A finales de 2024, el G20 situó la propuesta de reforma de la gobernanza global en el centro del debate internacional. Bajo la presidencia brasileña, la reunión celebrada en octubre en Río de Janeiro fue una invitación formal a las mayores economías del mundo para repensar las reglas actuales que rigen el sistema internacional de forma desigual y, en particular, injusta con respecto a los países del Sur Global. Sin embargo, desde entonces, el tema ha perdido protagonismo en la agenda global.
Si bien Brasil ha mantenido su compromiso de promover este debate, ahora en el marco de su presidencia de los BRICS, las economías del Norte Global han mostrado poco interés en profundizarlo. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el enfriamiento de los conflictos entre Rusia y Ucrania, y la continua ofensiva de Israel contra Gaza han dejado poco espacio para el debate sobre una reestructuración internacional guiada por la justicia y la equidad.
Aun así, es fundamental comprender qué representa esta reforma de la gobernanza global, especialmente para los países del Sur Global que la defienden activamente. En términos generales, se trata de una propuesta para reconfigurar las reglas de funcionamiento de instituciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial y el FMI. El objetivo es revisar el sistema de pesos y contrapesos que estructura la actuación de los Estados en estos espacios, corrigiendo desequilibrios históricos y redistribuyendo el poder. Este sistema se diseñó originalmente en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando las dinámicas económicas y políticas eran muy diferentes a las actuales.
Hoy en día, el escenario global es diferente. Estados que antes ocupaban posiciones periféricas en el sistema internacional ahora desempeñan papeles estratégicos en la economía y la política mundiales. La reforma de la gobernanza global busca reflejar esta nueva realidad, replanteando también la arquitectura financiera internacional, los modelos de préstamo y los mecanismos de ayuda al desarrollo, a menudo estructurados de forma que perpetúan las relaciones de dependencia entre el Norte Global y el Sur Global, en lugar de fomentar una cooperación genuina.
En 2024, algunos países del Norte Global manifestaron, al menos retóricamente, su apoyo a esta reforma. Francia reconoció la necesidad de cambio y Alemania comenzó a promover ajustes en instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial. Con el pretexto de un sistema internacional más equilibrado y menos marcado por legados coloniales, algunos gobiernos incorporaron agendas feministas para apoyar narrativas de equidad y justicia global.
Sin embargo, las contradicciones de estos compromisos se hicieron evidentes. Si bien se utilizan discursos progresistas y feministas para legitimar la necesidad de reformas estructurales, las prácticas económicas de estos países siguen apoyando un modelo financiero que perpetúa la naturaleza jerárquica de las relaciones entre el Norte Global y el Sur Global.
Esta inconsistencia fue analizada por el Observatorio de Política Exterior Feminista Inclusiva en un estudio que demostró cómo países como Alemania y Canadá reconocen la necesidad de cambios en las normas y prácticas de la ONU, el FMI y el Banco Mundial, pero evitan asumir compromisos efectivos que puedan generar transformaciones concretas. Además, si bien durante gobiernos más progresistas como el de Justin Trudeau en Canadá y el de Scholz en Alemania -Annalena Baerbock fue responsable de sus políticas-, ambos países adoptaron perspectivas feministas para sus políticas de desarrollo con narrativas centradas en acciones más justas y equitativas en el sistema internacional, estos gobiernos continuaron reproduciendo mecanismos de dependencia financiera, política y social.
Ante el actual escenario de inestabilidad política y económica, los discursos y posturas más progresistas han perdido fuerza. Esto se observa, por ejemplo, en los países analizados por el estudio OPEFI, que, debido a los cambios electorales, han ido abandonando la etiqueta de «feminista» y, con ella, las narrativas que, aunque a menudo contradictorias y con escaso respaldo práctico, favorecían la participación en espacios multilaterales de diálogo y la propuesta de revisiones por parte de los países del Sur Global.
La reorganización global observada con el auge de los gobiernos de extrema derecha, el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense y las constantes amenazas a la democracia ha limitado cada vez más el progreso y la adhesión a la reforma de la gobernanza global. Ahora, en 2025, el tema prácticamente ha desaparecido de la agenda de los países desarrollados. Preocupados por el aumento de las inversiones en defensa y la guerra arancelaria impuesta por Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Canadá muestran poco interés en los impactos nocivos de la actual arquitectura financiera global en el Sur Global.
Si bien la crisis actual es un síntoma inherente a la estructura del sistema internacional —que perpetúa la desigualdad y la inestabilidad—, la demanda de justicia y redistribución de oportunidades continúa siendo marginada por los actores con mayor capacidad para impulsar el cambio. Mientras las instituciones internacionales fracasan reiteradamente en el cumplimiento de sus objetivos, quienes podrían propiciar una reforma permanecen inertes, priorizando el mantenimiento de un statu quo que les resulta conveniente y alejado de cualquier principio que pueda considerarse verdaderamente feminista.
