En los últimos meses ha cobrado fuerza la narrativa sobre una supuesta recuperación de la situación en Venezuela. Maduro y sus colaboradores, pasando por aliados nacionales e internacionales, hasta medios de comunicación, han comenzado a difundir la idea de que las condiciones mejoran y que los venezolanos comienzan a regresar. Eso a pesar de las advertencias realizadas por distintos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de que las causales que provocaron la emergencia humanitaria compleja todavía permanecen. Pese a ello, la promoción de esta narrativa ha continuado y, en algunos casos, se confunde con otros intentos de normalizar al régimen político vigente. Considerando lo anterior, importa contrastar esas visiones con la realidad.

Las dimensiones del colapso económico y sus consecuencias sociales

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 2013 y 2021 el Producto Interno Bruto (PBI) venezolano experimentó una reducción de más de 80%. Según la misma organización, Venezuela cerró el 2021 con un PIB per cápita promedio de US$ 1.685, el valor más bajo entre los países del continente americano. Esa realidad fue la consecuencia de casi dos décadas de políticas erráticas como el control de precios de los productos y servicios, el gasto público desmedido, la estatización de un centenar de empresas y el control de cambio de las divisas extranjeras.

A esto hay que sumar escandalosos casos de corrupción, el colapso de la industria petrolera por la pésima administración de la estatal PDVSA, y a partir de 2019, la imposición de sanciones sectoriales. Durante el mismo periodo, la economía nacional experimentó uno de los más largos ciclos de hiperinflación que se hayan observado en la historia, destruyendo el valor del bolívar y los ahorros de las familias. Como agravante de la situación, en esos años ocurrió un colapso general de los servicios públicos.

Como resultado, según la encuesta ENCOVI, entre 2013 y 2021 la tasa de pobreza por ingresos aumentó de forma acelerada hasta situarse en más de 90%. En 2019 la dramática situación llevó a la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU a calificarla como una emergencia humanitaria compleja.

La crisis humanitaria provocó daños irreparables en toda la sociedad como muestran los casos documentados que fueron denunciados en los últimos años. En 2020, el Programa Mundial de Alimentos, calificó a Venezuela como el cuarto país en el mundo con mayor proporción de la población en situación de inseguridad alimentaria aguda (9,3 millones de venezolanos, equivalente a 32% de la población). Además, más de 6 millones de personas abandonaron el país, provocando la mayor crisis migratoria ya vista en las Américas.

La respuesta gubernamental fue negar la crisis, prolongar decisiones de política que causaron el colapso económico, culpar a otros y darle la espalda a una población desesperada por sobrevivir. A partir de 2018, en un reconocimiento implícito del fracaso de las políticas económicas, Maduro levantó el control de precios y los aranceles para la importación de alimentos y otros productos, permitió que los productos y servicios pudieran ser transaccionados en divisas extranjeras, comenzó a recoger el dinero inorgánico de la calle para controlar la hiperinflación y empezó a ofrecer empresas expropiadas y quebradas a sus antiguos dueños, a la boligurguesia u aliados internacionales.

¿Estabilización en el foso?

En el último trimestre de 2021, de acuerdo con datos del propio régimen y estimaciones de distintos analistas, la economía venezolana volvió a presentar señales de crecimiento. Desde finales del año pasado, la inflación también presentó señales de desaceleración.

En este nuevo contexto de liberalización económica desordenada y en donde la seguridad jurídica está condicionada a la voluntad del régimen político, algunos sectores económicos comenzaron a mostrar señales de recuperación parcial, principalmente aquellos asociados al sector comercial y de servicios orientados al consumo final.

Para 2022, distintos analistas coinciden en que la economía deberá crecer a tasas de entre 5 y 20% en comparación al tamaño del PIB nacional de hoy. Sin embargo, también destacan que los sectores que muestran señales de recuperación son de poca profundidad productiva y bajo valor agregado.

Los brotes parciales de prosperidad en el nuevo capitalismo de amigos también están limitados a una pequeña proporción de la población con acceso a divisas extranjeras, profundizando la exclusión de la mayoría de los ciudadanos. Según estimaciones de la empresa de consultoría ANOVA, entre 2020 y 2021, mientras los ingresos promedio de la economía aumentaron en 65%, los ingresos del 30% de la población más pobre cayeron o permanecieron estancados.

Mientras tanto, el país presenta serios problemas estructurales que impiden su recuperación y que perpetúan la senda de empobrecimiento generalizado iniciado en 2013. La tasa de desocupación laboral se mantiene en más de 40%, equivalente a casi 9 millones de personas en edad productiva para trabajar, pero que se encuentran fuera del mercado laboral. En julio, según cálculos del CENDAS-FVM, el salario mínimo se situaba en 23,04 dólares mensuales, mientras el costo de la cesta básica se calcula en 460 dólares.

En 2022, Venezuela fue excluida del informe sobre la inseguridad alimentaria aguda, presentado por el Programa Mundial de Alimentos y la FAO, por las dificultades de esas organizaciones para acceder a datos. Sin embargo, según estimaciones recientes de la respetada especialista en protección y asistencia humanitaria, Susana Rafalli, entre 10 y 11 millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias urgentes.

En ese contexto, el flujo migratorio se mantiene. Según la última actualización de la plataforma R4V, la cifra de venezolanos en el exterior es de 6.8 millones de personas y diversos análisis confirman que son muchos más los venezolanos que salen que los que regresan.

Tal como muestra la evolución de los indicadores socioeconómicos, lo que se vive en Venezuela está lejos de ser una recuperación. Con dificultad se puede hablar de una estabilización, considerando las dimensiones del colapso sufrido. Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de la población todavía se encuentra en situación de pobreza, un tercio de la población pasa hambre y es mucha más la gente que sale que la que regresa. Por ello, es necesario decir que la narrativa de la recuperación es irresponsable y no contribuye en el incentivo a la comunidad internacional para seguir apoyando los esfuerzos para atender la emergencia humanitaria dentro y fuera de Venezuela.