El 2020 fue un año fatídico para la democracia venezolana. Las escasas esperanzas que existían de que el régimen pudiera transitar nuevamente hacia la democracia o de que, al menos, se abrieran nuevas oportunidades para revertir el proceso de autocratización que ha experimentado el país se esfumaron (casi) de forma definitiva.

A pesar de las sanciones impuestas por diversos gobiernos para promover un cambio en Venezuela, el colapso de la industria petrolera, los crecientes problemas de la vida diaria —la pobreza extrema afecta a la mayoría de la población, escasez de gasolina, el declive de los servicios públicos— y, sobre todo, la pandemia del COVID-19, el gobierno de Maduro sobrevivió y se fortaleció. 

Gracias al apoyo de aliados internacionales no democráticos —Rusia, Turquía, Irán, China y Cuba entre otros— y el desarrollo de una política sin escrúpulos para favorecer a las élites civiles y militares gobernantes, Maduro pudo preservar el poder, aumentar el control social y relegitimar su mandato.  El cuestionado presidente mantuvo su coalición intacta y sin deserciones significativas. Adem minimizó la capacidad de acción de la oposición, continuó restringiendo la autonomía de la diezmada sociedad civil y llevó a cabo acciones institucionales cruciales para consolidar su mandato, especialmente en las recientes elecciones legislativas. Así la mayoría democrática del parlamento fue remplazada por un control hegemónico del oficialismo y sus aliados.

Además, el Gobierno mantuvo a la Asamblea Nacional Constituyente funcionando e hizo todo lo posible para darle soporte jurídico. Incluso la aprobación por parte de la Constituyente de una ‘Ley Antibloqueo’ para promover las inversiones. La pandemia facilitó que diversas acciones represivas y violaciones a los derechos humanos fueran ejecutadas de manera impune, bajo la cortapisa del ‘estado de alarma’.

Las debilidades de la oposición

A pesar del apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países a la oposición y al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, esta tuvo grandes dificultades para mantenerse unida. Sobre todo, de cara al término de su mandato constitucional de cinco años y a las elecciones, de las cuales fueron excluidas las principales fuerzas opositoras.

Entre participar de las elecciones en condiciones inaceptables o abstenerse y denunciar la votación por ilegítima, la oposición optó por esto último. Ello permitió que los resultados fueran rechazados por los países que respaldan a Guaidó y la coalición opositora, así como el control de la Asamblea Nacional obtenido por el Madurismo. A pesar de ello, su posición actual es más precaria de cara al 2021.

Detrás de estos cambios se perciben al menos cuatro aspectos claves que tendrán un impacto significativo en la trayectoria del proceso venezolano.  El gobierno continuará promoviendo reformas económicas que presuponen compromisos con el sector privado, específicamente la dolarización de la economía y posiblemente la re-privatización de sectores actualmente en manos del estado. Las asociaciones civiles y demás representantes de la ciudadanía organizada, quienes son percibidos como una amenaza para el régimen, enfrentarán cada vez más persecuciones. Los efectos cada vez más graves de la pandemia cuya realidad el gobierno se niega a admitir. Y finalmente, el fin del mandato de Trump y la llegada de Biden que podría implicar un cambio significativo en las relaciones entre ambos países y, posiblemente, implique nuevos escenarios para la crisis venezolana.

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_{Foto de jeso.carneiro en Foter.com / CC BY-NC}