El año 2025 cerró con la sensación compartida de que el continente americano atraviesa un reacomodo profundo, aunque sin encontrar un rumbo estable. Las elecciones, lejos de afirmarse como celebraciones de fortaleza democrática, confirmaron que el voto hoy legitima proyectos incompatibles entre sí: desde gobiernos liberales que apuestan a la reducción drástica del Estado hasta experiencias conservadoras sostenidas en identidades culturales tradicionales, pasando por regímenes de mano dura que parecen depender más de la obediencia emocional del electorado que del equilibrio institucional. El mapa político no solo cambió de color; cambió de lógica. América gira nuevamente, pero lo hace sobre un suelo cada vez más frágil, erosionado por el desencanto ciudadano, la inseguridad estructural y la incapacidad de los sistemas políticos para producir certezas.
Sudamérica en tensión
Sudamérica fue el escenario más visible de esta transformación. En Argentina, Javier Milei transitó el segundo año de su singular experimento liberal-libertario con un ajuste económico profundo que, si bien comenzó a contener la inflación, no logró aliviar el peso cotidiano sobre los sectores más vulnerables. El país vive atrapado entre un gobierno que se asume portador de una misión “refundacional”, dispuesto a romper con décadas de prácticas estatistas, y una sociedad cansada, que exige resultados tangibles más allá de los discursos sobre revolución cultural o libertad económica. No se trata solamente del éxito o fracaso de un programa económico; lo que está en juego es la posibilidad misma de que un proyecto antisistema se convierta en una alternativa democráticamente sostenible.
Chile confirmó esa tendencia regional. La victoria electoral de José Antonio Kast simbolizó el retorno de una derecha dura al poder, respaldada por un voto territorial contundente. Sin embargo, ese triunfo no se tradujo en capacidad de gobernar sin frenos: el nuevo presidente llega con una fuerza parlamentaria limitada que lo obliga a operar en un Congreso adverso y altamente fragmentado. El caso chileno vuelve a demostrar que la legitimidad electoral no siempre garantiza gobernabilidad, y que el continente transita hacia un modelo donde la popularidad presidencial se enfrenta a contrapesos legislativos que la debilitan desde el primer día. Bolivia ofreció, además, el quiebre más simbólico: tras dos décadas de hegemonía del MAS, un gobierno de centroderecha llegó al poder e intentó desmontar los pilares distributivos que definieron al país desde inicios de siglo. La reacción social fue inmediata: huelgas, protestas y un conflicto político que devuelve al país a la inestabilidad. Brasil, por su parte, optó por la continuidad. Lula da Silva anunció su intención de competir nuevamente, alimentando una paradoja regional: el continente reclama renovación, pero muchas de sus figuras centrales siguen dependiendo de liderazgos del pasado reciente.
La seguridad como nuevo contrato
Centroamérica vivió un proceso diferente: allí la disputa no fue ideológica, sino institucional. El Salvador profundizó su modelo plebiscitario de seguridad total, con un estado que se expande desde las cárceles hacia todos los ámbitos de la administración pública. En Nicaragua, la represión política continuó con la misma intensidad y la democracia dejó de ser un horizonte y se convirtió en recuerdo. Guatemala intentó avanzar en una agenda anticorrupción bajo el acecho permanente de redes políticas y judiciales que buscan impedir cualquier reforma estructural. Centroamérica parece haber resignado la democracia liberal a cambio de liderazgos fuertes, y lo preocupante es que ese cambio cuenta con una aprobación popular significativa.
Mientras tanto, México y Ecuador representaron el conflicto latinoamericano entre violencia estructural y legitimidad democrática. En México, el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum estuvo marcado por un ajuste estratégico en materia de seguridad: se mantuvo la participación de las fuerzas armadas como elemento central del control territorial, pero se reforzó el componente civil en tareas de prevención, inteligencia y coordinación institucional. Este enfoque, junto a un entorno económico estable y a la fortaleza del dólar, contribuyó a sostener altos niveles de aprobación presidencial durante el cierre del año. En paralelo, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación inició sus trabajos en medio de expectativas elevadas y un escrutinio público intenso. No obstante, entre septiembre y diciembre la Corte encabezada por Hugo Aguilar Ortiz consiguió afianzar una imagen de autonomía institucional: operó con criterios propios, mantuvo distancia frente a presiones políticas y reafirmó su capacidad de orientar la agenda jurisdiccional con independencia. Su funcionamiento redujo temores iniciales sobre el rediseño judicial y fortaleció la percepción de equilibrio entre poderes.
Ecuador siguió el camino opuesto pero parecido: Daniel Noboa consolidó su mandato sobre la promesa de combatir frontalmente al crimen organizado. Su reelección confirmó que la ciudadanía ya no vota solo por proyectos económicos o ideológicos, sino por protección personal. La seguridad dejó de ser una política sectorial para transformarse en la esencia misma del contrato social.
En América del Norte, el regreso de Donald Trump modificó el equilibrio hemisférico. Estados Unidos reinstaló una agenda marcada por la presión migratoria, el endurecimiento de fronteras y una postura más confrontativa hacia regímenes autoritarios. El Caribe, por su parte, siguió arrastrando su crisis humanitaria más severa: Haití permaneció sumido en el colapso institucional, convertido en un recordatorio brutal de que el Estado fallido ya no es categoría académica, sino experiencia real.
Democracias agotadas: elecciones competitivas y deriva punitiva
Si se observa el continente en su conjunto, el 2025 presenta tres conclusiones inquietantes. La primera es que la democracia electoral sigue operando, pero la democracia liberal se erosiona. Hay elecciones competitivas, pero cada vez menos aceptación por los límites que sostienen al sistema. La segunda es que el malestar ya no impulsa proyectos progresistas de reforma social, sino liderazgos punitivos que prometen orden antes que futuro. La tercera es que la creciente obsesión por la seguridad ha desplazado discusiones históricas sobre desigualdad, integración o desarrollo; hoy el continente no debate cómo crecer, sino cómo sobrevivir.
Las democracias americanas siguen vivas, pero están exhaustas. Los gobiernos cambian, las ideologías rotan, las fronteras se reescriben, pero la incertidumbre no se despeja. América, en 2025, reconfiguró su mapa político sin lograr responder a la pregunta esencial: ¿estamos avanzando hacia una democracia más sólida o transitando hacia un orden donde el miedo sustituye a la ciudadanía? El año cerró sin una respuesta clara, aunque dejó una advertencia precisa: las sociedades fatigadas no eligen siempre lo mejor, eligen lo inmediato. Y lo inmediato, hoy, se llama seguridad.
Autor
Mexicano. Politólogo y Administrador Público por la Universidad Iberoamericana Puebla. Posee un Master en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica por la Universidad Rey Juan Carlos (España). Profesor universitario.
