La muerte cruzada aplicada por el presidente Lasso descolocó el escenario político que deberá celebrar nuevas elecciones el Ecuador. Un sistema presidencialista no convive bien con expedientes de corte parlamentarista, como el de la muerte cruzada. En el diseño constitucional ecuatoriano, su adopción estuvo concebida como un instrumento disuasivo, pensado para negociar salidas consensuadas entre actores enfrentados, acosados por la amenaza de su posible extinción.
La disolución de la asamblea por parte del presidente debía funcionar como amenaza que permita evitar la escalada del conflicto. En este caso, sin embargo, los actores en pugna no advirtieron el riesgo de que esta se materializara. Actores poco dispuestos al diálogo, acostumbrados al canibalismo político, a una dinámica de devastación de las fuerzas opuestas, tiraron de las cuerdas hasta que estas se rompieron.
El presidente activó el dispositivo acosado por la coyuntura, al punto de sufrir su posible destitución en un juicio político en el cual más que de argumentos, a lo que se apuntaba era a limpiar el terreno de los juicios penales que mantienen en el exilio al expresidente Correa, y crear de esa manera, las condiciones que permitieran su regreso a la contienda política.
La aplicación de la muerte cruzada desactivó esta estrategia y generó, al menos por el momento, un nuevo espacio para la rearticulación de las fuerzas políticas. Sus efectos en la coyuntura inmediata fueron evidentes: logró desbloquear el conflicto y obligó a los actores a abandonar la confrontación para ocuparse de arreglar sus filas internas y colocarse en la línea de partida del próximo evento electoral. Un tour de force que puso en juego las capacidades del cálculo político y que obligó a los actores políticos a llenar listas y apurar los acuerdos internos.
Los efectos post mortem comienzan a evidenciarse, pero se volverán más claros y evidentes con los resultados de la contienda electoral. Los cortos tiempos para el recambio han hecho que el sistema vuelva a repetir sus lógicas, el inmediatismo y el personalismo se ponen a la orden del día, demostrando que es un fenómeno claramente derivado de lo que la Constitución de Montecristi depara para el sistema de representaciones. Un hibrido que permite la coexistencia de partidos políticos de representación nacional y movimientos políticos de representación local. Un diseño institucional que favorece, paradójicamente, la construcción de liderazgos personalistas y la concentración del poder, una clara base de soporte para el caudillismo y el hiperpresidencialismo.
Hay otro elemento de naturaleza diferente, pero que entra a jugar y que seguramente moverá las prioridades de los electores al momento de acercarse a las urnas, y es el llamado en el mismo acto electoral, a consulta popular sobre la eventual suspensión de actividades petroleras en el bloque 43 en el noreste amazónico. La Corte Constitucional aprobó la consulta luego de 10 años de haber sido propuesta. Si entonces se trataba de impedir su explotación, ahora a lo que se apunta es a detenerla luego de que se han producido casos de desastres ambientales que han contaminado al parque natural Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Esta confluencia de la consulta en el mismo acto electoral, podría incidir seriamente en las motivaciones del voto, especialmente en el sector joven que oscila entre los 16 a los 35 años y que conforma el 30% del electorado.
Siendo este el contexto, la carta electoral y los alineamientos parecerían estar ya definidos; según las principales encuestas de opinión el escenario tiende hacia la polarización del voto entre Luisa González, fiel seguidora de Rafael Correa y que expresa el ala neoconservadora del correismo, y Yaku Pérez, quien aglutina a sectores del ambientalismo y de la izquierda tradicional, mientras el centro derecha, dividido entre Jean Topic, Otto Sonenzholzner y Fernando Villavicencio, parecería reducirse a disputar el liderazgo de la tendencia, y a ubicar sus candidaturas en el radar de los electores para las elecciones del 2025.
Todo parecería indicar que los grandes desafíos para el país de ninguna manera se resolverán con el cambio político inducido por la muerte cruzada. Quedan pendientes los problemas estructurales de la política y de la economía a los cuales los candidatos parecerían no dar particular atención. Entre ellos, la necesidad de convocar a una radical reforma del sistema político que, entre otros temas, apunte a reducir la dicotomía entre partidos y movimientos políticos que ha sido responsable de la fragmentación política actual donde existen 287 organizaciones políticas. Una fragmentación que explica la carencia de propuestas programáticas de los candidatos y su desfile por la alfombra roja, en la que todo se reduce a la presentación de sus dotes personales.
Pero toda elección supone una renovación de expectativas. El revuelo generado por la muerte cruzada podría abrir la puerta de entrada a cambios sustantivos, tanto en la concepción del desarrollo económico al promover un importante impulso a la salida del extractivismo, como a la reforma institucional que acabe con el hiperpresidencialismo, pero puede también ser la puerta de entrada para el regreso de Rafael Correa y con el del neopopulismo y su sistemático acoso a las instituciones democráticas. Algo que más de la mitad del electorado quisiera conjurar, pero que la misma fragmentación del sistema podría encargarse de posibilitarlo.
Autor
Sociólogo. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades de Ecuador y es autor de varios libros. Doctor en Sociología por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especializado en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
