Coautora Belén Herrero / Mientras los principales ensayos clínicos llegan a su fin, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2021 se necesitarán 2.000 millones de dosis contra la COVID-19. Todo indica que, una vez disponibles las primeras vacunas, lo que primará será la lógica del mercado. ¿Quiénes acceden primero?
A nueve meses de haber empezado la pandemia, no se han hecho acciones para declarar a esas vacunas como un bien público mundial. Se estima que las naciones ricas —con solo el 13% de la población mundial— ya han preadquirido la mitad del suministro potencial de vacunas en el mundo. A esto se suma que los distintos laboratorios vinculados a la fabricación continúan exigiendo la exclusividad y la protección de la propiedad intelectual. Esto impide a los países de ingresos bajos y medianos prepararse más rápidamente para producir y exportar versiones genéricas.
El debate sobre soberanía sanitaria en América Latina cobra un protagonismo central»
Aquí el debate sobre soberanía sanitaria en América Latina cobra un protagonismo central. Por un lado, está el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (iniciativa Covax, por sus siglas en inglés), una iniciativa público-privada, codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS. Covax apunta a convertirse en un mecanismo global para la compra de vacunas. Por el otro, la vacuna contra el coronavirus, producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, estará disponible, sin fines de lucro y «a perpetuidad», para países de ingresos bajos y medianos por medio del programa Covax.
Si bien esto puede convertirse en un mecanismo mundial para la compra de vacunas, no garantiza el acceso equitativo permanente o su relación con el cuestionado sistema de patentes. Aquí, dos datos novedosos que reposicionan a América Latina en el debate sobre soberanía sanitaria: uno, Argentina y México serán los países encargados de fabricar la vacuna Oxford-Astra-Zeneca. Segundo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, apoyado por 37 países, ha impulsado una propuesta en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud para un pool de licencias voluntarias de medicamentos, vacunas y tecnologías para compartir libremente.
En el momento más crítico de la integración regional, ¿podrán Argentina y México ser pivotes para construir relaciones regionales en torno a la vacuna como bien público regional, con el fin de abordar los desafíos sanitarios y sus determinantes sociales, políticos y económicos? ¿Podrá la región convertirse en un factor clave en esta nueva etapa de la pandemia, en la búsqueda de mecanismos para garantizar el acceso equitativo?
La COVID-19 como espejo de las deudas sociales y sanitarias en la región
La COVID-19 en América Latina revela y ahonda desafíos sanitarios inmediatos en Estados débiles, o debilitados, con sistemas de salud frágiles, así como retos a mediano y largo plazo que están relacionados con el combate a la pobreza y la desigualdad e inequidades socioeconómicas y de género. Recordemos que la COVID-19 se suma a epidemias como el dengue, cuya tasa es de, en lo que va del año, más de 1,6 millones de casos, mayoritariamente en Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. A esto se suman casos de chikunguña, zika y malaria, con Venezuela a la cabeza desde 2017.
Ciertamente, las crisis sanitarias exacerban todas las formas de injusticia social manifiestas en desigualdades en el acceso a servicios sanitarios, a la educación, al acceso a la protección social, y justicia de género. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha apelado a la reconstrucción de un pacto social regional que, como máximo propósito, promueva un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo; y como mínimo propósito, mitigue la pérdida en el progreso de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esto es una expresión lozana en un contexto donde hasta ahora ha primado la salida individual para contener la expansión de la covid en la mayoría de los países.
A diferencia de la década pasada, no hay motor común, sino retracción del regionalismo por la pérdida de liderazgo regional»
De hecho, la pandemia irrumpe en una región que da cuenta de una clara incongruencia entre, por un lado, el incremento de problemas regionales y fronterizos, y, por el otro, la disminución de respuestas concertadas. A diferencia de la década pasada, no hay motor común, sino retracción del regionalismo por la pérdida de liderazgo regional. Además, hay una absoluta agenda de mínima, que está vinculada al comercio que explica la ausencia de respuestas regionales sólidas frente a crisis y, sobre todo, frente a la COVID-19.
También hay tensión en términos político-ideológicos e importantes diferencias entre los Estados sobre cómo responder al contexto geopolítico internacional. Aun así, la carrera por la vacuna contra la covid aceleró, a su vez, la carrera por la articulación y concertación en lo que en rigor sería la reconstrucción de la soberanía sanitaria.
¿Vacuna como motor de integración? Hay legado
Una década atrás, la Unasur y el Mercosur hubieran permitido una coordinación y cooperación ante la crisis sanitaria, así como una estrategia conjunta para la compra de medicamentos, incluyendo la vacuna. Basta recordar acciones comunes en el marco de la pandemia de influenza de H1N1, cuando los ministros de Salud se reunieron en Ecuador y acordaron emprender acciones conjuntas para establecer mecanismos de negociación y compra conjunta de la vacuna, aspectos para asegurar el acceso equitativo, la capacidad de producción regional, los antivirales y los kits diagnósticos.
En el área de acceso a los medicamentos, por ejemplo, se desarrollaron proyectos como el Banco de Precios de Medicamentos y tanto la Unasur como el Mercosur han motorizado la negociación conjunta de precios de medicamentos de alto costo. Incluso, a escala global, los países de la región defendieron como bloque en la Asamblea Mundial de la Salud los derechos de propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos. Y en ese contexto denunciaron el monopolio que ejercen las empresas farmacéuticas, especialmente en la definición de precios.
América Latina cuenta con sobradas experiencias y mecanismos para recrear soberanía sanitaria a través de la cooperación. Una articulación más efectiva entre los mecanismos de integración regional podría permitir la ampliación del intercambio de datos epidemiológicos y de vigilancia, así como la adopción de incentivos para la innovación tecnológica. Las estrategias de negociación y compra conjunta de vacunas y tratamientos para la COVID-19 también podrían beneficiarse enormemente si los mecanismos pudieran desarrollarse de forma articulada.
La vacuna no remueve lo que el médico y antropólogo Paul Farmer denomina las patologías del poder ni diferencias político-ideológicas que debilitaron las estructuras regionales como base de estrategias comunes. Tampoco resuelve problemas de desvío comercial ni mucho menos es antídoto para que los Gobiernos no repitan las muchas prácticas discriminatorias mostradas durante el abordaje de la pandemia. Como ejemplo, las políticas que excluyen refugiados y migrantes indocumentados del acceso a servicios de salud y sistemas de protección social.
La vacuna es un incentivo comercial, si se quiere. Sin embargo, también puede ser un incentivo para dinamizar un nuevo pacto social y regional, que se base en sinergias entre redes de laboratorios y comunidades científicas regionales, así como una articulación de esfuerzos públicos y privados que privilegie la responsabilidad compartida en el acceso universal y equitativo a la vacuna como bien público regional, y a la salud, como derecho universal.
Episodio relacionado de nuestro podcast:
Foto da Presidência Peru en Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Profesora de Política Internacional de la Universidad de Southampton. Doctora en Política y Relaciones Internacionales por la Univ. de Warwick. Máster en Relaciones Internacionales por la Univ. de Miami y FLACSO-Argentina.
