Coautor Bruno Nzinga Ribeiro 

El 11 de junio de 2022, la diáspora brasileña fue testigo de un acto político sin precedentes. Durante una visita a Estados Unidos, el presidente Jair Bolsonaro participó en una concentración de motos organizada por sus partidarios por las calles de Orlando, Florida. A lo largo de casi cuatro años, las caravanas en moto por las principales ciudades brasileñas se han convertido en una acción política del Gobierno federal. Aunque, en muchos casos, cuentan con una baja participación y van acompañadas de abucheos, son una forma de desafiar a los Gobiernos locales de oposición y emular en los medios un apoyo popular del que el bolsonarismo carece. 

Los videos y fotos de Orlando muestran una movilización compuesta en su mayoría por hombres blancos de mediana edad, con camisetas de la selección y montados en grandes motocicletas. Hecha por organizaciones brasileñas en Florida, la caravana formó parte de una agenda de Estado que comenzó con la participación en la Cumbre de las Américas y finalizó con Bolsonaro inaugurando el viceconsulado en Orlando. El presidente, en uno de sus tantos discursos destacó, entre otras cosas, que él y su público son «personas normales» y, más que oxígeno, necesitan libertad.  

Brasileños deportados de Estados Unidos 

El día anterior, el 10 de junio, el aeropuerto internacional de Confins, en Minas Gerais, registró el aterrizaje del avión número 64 fletado por el Gobierno estadounidense con el fin de repatriar a brasileños desde Estados Unidos. Se trata de un proceso que había sido suspendido en 2008, pero que volvió a tomar impulso durante los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro.  

El primer vuelo aterrizó en octubre de 2019 y, desde entonces, 6.441 brasileños han sido deportados, y todos ellos al aeropuerto de Confins. Existe poca información sobre la elección de este aeropuerto, pero se cree que, dada la fuerte historia de las redes migratorias entre Minas Gerais y Estados Unidos, el Gobierno estadounidense entiende que la gran mayoría de los brasileños son originarios o partieron de allí. Violando las leyes de reciprocidad y la soberanía nacional, el Gobierno de Estados Unidos viene impulsando esta medida, y el gobierno de Bolsonaro la acepta sin protestar. 

Diversos medios muestran que no existe ninguna política de acogida de estos brasileños. Los que llegan a Minas Gerais deben confiar en sus propios recursos o en las redes familiares para regresar a sus respectivos estados. Además, constantemente estos deportados presentan denuncias de violencia durante el proceso. 

Actualmente, hay 89.971 casos de brasileños pendientes de deportación. Sin embargo, el año fiscal estadounidense termina en septiembre y la expectativa es que hasta entonces se registre un ulterior aumento del número de vuelos con deportados. La gran mayoría se encuentra en los tres principales estados de residencia de la migración brasileña: Massachusetts, Nueva Jersey y Florida. Este último tiene a más de 9.000 brasileños pendientes de juicio.  

Sin embargo, las cifras adquieren mayor proporción cuando analizamos los datos del Yearbook of Immigration Statistics. Según esta fuente, entre 2019 y 2021, 81.935 brasileños fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos. La gran mayoría, en el estado de Texas, lo que sugiere que gran parte de los brasileños están accediendo a territorio estadounidense a través de rutas migratorias que atraviesan Centroamérica. Casi 170.000 brasileños fueron detenidos o están en prisión por haber cruzado la frontera con Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.  

¿Quiénes son estas personas? 

No faltan quienes juzgan a estas personas invisibles. Muchos dicen que avergüenzan al país; migrantes «ilegales» que están dañando la soberanía de Estados Unidos. Por lo tanto, la detención y la expulsión son medidas más que legítimas, impulsadas por los gobiernos de Trump y de Biden. Eso es asegurar su propia libertad. Cabe señalar que nuestro presidente también comparte esta premisa.  

Tenemos un Gobierno supuestamente patriótico, que permite unilateralmente la circulación de ciertas nacionalidades en Brasil, pero que acepta tranquilamente el maltrato de los brasileños indocumentados en el extranjero. La sorpresa no termina ahí. Tanto la Presidencia como ciertos diputados federales defienden con vehemencia la construcción del muro para garantizar la democracia «americana». 

¿Pero quiénes son estos brasileños deportados? ¿Qué dicen de Brasil? ¿Por qué el Gobierno federal y el de Minas Gerais guardan silencio sobre la forma en que estas personas están siendo deportadas?  

Al contrario del escenario aventurero dibujado por varios medios de comunicación, nuestros aeropuertos internacionales se han convertido en vías de escape para muchos brasileños que no soportan el aumento de nuestro costo de vida, el desempleo o el empleo informal, así como los crecientes recortes en sectores percibidos por el Gobierno como «gasto», tales como la salud y la educación.  

Los aeropuertos de Guarulhos, Santos Dumont y Confins son algunas de las puertas de salida para escapar de la miseria social y la desigualdad económica, que está siendo camuflada como una lucha del bien contra el mal. Una lucha que se extiende hasta las fronteras de Estados Unidos.  

Los emigrantes brasileños atraviesan Centroamérica a pie, se enfrentan a la violencia y a la muerte y, por último, son detenidos por las patrullas estadounidenses y su parafernalia bélica. Allí son ilegales como las drogas o los delincuentes, aquí son una vergüenza nacional. Detenidos, avergonzados y deportados, todos vuelven al aeropuerto de Confins y, una vez más, son abandonados a su suerte. El aeropuerto de Confins se ha convertido en una puerta giratoria, donde nuestra miseria va y viene.  

Mientras tanto, la carrera de motos en Orlando raya el asfalto y dibuja una república bananera de cara a los gringos. Alucinados y cómodamente sentados en sus potentes motos, los patriotas desfilan por Orlando dejando claro, una vez más, que la llamada «Patria querida, Brasil» no es para todos.

 _{Bruno Nzinga Ribeiro es magíster en Antropología Social, doctorando en el Programa de Posgrado en Antropología Social y estudiante de investigación en el Pagu-Núcleo de Estudios de Género de la Universidade Estadual de Campinas.} 

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