Sea por legado de la filosofía clásica griega o por influencias del pensamiento católico agustiniano que separaba la esfera privada comercial (orientada por el lucro) de las decisiones colectivas en pos del bien común, muchos de nosotros nos acostumbramos a disociar el poder político y las definiciones públicas de las influencias de mercado. Esa separación pudo tener sentido en la época de los grandes imperios, construcción del Estado nacional y procesos independentistas contestadores del colonialismo propios del siglo XX, cuando las autoridades contaban con recursos, capacidades y legitimidad para surgir como la fuente casi exclusiva del bienestar nacional. Pero hoy en día, cuando corporaciones como Apple, Microsoft o Amazon tienen cada una un valor de mercado superior al PBI brasileño, ruso, canadiense o español —todos, países del selecto y enriquecido G20—, se hace difícil defender aquella división, así como exceptuar a la vanguardia empresarial de un papel más determinante que la producción de bienes.
La creciente atribución de capacidades y responsabilidades a las grandes empresas por el destino de las sociedades donde actúan y sus derivaciones ambientales, climáticas, éticas y sociales se inscribe en un proceso de paulatino reconocimiento del poder y competencias de las corporaciones. Esas potencialidades no solo reflejan una situación de paridad o hasta superioridad con las instituciones políticas convencionales para generar y distribuir impactos donde actúan. También retratan la percepción de inhabilidad o desinterés del poder público tradicional (Gobierno, instituciones del Estado, partidos o Parlamento) para gestionar problemas para los cuales los agentes del mercado (al igual que otros, como la sociedad civil organizada) se proyectan como mucho más capacitados para dar respuestas satisfactorias.
Esto explica la creciente expectativa de la ciudadanía por un comportamiento empresarial social y ambientalmente responsable. Un estudio de la consultora Market Analysis, junto con la red mundial de encuestadoras independientes WIN, que entrevistó a más de 33.230 personas en 39 países, revela que siete de cada diez adultos del mundo consideran extremadamente o muy importante estar conscientes e informados sobre las acciones de gobernanza socioambiental que ejecutan las grandes compañías.
En los principales países de América Latina como Brasil, México y Argentina, esa proporción llega al 80% o más. Aunque en una proporción algo menor, chilenos y colombianos también superan el promedio global en jerarquizar el conocimiento sobre la actuación corporativa en materia de sostenibilidad. Pero la importancia de la concientización va más allá de especulaciones en abstracto: poco más de 6 de cada 10 adultos en todo el mundo admiten que el comportamiento socioambiental corporativo molda sus preferencias de compra o adhesión a marcas.
Votar con el bolsillo eligiendo los ofertantes de productos y servicios (empresas) con mejores credenciales éticas y sustentables se conoce como “consumo político” y podría ser una fuerza transformadora capaz de extender la acción ciudadana más allá de las esferas formales de las urnas, la militancia partidaria o la protesta callejera. Ello ocurriría porque el poder y la capacidad de influencia social y ambiental de las corporaciones exige influenciarlas allí donde —de hecho— es posible moldar su comportamiento: su salud financiera, su participación de mercado, su reputación entre los consumidores y otros stakeholders.
El favorecimiento de firmas con gobernanza ciudadana que respetan el medio ambiente en vez de envenenarlo, o que amplían los derechos de sus funcionarios y comparten los beneficios económicos entre proveedores, sobre los que ignoran buenas prácticas socioambientales, contribuye a construir una sociedad más humana, abierta e inclusiva.
¿Por qué —entonces— no se materializa esa nueva forma de activismo y construcción de una agenda progresista impulsando un nuevo orden social que extienda la buena gobernanza de forma más masiva? El estudio Market Analysis/WIN también revela las sospechas que rodean a los agentes con poder, políticos y empresariales, en la región, estimulando la parálisis donde podría haber oportunidades de movilización progresista.
En los 39 países sondados tan solo una de cada cinco personas cree que la mayoría de las compañías operan seriamente con responsabilidad social y sostenibilidad. Otro 40% cree —al contrario— que, en su mayoría, las empresas buscan aparentar gobernanza; en definitiva, puro marketing. En América Latina, sacando al Brasil que, además de tener una estructura empresarial más compleja, tiene una tradición de debates e instituciones fuertes y visibles dedicadas a la propagación y reconocimiento de la llamada ciudadanía corporativa y los principios ESG (de gobernanza socioambiental), tan solo el 10% confía en los compromisos sustentables del mundo empresarial (la mitad del promedio mundial).
El actual escenario que combina fuertes expectativas de compromiso corporativo con el bien común por parte de los ciudadanos, sumado a su disposición para premiar o castigar firmas en función de su desempeño socioambiental y la baja credibilidad en el comportamiento altruista y prosocial de las empresas, representa un verdadero desafío. Por un lado, esa combinación redefine y consolida quienes son los nuevos jugadores de peso frente a los desafíos que nuestros países enfrentan, materializando un corrimiento de las expectativas de que los problemas importantes sean dirigidos hacia las empresas en lugar de concentrar toda la fe en las instituciones tradicionales de la política y del Estado. Por otro lado, esa situación genera un caudal de presión y demanda cuya canalización se frustra ante la incredulidad sobre las verdaderas intenciones corporativas. La posibilidad de que la actuación empresarial sea vista como oportunista antes que genuina, además de las frustraciones con el sistema político formal—, pueden abrir la puerta para expresiones radicalizadas o antisistema. La descreencia en la posibilidad de concretizar avances progresistas también por las vías de mercado ante Estados fallidos o Gobiernos paralizados como los que caracterizan nuestra región, junto con los comportamientos corporativos que alimentan o justifican dicha percepción, podrían frustrar la propuesta de un modelo duradero de desarrollo responsable.
Autor
Fabián Echegaray es director de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil, y actual presidente de WAPOR Latinoamérica, capítulo regional de la asociación mundial de estudios de opinión pública: www.waporlatinoamerica.org.
