El nombre Mahmoud Khalil está destinado a quedar grabado en la historia de los Estados Unidos. Lo que aún está por verse es si será un símbolo de la perseverante resistencia de la democracia estadounidense o de su agonizante fin. El caso Khalil ha puesto en juego el estado de derecho, y su resolución puede solidificar las bases de un régimen autoritario con Trump como dictador.
El 8 de marzo por la noche, Mahmoud Khalil fue arrestado en la entrada de su domicilio y enfrente de su esposa embarazada de 8 meses. Los oficiales, vestidos de civil, lo esposaron y declararon que iba a ser deportado dado a que su visa de estudiante había sido revocada. Khalil argumentó que, si bien no es ciudadano estadounidense, cuenta con una green card que le brinda residencia permanente. Los oficiales, algo sorprendidos, dijeron que la green card también había sido revocada y se lo llevaron en un vehículo sin matrícula. En ningún momento mostraron una orden de arresto, una sentencia judicial, o alguna identificación oficial demostrando que eran autoridades legítimas de alguna agencia federal. Mahmoud Khalil no fue ni detenido, ni arrestado: fue “secuestrado”.
Khalil fue rápidamente trasladado desde Nueva York a New Jersey, primero, y luego en avión a Louisiana. Su inminente deportación sólo fue temporalmente suspendida luego de que sus abogados interpusieron un pedido de habeas corpus ante un juez federal en Nueva York. Su primera aparición frente a una corte migratoria en Louisiana tiene fecha para el próximo 27 de marzo. Lo más sorprendente, y peligroso, es que su detención y revocación de residencia no fue debido a la comisión de algún delito, sino al poder discrecional y arbitrario del ejecutivo estadounidense. Mahmood Khalil es un prisionero político.
El Secretario de Estado Marco Rubio, siguiendo las instrucciones del Presidente Trump, legalizó su accionar en las provisiones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 que lo autoriza a expulsar extranjeros, residentes o no, cuya presencia o actividades representen un perjuicio para la política exterior o la seguridad nacional. El ejecutivo argumenta que Khalil, en su rol de líder de las protestas estudiantiles en la universidad de Columbia, en contra de la guerra en Gaza, promovió la ideología antisemita y actos pro-Hamas. Para los abogados de Khalil, Trump utiliza este caso para atacar el derecho a la protesta y censurar opiniones contrarias a políticas de su gobierno, de los Estados Unidos y de Israel. La realidad es algo más compleja y tenebrosa.
Durante su campaña presidencial, Trump prometió deportar a todos los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas universitarias en contra del accionar israelí, clasificándolos como antisemitas y simpatizantes de Hamas. Diputados y senadores Republicanos, y algunos Demócratas también, mantuvieron audiencias públicas con las rectoras de Columbia, Harvard, MIT, y Penn, en donde fueron sometidas a “juicios espectáculo”, llevándolas a sus eventuales respectivas renuncias. Esta fue la primera gran victoria del conservadurismo Republicano en su llamada guerra cultural contra el progresismo.
Las acusaciones infundadas de antisemitismo y apoyo a Hamas en las protestas fueron solo una excusa para comenzar un ataque despiadado contra las instituciones universitarias estadounidenses que son vistas como los centros de las elites culturales de adoctrinarían progresista. Estas últimas, según la derecha conservadora y reaccionaria, revelaron su antipatriotismo al apoyar protestas lideradas por estudiantes extranjeros catalogados como antisemitas y anti americanos por criticar a activamente los Estados Unidos y a Israel.
Apenas unas horas después de la ceremonia de transición, Trump publicó varios decretos eliminando toda medida federal que promoviera los valores de diversidad, equidad e igualdad. Sus efectos se sintieron más allá de la burocracia del gobierno federal: todo tipo de subvención y crédito a corporaciones, y fondos de investigación a centros de desarrollo en ciencia y tecnología y a instituciones académicas fueron suspendidos.
