En varios países latinoamericanos existe una creciente polarización política que se fomenta desde el vértice del poder. Uno de los principales focos de ataque son los sectores de la oposición partidista y no partidista a varios de los Gobiernos de turno. El presidencialismo, que es la forma de gobierno común en la región, funciona eficientemente si existe una equilibrada relación entre el Gobierno y la oposición, pero sobre todo si los partidos, grupos y sectores que se ubican en una u otra situación comparten valores democráticos.

Los Gobiernos divididos, es decir, cuando el Gobierno no cuenta con una mayoría en el poder legislativo, pueden generar fases de ingobernabilidad. Sin embargo, la historia reciente de América Latina muestra que, por lo regular, la ingobernabilidad se fomenta desde los Ejecutivos, y cuando estos gozan de amplias mayorías legislativas, también hay mayor proclividad a fomentar prácticas autoritarias.

En los últimos años, sea bajo Gobiernos unificados o bajo Gobiernos divididos, una gran parte de los presidentes latinoamericanos, sus gobiernos y sus seguidores han atizado ataques a las oposiciones, poniendo en riesgo la estabilidad de las democracias, que de por sí no gozan de buena salud. A octubre de 2022, de los 16 países más grandes y poblados de la región, siete cuentan con un Gobierno unificado, es decir, que el partido del presidente y sus aliados tiene, al menos, mayoría simple en el poder legislativo.

Entre ellos están El Salvador, Nicaragua y Venezuela, que cuentan con un legislativo unicameral, y los tres ya son considerados autoritarios en los índices que miden la democracia en el mundo. Y México, que cuenta con un sistema bicameral, puede considerarse actualmente una democracia débil o con rasgos de regresión autoritaria.

Desde el 2007, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha controlado el 85% de la Asamblea Nacional, y la oposición apenas ha alcanzado el 15% de los escaños. En agosto de 2021, la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), que lideraba las encuestas, fue inhabilitada por el Tribunal Electoral, controlado por el oficialismo, y sus precandidatos fueron encarcelados. En las elecciones municipales de 2017 esa alianza había ganado cinco municipalidades, pero en julio de 2022 fueron tomadas por el Gobierno de manera ilegal y nombró a nuevos alcaldes. La situación se agravó en septiembre de este año cuando el régimen de Ortega ordenó detener arbitrariamente a familiares de opositores o disidentes a su gobierno.

En Venezuela, de cinco legislaturas que se han instalado desde el año 2000 bajo la Constitución de 1999, cuatro han estado bajo el control del gobierno chavista. Y cuando perdió la mayoría en 2016, Nicolás Maduro desconoció a la Asamblea en manos de la oposición y fraguó una estrategia para poner sobre esta a la Asamblea Constituyente de 2017 que solo respondía, de facto, a sus órdenes. Ello generó una crisis política y de representación a tal grado que los partidos y líderes de oposición decidieron no participar en las elecciones legislativas de 2020, a la par que el Consejo Nacional Electoral decidió aumentar ilegítimamente el número de legisladores de 167 a 207, de los cuales actualmente el 93% son oficialistas.

En El Salvador, en febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele, elegido un año antes, ingresó escoltado por miembros del Ejército a la sede de la Asamblea Legislativa, en ese momento controlada por la oposición, para presionarlos a votar un proyecto de solicitud de préstamo a Estados Unidos. Esta acción fue débilmente condenada dentro del mismo país, a pesar de que fue una clara violación de la soberanía del poder legislativo. En las elecciones legislativas de 2021, su partido, Nuevas Ideas, obtuvo el 76% de los escaños, y una vez instalados, votaron la destitución de los miembros de la Corte Constitucional y del fiscal general, quienes se habían opuesto a sus decisiones, y posteriormente designaron a miembros afines al Gobierno. Para justificar tan arbitrarias decisiones, Bukele llegó a decir: “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”.

Desde el 2018 en México, la organización Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus partidos aliados, tienen mayoría simple en las Cámaras de Diputados y Senadores, y han logrado aumentarla gracias al transfuguismo y a la poca disciplina partidaria de los partidos de oposición. Prácticamente, todos los días desde que ganó las elecciones, en sus conferencias “mañaneras”, el presidente se dedica a denostar y a ridiculizar a la oposición, y cuando los votos no les han alcanzado a su partido y aliados para llevar a cabo sus reformas legales, ha recurrido al chantaje y a la amenaza para que algunos legisladores de partidos de oposición voten sus iniciativas, tal como sucedió en octubre de 2022 cuando el Congreso aprobó la ampliación de la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Estos casos son muestra de la debilidad de las democracias en América Latina y de los peligros del presidencialismo cuando este no es controlado o, más bien, cuando no hay controles democráticos. Las oposiciones sistémicas en la democracia, partidistas y no partidistas, no solo son necesarias, sino que también su permanencia es indispensable. Así como no puede existir democracia sin elecciones, tampoco la hay sin oposición.

No basta la existencia de dos o más partidos: el que está en el Gobierno debe asumir que requiere y debe tener un contrapeso político, de otra manera surgirán tentaciones autoritarias, con el consecuente deterioro de los principios democráticos. La dialéctica gobierno-oposición no solo mide las fuerzas que apoyan al Gobierno, sino también aquellas que ejercen un poder activo de crítica, de control y de dirección alternativa de gobierno. En América Latina solo Colombia reconoce desde 2017 el papel de las oposiciones y les otorga derechos a partir de un estatuto.

La “oposición” no debe confundirse de ninguna manera con “hostilidad” al Gobierno. Las funciones de las oposiciones partidistas en las democracias son expresarse sobre la dirección que toma o debiera tomar el Gobierno; ejercer funciones de control, utilizando los recursos legales a su alcance, expresarse sobre los resultados de la actuación del Gobierno y sus consecuencias; y prepararse para la alternancia, es decir, toda oposición tiene la responsabilidad de mostrarse como una opción de gobierno.La oposición se ejerce a partir de una autoubicación que se asume a partir de una orientación ideológica, de un conjunto de ideas sobre la política y de los resultados del juego democrático. Solo en la medida en que se comprenda el poder y la estructuración de las oposiciones políticas, es posible entender también el éxito o el fracaso de los Gobiernos de turno, pero sobre todo el devenir de las democracias.

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