El gobierno de los Estados Unidos (EUA) tiene una larga lista de participaciones en golpes de Estado, desestabilización de gobiernos democráticamente elegidos y sabotaje activo de políticas públicas emancipadoras en América Latina. A menudo, los acuerdos de cooperación y desarrollo firmados por agencias gubernamentales internacionales se utilizan como instrumento para socavar los procesos democráticos y dirigir las acciones de los gobiernos de estos países de forma que beneficien a los intereses estadounidenses y al gran capital internacional.
El principal ejemplo, entre muchos, es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que desempeñó un reconocido papel en la estructuración de los aparatos represivos que sostuvieron las dictaduras en todo el continente. En Brasil, los controvertidos acuerdos entre el Ministerio de Educación y Cultura y la USAID, firmados en los años 60 durante la dictadura militar, preveían la cooperación entre la Agencia y el gobierno brasileño para reformar la enseñanza superior en el país. Denunciados en la época como símbolos del aumento de la presencia norteamericana en Brasil, los acuerdos representaban, por un lado, un retroceso educativo, eliminando del currículo asignaturas como Filosofía, además de reducir la carga lectiva de materias como Historia.
Por otro lado, en los corredores del Estado brasileño, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se implementó una asesoría para formar y modernizar técnicamente a las fuerzas policiales, con asesores policiales estadounidenses que entrenaban a las fuerzas represivas brasileñas, un programa seminal de la Operación Cóndor.
Los asesores policiales estadounidenses habían estado presentes en Brasil desde el gobierno de João Goulart, y Frank Jessup, jefe del equipo asesor del programa de USAID en el momento del golpe militar de 1964, celebró en un telegrama a Washington que las autoridades policiales de los ocho estados en los que estaban presentes las fuerzas estadounidenses se hubieran unido al golpe. Jessup también celebró entonces que la presencia de los asesores policiales del país no fuera cuestionada en ningún momento por el gobierno de Goulart ni por la izquierda brasileña.
Migración venezolana
A partir de 2019, la presencia de USAID volvió a ser una constante en Sudamérica, especialmente centrada en la cuestión venezolana. Primero, la agencia participó en la operación de envío de «ayuda humanitaria» a Venezuela en apoyo a Juan Guaidó, quien en ese momento era reconocido por EE. UU. como presidente de ese país. Un informe posterior demostró que la operación «no siguió los principios humanitarios», y que se ordenó a los funcionarios que alinearan las decisiones de la operación «para reforzar la credibilidad del gobierno provisional».
El gobierno paralelo de Guaidó recibió 158 millones de dólares de USAID como financiación para el «gobierno venezolano» en virtud de un acuerdo firmado en octubre de 2019 para establecer «proyectos de desarrollo». Desde 2017, el gobierno estadounidense ha asignado 656 millones de dólares para ayudar a los venezolanos desplazados o para proyectos de desarrollo que involucran a venezolanos – de los cuales 437 millones de dólares han sido comprometidos por USAID.
En Brasil, la presencia reciente de USAID ha estado fundamentalmente vinculada al apoyo a proyectos con migrantes venezolanos desarrollados por organizaciones de la sociedad civil, bajo el amparo de la razón humanitaria.
El proyecto Oportunidades, con un presupuesto de 4 millones de dólares, tiene el objetivo declarado de facilitar el acceso de los migrantes venezolanos al empleo formal y a oportunidades de generación de ingresos. Se puso en marcha en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en enero de 2020, poco después de que el Gobierno de Jair Bolsonaro adoptara el lema «El socialismo excluye, Brasil acoge» para la Operación Acolhida (Bienvenida), creada para gestionar el flujo de venezolanos en la frontera norte de Brasil y ejecutada por las Fuerzas Armadas.
Este fenómeno coincide también con el creciente interés de los militares brasileños y de los líderes de la extrema derecha brasileña por el tema migratorio. En Brasil, el Frente Parlamentario Mixto de Apoyo y Acogida a los Migrantes y Refugiados Transnacionales acoge a líderes de la extrema derecha, como el general Eduardo Pazuello y la diputada Carla Zambelli.
Incluso después del fin del gobierno Bolsonaro, sigue llamando la atención la presencia de una amplia gama de entidades vinculadas al gobierno estadounidense en la financiación, implementación y ejecución de acciones vinculadas a la política migratoria brasileña. Durante el gobierno de Lula, procesos de participación popular en la elaboración de políticas migratorias han sido financiados con el apoyo no solo de la USAID, como en el caso de las Conferencias Libres sobre Juventud y Migración, sino también de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, vinculada al Departamento de Estado norteamericano. Este fue el caso de la Conferencia Estatal sobre Migración, Refugiados y Apátridas en el estado de Bahía.
La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), también estuvo entre los apoyadores de la Conferencia Libre sobre Inserción Socioeconómica y Promoción del Trabajo Decente para Migrantes, Refugiados y Apátridas. Recientemente, la OEA estuvo implicada en la desestabilización política de Bolivia, al divulgar un informe fraudulento que cuestionaba el proceso electoral de ese país, lo que llevó al gobierno de Jeanine Áñez, condenada por la justicia boliviana por haber organizado un golpe de Estado en 2019. Por último, la Embajada de Estados Unidos en Brasil también ha figurado entre los financiadores de servicios destinados a los migrantes.
Presencia preocupante
La presencia de un gobierno extranjero en la organización de procesos de consulta, elaboración y ejecución de políticas públicas es preocupante en varios sentidos, especialmente si las relaciones se han estructurado históricamente de forma abusiva y asimétrica.
En primer lugar, indica la presencia de una creciente política de externalización fronteriza, cuyo objetivo es diseñar e implementar la política migratoria estadounidense en los países sudamericanos, a pesar de las necesidades locales. La reciente migración masiva venezolana es también el efecto de anteriores injerencias estadounidenses en países soberanos, como Haití, sin que los haitianos merezcan la misma atención y presupuesto.
También refuerza la instrumentalización de la migración con fines geopolíticos -e ideológicos-, que implica un enfoque anticomunista extemporáneo de la región y de la cuestión migratoria. En Brasil, este proceso tiene lugar a expensas de una posible cooptación de la producción de la política migratoria en un momento especialmente fructífero, en el que se están elaborando dos Políticas Nacionales para los migrantes, una integral y otra sanitaria.
Por último, el gobierno estadounidense participa en la aplicación de políticas públicas en Brasil financiando y estructurando los servicios de asistencia a esta población, restringiendo el acceso a la asistencia a determinadas nacionalidades y segmentando el acceso a los derechos y, por último, recopilando y gestionando los datos de los inmigrantes. Se trata de un movimiento que hay que seguir de cerca y de forma crítica.
Autor
Profesor de la Universidad de Brasilia. Doctor y magíster en Antropología Social por la Universidad Federal de São Carlos. Miembro de la Fundación Wenner-Gren y ex miembro de la Plataforma de Ciencias Sociales en Acción Humanitaria de la Universidad de Sussex. Fundador y miembro de la coordinación del Frente Nacional de Salud del Migrante (FENAMI).
Psychologist specialized in Human Rights and Citizenship in the Context of Public Policies (cover CAPES/CNPQ). Coordinating professor of the specialization in Psychology and Migration (PUC Minas Virtual) and doctorate under FAPEMIG in the Postgraduate Program in Psychology at PUC Minas.
