Los últimos doce meses vieron una desactivación de las manifestaciones y participación popular en Brasil que llega a sorprender…al menos hasta el domingo 25 de febrero reciente cuando Bolsonaro convocó a sus partidarios a mostrar su fuerza movilizadora. ¿Correcto?

Para quien quedó perplejo con el asalto a los Tres Poderes del 8 de enero de 2023 por parte de millares de autodenominados “patriotas” buscando tomar el poder por la fuerza o para quien se acostumbró a ver las calles y playas tomadas por manifestantes y vehículos a favor de cada candidato de los comicios presidenciales de 2022, el Brasil de los últimos meses se asemejaba a un desierto.

El regreso de las protestas en 2013

La comparación se hace evidente yendo más allá del período electoral más inmediato: las marchas en moto contra autoridades o fallos judiciales favorecidas por la extrema derecha desde 2018, la ocupación plena de espacios públicos en fechas patrióticas convocadas por el expresidente Bolsonaro durante todo su mandato, las protestas de la izquierda y centro-izquierda contra las embestidas antidemocráticas del oficialismo en el gobierno anterior o para celebrar la liberación del ex presidente Lula de la cárcel, todos fueron eventos que revelaron un Brasil movilizado y en estado de virtual sublevación. Ni qué hablar de la sucesión de marchas, rebeliones y protestas de 2013 en adelante, las que hicieron pensar en que –de una forma inesperada– la ciudadanía se había despertado para la política, el interés público y la voluntad de participar abiertamente.

Los 185 mil brasileños que ocuparon la Avenida Paulista el último domingo de febrero para demostrarle su respaldo al expresidente Bolsonaro, hoy impedido de candidatarse, supuestamente revelarían la vigencia de una ciudadanía activa y fiscalizadora, algo que los libros de textos tenderían a traducir como ejemplo de democracia horizontal autónoma. La aglomeración puntual en favor de un liderazgo autoritario y condenado por la justicia -por más masiva durante un breve lapso del domingo- justamente refuerza la predominancia del diagnóstico sobre la desertificación de la vida pública en el país.

Y es que la movilización contrasta con la escasa capacidad de articulación y movilización cívica a pesar de la predominante subordinación religiosa de sus partidarios al liderazgo evangélico o la inercia por entronizar un mesianismo personalista condenado a no poder disputar cargos electoralmente.

Más allá de los millares que peregrinaron vestidos de verde y amarillo una tarde aislada de domingo en febrero del 2024, la fotografía de la participación y protesta cívica en Brasil no podría ser más contrastante con la que se vio dos años atrás en plena campaña electoral o 10 años atrás cuando aún sonaba el eco de las marchas y luchas urbanas del 2013.

Si estudios de opinión pública como los del Latinobarómetro revelaban que en el crítico año de 2013 tan sólo 34% de los brasileños entendían que votar era la mejor forma de garantizar el progreso nacional y el 50% proponían el combo “votar y protestar” para obtener ese resultado, diez años después las opciones se moderaron fuertemente. Hacia mediados del 2023, voto más protesta seducía a sólo un tercio (33%) de los ciudadanos, mientras que el método exclusivo de concurrir a las urnas para mejorar las cosas trepaba al 43% de adhesión.

Que quiere decir que la gente no salga a prtoestar

¿La desertificación de la escena pública revela el triunfo de la apatía política o –más grave aún- la desafección democrática? Ni un poco. El mismo estudio revela que el apoyo a la democracia subió a su máximo desde 2015, con 46% entendiendo que no hay mejor alternativa que la democracia.

En términos de indicadores de motivación política, el porcentaje de individuos que dicen conversar habitualmente de política en 2023 se mantiene virtualmente empatado con el de 2013. Lo mismo ocurre con quienes se comprometieron en campañas en favor de una causa pública o un candidato. Por otro lado, contraria a lo esperado, la encuesta revela muchos más ciudadanos firmando peticiones ahora que diez años atrás.   

No hay curso de ciencia política, discurso público o columna periodística en medios comprometidos con la democracia que no asocie el ideal cívico al individuo comprometido con el bien colectivo. Nos referimos al individuo involucrado de cuerpo y alma a través de su participación activa en la política local o nacional, informándose, deliberando con otros, presente tanto en las calles como en los ámbitos privados, militando y movilizándose para corporizar una voz pública visible.

Es el modelo de ciudadano democrático bosquejado por los clásicos, idolatrado por los movimientos iluministas que consagraron la revolución francesa en 1789 e inspiraron el nacimiento de las democracias posteriores al siglo XIX. No pocos lo asocian al prototipo ateniense de hace más de dos mil quinientos años de antigüedad, emblema y forjador de la aspiración democrática.