Para los Republicanos, diversidad, equidad, e igualdad, son los pilares del así llamado “marxismo cultural” que incluye, según ellos, el multiculturalismo, el feminismo, la sexualidad queer, la teoría de raza crítica y el postcolonialismo. Todas ideas que iniciaron en la contracultura de los 60s y 70s y lograron amenazar los valores tradicionales a través de su popularización en los 90s en las universidades y en los 2000s-2010s con los medios de alcance masivo.
La Universidad de Columbia es la primera batalla de esta guerra cultural. Días previos a la detención de Khalil, Trump retuvo más de 400 millones de dólares en fondos de investigación del gobierno federal argumentando que Columbia no había protegido a sus estudiantes judíos. Para obtener los fondos, Columbia debía sancionar y expulsar a los estudiantes responsables, borrar la diversidad como factor en su admisión de estudiantes, permitir que agentes de inmigración accedan al campus y eliminar los departamentos de Medio Oriente, África, y Asia. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia lanzó una investigación contra grupos estudiantiles por “actividades de apoyo al terrorismo”.
La intimación tuvo efecto dado que Columbia expulsó a más de 20 estudiantes y se le revocó las visas a varios estudiantes extranjeros, siendo esta una exitosa prueba piloto. El Departamento de educación envió intimaciones similares a más de 60 universidades amenazando con cortar fondos federales si no eliminaban ciertos programas o cancelaban ciertos cursos; particularmente los relacionados con cuestiones de raza, feminismo, teoría queer, y colonialismo.
El proyecto político del Trumpismo y de sus aliados ideológicos como Orban, Milei, Bukele, Netanyahu, y Putin, entre otros, consiste en instalar regímenes autoritario, por lo que la erradicación del pensamiento crítico, de la libertad de investigación y enseñanza, y el progresismo en las universidades es el primer paso. Cancelar fondos y subvenciones federales es simplemente una estrategia de disciplinamiento.
Asimismo, lo es el caso Khalil que es una cuestión de libertad de expresión y no de seguridad nacional. Revocar las visas y deportaciones a extranjeros simplemente por sus opiniones, es una táctica cuyo objetivo es infundir miedo y pánico para silenciar a opositores y disciplinar a la opinión pública. No es coincidencia que la ley utilizada para deportar a Khalil fue promulgada durante el auge del MaCartismo, y contempla, además de la expulsión de extranjeros simpatizantes de ideologías totalitarias y antiamericanas, la desnacionalización de ciudadanos estadounidenses.
Lo que está comenzando a surgir en Estados Unidos es un nuevo MaCartismo, cacería de brujas ideológica y censura de opiniones disidentes críticas del país, acompañado por medidas autoritarias dignas de las Juntas Latinoamericanas de los 70s, cierre de universidades debido a actividades subversivas, “desaparición forzosa de terroristas” y criminalización de las protestas.
La supervivencia del estado de derecho depende de que las cortes limiten el poder discrecional del ejecutivo. La justicia debe rechazar el argumento de que Khalil representa un peligro para la seguridad nacional y afianzar el derecho de expresión, opinión y protesta de todos los individuos presentes en territorio estadounidense. El problema es que es posible que Trump ignore tal decisión judicial y deporte a Khalil, de la misma manera que en los últimos días se llevaron a cabo deportaciones de venezolanos y de una médica y profesora libanesa con visa de trabajo a pesar de órdenes judiciales que suspendían las expulsiones.
Trump argumenta que la ley de Enemigos Foráneos de 1798 permite interpretar la presencia de ciertos extranjeros en suelo estadounidense como una invasión, autorizando deportaciones sin revisión judicial. Asimismo, legisladores Republicanos han lanzado resoluciones para iniciar juicios políticos contra jueces federales que han declarado las acciones de Trump como inconstitucionales. Trump ha amenazado con destituir a tales jueces, invitando una objeción pública y muy poco usual del Presidente de la Corte Suprema, y desencadenando lo que se perfila como una grave crisis constitucional. El fin de un poder judicial independiente es el último eslabón previo a un régimen autoritario.
La libertad de Khalil es la libertad de todos.
Autor
Abogado. Postdoc en New School For Social Research (N. York). Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.
