La sociedad argentina está conmocionada por el atentado -fallido- contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Si bien aún se desconoce si se trata de acto de carácter individual o una conspiración más amplia, es un hecho de suma gravedad. En el pasado, los argentinos se han visto sacudidos por episodios de similar magnitud como las rebeliones militares entre 1987 y 1990, el intento de copamiento de un cuartel en 1989 por parte del Movimiento Todos por la Patria-MTP, el atentado al expresidente Raúl Alfonsín en 1991 y los atentados a la embajada de Israel en 1992 y la mutual AMIA en 1994 entre otros. Sin embargo, la particularidad de este episodio es que sucede en medio de un proceso de erosión del consenso democrático que se ha ido construyendo desde 1983.
¿En qué consiste el consenso democrático en la Argentina?
Podemos definir como consenso democrático la existencia de por lo menos tres condiciones básicas. En primer lugar la existencia del mutuo reconocimiento de los actores como adversarios y al mismo tiempo como interlocutores legítimos, en segundo lugar la existencia de procesos electorales cuyos resultados gocen de la aceptación (o por lo menos tolerancia) por parte de los perdedores y en tercer término la exclusión del uso de la violencia física y simbólica para dirimir la disputa política.
El retorno de la democracia en 1983 trajo aparejada la emergencia de un conjunto de prácticas políticas acordes con cierto estilo consensual. La unidad partidaria frente a la sublevación militar de semana santa en 1987, los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional de 1994, la experiencia cuasi coalicional de Eduardo Duhalde y la conformación de la Mesa de Diálogo auspiciada por la Iglesia Católica en el marco de la crisis social del 2001/2002 son ejemplos de esa mayor inclinación al compromiso. No obstante, el proceso de instauración del nuevo régimen político se caracterizó por la ausencia de pactos consociativos entre las élites políticas como aquellos producidos en Venezuela y Colombia durante la década de 1950 o en España durante los años setenta.
El conflicto entre un novel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las organizaciones agropecuarias en los primeros meses del año 2008 sobre la “Resolución 125” constituyó una bisagra. Esta crisis reinstaló una dinámica de confrontación prácticamente abandonada desde el retorno de la democracia en 1983.
El retorno de la confrontación trajo aparejada la emergencia de una serie de expresiones tendientes tanto a la descalificación del adversario como a la exacerbación de divisiones (pre) existentes en la sociedad argentina. En este contexto, aparecieron términos de dudosa capacidad explicativa, pero de indudable eficacia persuasoria como la categoría de “destituyente” y reaparecieron otros tendientes a la degradación política y personal (“gorilas”).
A pesar de ello, los resultados electorales han contado, en general, con la aceptación o por lo menos tolerancia de los perdedores, aunque se han advertido algunas situaciones que merecen especial atención. La ausencia de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la ceremonia de asunción presidencial de Mauricio Macri fue leída como un gesto de desconocimiento de la legitimidad del resultado electoral del 2015. Las denuncias realizadas desde el entonces espacio Unidad Ciudadana en las elecciones legislativas de 2017 y un posterior e insólito festejo de la derrota del oficialismo en noviembre del año 2021 representan una señal de advertencia sobre el resquebrajamiento del consenso sobre la tolerancia hacia un resultado electoral desfavorable.
Asimismo, el enrarecido clima político en los últimos días ha debilitado el consenso sobre el rechazo del uso de la violencia. Esto ha sucedido en particular a partir del alegato y pedido de condena de la vicepresidente por parte del Fiscal Diego Luciani, las manifestaciones frente al domicilio de la vicepresidente, los enfrentamientos con la policía de la Ciudad de Buenos Aires y con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la sazón precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, y una serie de amenazas cruzadas tanto a la vicepresidente como al propio fiscal de la causa Vialidad.
El peligro de la naturalización de la violencia física, en una sociedad marcada por la experiencia del terrorismo “privado” y “estatal” de la década del ‘70, permanece latente.
¿Está roto el consenso democrático?
Sin el peligro de la regresión democrática o del quiebre institucional, pero con un riesgo cierto de autocratización, existe hoy en Argentina un contexto político caracterizado por una disminución de la tolerancia hacia el adversario y los resultados electorales adversos, un debilitamiento del consenso acerca de la exclusión de la violencia, verbal y física, como recurso, y el eterno retorno de las “fantasías priistas” en el oficialismo.
La copa no está rota, pero está resquebrajada.
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Autor
Cientista político. Profesor asociado de la Univeridad de Buenos Aires (UBA). Doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (España).