Es también el sujeto deseado e invocado por los progresismos de finales del siglo XX y las décadas del siglo XXI, especialmente de aquellos con ribetes populistas, donde el militante es entronizado como el motor propulsor del cambio democrático. La pureza aspiracional de ese modelo de civismo llega a ser cultivada casi como una profesión de fé religiosa, permitiendo su contaminación por visiones moralistas dogmáticas. Ser buen ciudadano, que significa estar zambullido en la vida pública, se convierte en una exigencia normativa. Después de todo, postulan quienes defienden ese ideal, la auto-exclusión de la política y el desinterés participativo conspiran contra una democracia fuerte al cederle toda la iniciativa a las élites.

Durante décadas sino ya siglos, ese ideal se naturalizó al punto de convertirse en un benchmark, en una base de referencia comparativa suficientemente exigente como para favorecer diagnósticos de apatía política en la población cuando dicha inmersión participativa no era identificada. Las reacciones de escepticismo cuando no de abierto cuestionamiento a ese standard no demoraron en surgir. Frente al frenesí revolucionario de los jacobinos que representaban ese ideal, conservadores como el líder tory en la Inglaterra de aquella época, Edmund Burke, advertían sobre los desvíos hacia la intolerancia, el monopolio del poder, la restricción de libertades de terceros y la improductividad que individuos constantemente inmersos en la vida pública podrían generar.

Ya en pleno siglo XX, politólogos liberales o moderados como Samuel Huntington alertaban sobre el riesgo de ingobernabilidad y destrucción de rutinas, instituciones y rituales democráticos por exceso de demandas imposibles de canalizar y procesar por sistemas políticos abiertos si todo el mundo estuviera constantemente en las calles reclamando y pidiendo más beneficios, más participación, más derechos. Estudioso de los procesos políticos en América Latina y otras naciones emergentes, Huntington interpretaba que ese ideal de máxima ciudadanía activada llevado a la práctica resultaba en el desborde de las capacidades concretas de satisfacer demandas crecientes y contradictorias de las siempre débiles democracias latinoamericanas. Perversamente, el modelo maximalista de ciudadanía participante enarbolado para profundizar la democracia terminaba por socavarla y abrir la puerta a los regímenes autoritarios.

La desparticipación lleva a la desdemocratización

Los extremos del éxtasis militante y la excesiva apatía política muchas veces capturan los vaivenes de nuestras sociedades, a pesar del amplio abanico de posibilidades intermedias. La perspectiva del civismo militante presupone que si los ciudadanos no están ocupando los espacios públicos con sus voces, intereses y valores, otros lo harán por ellos. Y no es raro que se asocie ese pronóstico a un resultado negativo: la desparticipación lleva a la desdemocratización.

Frente a semejante escenario adverso es entendible la mueca insatisfecha delante de cualquier atisbo de desmovilización y concentración en los intereses privados. También es fácil comprender la frecuencia con que se concluye que nuestras sociedades se caracterizan más por la apatía y la enajenación política que por el compromiso participativo.

En perspectiva histórica, los brasileños frecuentemente fueron caracterizados por esos sentimientos y conductas de lejanía y desapego al involucramiento político. Más aún comparados con argentinos o chilenos, por ejemplo. El retorno a la democracia pós-dictadura fue visto mucho más como resultado de una negociación entre élites que fruto de una presión popular. Y las eventuales movilizaciones y protestas ocurridas en las primeras décadas después de la transición palidecían comparadas con las masivas marchas en los países vecinos.

Sistemáticamente, votar cada cuatro años representaba la manera más clara y también la más ambiciosa de comprometerse en política. Otras modalidades permanecían lejos del radar público. De allí, el coro de voces de sorpresa entre científicos sociales y periodistas cuando en 2013 unas manifestaciones aisladas en algunas ciudades brasileñas en favor de descuentos en el transporte público para estudiantes rápidamente se convirtieron en protestas de proporciones homéricas con una agenda multi-temática y una aspiración a mejorar la calidad de la democracia.

La explosión participativa no tardó en ser instrumental a la desestabilización del gobierno de turno, democráticamente electo. La naturaleza de superioridad moral con que ese ideal cívico suele ser postulado favorece la justificación de su existencia más allá de sus efectos contrarios a la consolidación democrática. También favorece su penetración por un discurso de indignación ética y juicio normativo. El resultado es conocido: tres años después, la entonces presidente Dilma Rousseff fue apartada vía impeachment con el júbilo masivo de muchos que habían encarnado el modelo de ciudadano vigilante y militante. Las reglas de juego fueron dobladas para ocupar la presidencia por una coalición de centro-derecha y dos años más tarde la extrema derecha alcanzó el poder con Bolsonaro.

El aparente vacío actual de la escena pública por los individuos (más allá de algún evento aislado como la convocatoria de miles de simpatizantes de un único signo ideológico a un acto personalista a fines de febrero del 2024) está lejos de representar el triunfo de la apatía o un alerta por una supuesta indiferencia democrática.

Tampoco simboliza la satisfacción mayoritaria con la gestión del actual oficialismo ni la superación de la polarización afectiva que rápidamente incentivó la toma de las calles pocos años atrás. Suena más a una razonable digestión silenciosa de métodos y objetivos para favorecer ideales plausibles de representación y control efectivo del interés público sin sacrificar o arriesgar la gobernabilidad.