aliado instrumental para supuestamente optimizar la vida. Pero sus consecuencias no demoraron en llegar: enviciamiento y excesos en el acceso y uso de redes sociales, aumento de los casos de depresión y autoimagen negativa, aumento de la violencia, ensimismamiento y atrofia de competencias sociales, aumento de autolesiones, hipersexualización y entronización de modelos precozmente adultos y erotizados de comportamientos entre el público infantil y adolescente.
En Brasil, las reacciones frente a este exceso constituye uno de los grandes consensos que trascienden las divisiones partidarias, religiosas o estilos de vida, ya que se ha transformado en un problema que angustia a casi todos por igual, sin distinciones. Quizá sea por ello que el juicio que se está celebrando en California contra las plataformas de redes sociales por generar adicción a niños y efectos nocivos contra su salud sea seguido tan de cerca y haya alcanzado tamaña repercusión en los medios de comunicación locales.
Madres y padres de todos los signos y estratos confluyen en apoyar fuertes restricciones al uso de redes sociales por parte del gobierno para garantizar la salud mental y física de niños y adolescentes. El «¡Ya basta!» australiano, tal como lo enunció su primer ministro, Anthony Albanese, al proclamar la nueva prohibición de redes sociales para menores de 16 años en diciembre de 2025 hace eco en nuestra región.
De acuerdo a un estudio reciente de la consultora Market Analysis realizado con más de 1.000 adultos, tres de cuatro brasileños (72%) aprueban la reciente legislación australiana que restringe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Este porcentaje es parecido al registrado en la propia Australia. El apoyo brasileño a la regulación es amplio y transversal, y se manifiesta de forma consistente entre hombres y mujeres, personas con y sin hijos, partidarismos variados y diferentes perfiles de uso digital. Así y todo, entre quienes tienen hijos menores, el apoyo explota al 83,1%, lo cual en un año electoral y donde las divisiones de opinión vuelven a ser infladas por las diferentes campañas, puede convertirse en un caballito de batalla ganador.
La polarización, tan asociada al uso de las redes sociales se desvanece cuando se trata de controlar problemas reales surgidos de su uso cotidiano. Semejante apoyo le confiere plena legitimidad social a dicha propuesta, desmintiendo parte de la crítica a la regulación anclada en la alegación de que discriminaría la libertad de expresión de una mayoría o se trataría de una agenda restringida a grupos específicos o nichos.
Gatillos del apoyo regulador
Así como ocurrió en Australia, donde el gobierno justificó la prohibición para priorizar el bienestar de los menores por encima de las ganancias de los gigantes tecnológicos, el apoyo a la regulación en nuestra región está directamente relacionado con la percepción del impacto de las redes sociales en niños y adolescentes.
En general, casi seis de cada diez de los encuestados cree que las redes sociales causan más perjuicios que beneficios a los jóvenes. Esta opinión es mayoritaria tanto entre las personas sin hijos como entre las madres y padres y está asociado a un mayor apoyo a las medidas regulatorias. El resultado coincide con un informe del 2024 realizado por el Instituto Alana, entidad defensora los derechos de los menores, que indicó que tres de cada cuatro brasileños perciben que los niños y adolescentes pasan demasiado tiempo en Internet.
La experiencia individual de agotamiento digital también refuerza la demanda por soluciones regulatorias restrictivas desde el gobierno.
Responsabilización y expectativas de solución
La ley australiana fue defendida públicamente atribuyendo a las “big techs” y sus algoritmos la responsabilidad por sus omisiones en proteger a la infancia. Es la misma lógica que hoy inspira a España, Reino Unido y Francia a proponer legislaciones parecidas. La restricción afecta a todas las plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook, TikTok, X, Snapchat y YouTube, quienes –a partir de la medida- deben verificar la edad de los usuarios, enfrentando multas millonarias si no cumplen. La culpa se proyecta claramente sobre las empresas.
Sin embargo, la mayoría de los brasileños que apoyan la restricción no señalan a las plataformas como principales responsables. Solo dos de cada diez cree que las empresas deben resolver el uso excesivo y sus efectos nocivos, y un 14,6% apunta al Gobierno. En cambio, una amplia mayoría (61,2%) considera que la responsabilidad principal recae en los padres y cuidadores.
Ese sesgo parece traducir los problemas de los menores frente a las redes sociales, no como el resultado de mecanismos planeados para enviciarlos (los algoritmos) y sí como fruto de falta de voluntarismo o inteligencia de los responsables por los niños. La necesidad de cambiar el eje de la naturaleza del problema es clave, incluso para neutralizar la eficacia de las campañas comunicativas de las “big techs” en transferir el fardo a terceros, que es como han saboteado intentos previos de limitar su actuación, bajo el discurso de la libertad de expresión y la soberanía familiar por encima de la interferencia del Estado.
Esa auto-culpabilización en exceso también refleja la ausencia de una reflexión crítica y realista sobre los medios efectivos que tendrían los padres para proteger a sus menores de los riesgos escondidos en el uso excesivo de redes sociales. Este no deja de ser un diagnóstico perverso ya que apunta a quienes más sufren las consecuencias negativas de las redes sociales (después de sus hijos) como los principales responsables.
En este marco, el juicio en California a las grandes tecnológicas podría equilibrar el juego en favor de la salud mental de niños y adolescentes, repercutiendo en la legislación de nuestra región y en los focos de las batallas electorales de este año.
Autor
Fabián Echegaray es director de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil, y actual presidente de WAPOR Latinoamérica, capítulo regional de la asociación mundial de estudios de opinión pública: www.waporlatinoamerica.org.
