En los últimos meses se han intensificado las señales de una sucesión dinástica en Nicaragua. Seis años después que emergiera la crisis sociopolítica en 2018, el régimen dictatorial encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, muestra signos claros de agotamiento. No solo por sus edades, también son incapaces de ofrecer una propuesta de futuro para el país. Las multitudinarias protestas que se extendieron durante 2018 y 2019, además de los altos niveles de abstención electoral en las presidenciales de 2021, mostraron que la población también está agotada. El descontento persiste y se ha profundizado. Aún así, los Ortega-Murillo insisten en permanecer en el poder y para eso han optado por la familia.
Una de las señales es la acelerada reestructuración de los círculos de poder, removiendo a numerosos funcionarios y cercanos colaboradores que ya no son de su confianza. Los cambios han generado un gran nerviosismo entre quienes, hasta ahora, se consideraban cercanos y “leales”. El grupo de los defenestrados ya es importante, y han encarcelado a varios. Las purgas muestran que la estructura de poder está mutando para que la persona elegida como sucesora mantenga el control sobre el país y pueda sostener la continuidad autoritaria. El régimen radicaliza el estado policial sobre el resto de la población nicaragüense. También ha adoptado formas de persecución transnacional para quienes están en el exterior a fin de asegurar el control y llevar a buen término la sucesión dinástica.
Un proyecto familiar dictatorial
Ortega ha acumulado diecisiete años continuos en la Presidencia de Nicaragua. En 2007, cuando regresó a ocupar el cargo, ya tenía entre manos instalar su proyecto autoritario. Desde el principio se empeñó en asentar las bases del régimen dictatorial. Pero, a diferencia de otros regímenes autocráticos en Latinoamérica, en los que la sucesión recayó en personas leales a los caudillos como en Cuba y Venezuela, en Nicaragua adquirió las características de una sucesión dinástica. Los demás integrantes del clan familiar se preparan para dar continuidad a la dictadura.
La primera en la línea de sucesión es Rosario Murillo, esposa de Ortega, vicepresidenta y única vocera del régimen. Murillo adquirió poder a raíz del apoyo que brindó a Ortega cuando en 1998 su hija Zoilamérica denunció que la abusaba desde niña. Una vez Ortega se instaló en la Presidencia, el poder de Murillo se incrementó aceleradamente, tomando el control del aparato de gobierno y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En 2016, durante el congreso del FSLN, Ortega anunció la candidatura de Murillo para vicepresidenta en las elecciones de ese año. Las dudas que habían respecto a la instalación de una nueva dinastía se despejaron. Por supuesto, Murillo ascendió a ocupar el cargo en un proceso electoral fraudulento.
El eje de poder gira alrededor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero en la medida que el tiempo ha avanzado y la crisis sociopolítica se profundiza y prolonga. Murillo se ha alzado por encima de toda la estructura. Incluso sobre personas de la más alta confianza personal de Ortega y la llamada “militancia histórica” integrada por exguerrilleros que pelearon en contra de la dictadura de los Somoza y se han mantenido bajo el alero del FSLN. Uno de los casos más recientes es el de Humberto Ortega, hermano de Daniel, general en retiro y el primer comandante en jefe del Ejército. Humberto se atrevió a criticar públicamente la sucesión dinástica. Eso bastó para que lo mantuvieran incomunicado y en detención domiciliar durante varios meses hasta su fallecimiento en septiembre pasado.
El círculo Murillo
Murillo ha construido un círculo propio de personas leales dentro del partido y el aparato de gobierno. La mayoría son relativamente jóvenes, comprometidas a punta de prebendas. Es conocida por el férreo control que ejerce sobre todas las instituciones estatales. Utiliza discursos de odio y amenazas para referirse a quienes considera opositores. Tiene un trato humillante con sus propios hijos y le obsesionan los asuntos esotéricos.
Mientras tanto, el resto de la familia Ortega-Murillo ejerce funciones públicas clave sin contar con nombramientos oficiales. Por ejemplo, encabezan delegaciones oficiales en visitas al exterior. Laureano Ortega Murillo ha adquirido un perfil público muy activo en los años más recientes porque le han encargado establecer acuerdos de colaboración con Rusia y China. También con algunos países del Medio Oriente. Usualmente encabeza las delegaciones oficiales que visitan Rusia y China.
Camila Ortega Murillo es la asistente personal de Rosario y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. En una ocasión Ortega le otorgó plenos poderes para firmar un memorando de entendimiento sobre temas culturales con China. Los demás hijos de la pareja presidencial se encargan de dirigir los medios de comunicación progobierno más importantes y empresas del grupo económico Ortega-Murillo. El proyecto político autoritario y de partido transmutó a uno de naturaleza familiar y con rasgos sultánicos.
Agotamiento del modelo
La primera en la línea de sucesión es Rosario Murillo. Pero es evidente que otros integrantes de la familia ya se están preparando en lo que parece ser un proyecto político autoritario pensado para el largo plazo. Pero esa sucesión enfrenta varios problemas. Uno de ellos es que no goza de respaldo ni legitimidad entre la población. Por el contrario, el descontento se ha profundizado y extendido incluso entre sus propios simpatizantes.
La posibilidad de continuidad del proyecto está comprometida porque el modelo ya se agotó. No es capaz de ofrecer posibilidades de futuro aún a sus propios partidarios. Por eso han optado por la radicalización autoritaria siguiendo cuatro líneas. Una es la reestructuración de la estructura de poder para que la persona sucesora cuente con la complicidad de sus más leales colaboradores. Luego, la reconfiguración del sistema de dispositivos de represión, vigilancia y control para contener el creciente descontento ciudadano. También, la creación de un marco legal que justifique sus actuaciones arbitrarias. Por último, la destrucción del capital social de organizaciones ciudadanas. Según ellos, podría incubar una nueva ola de protestas como la de 2018. Los Ortega-Murillo son conscientes de que el 2026 se perfila como una fecha clave para avanzar en su afianzamiento considerando que para ese año están previstas las próximas elecciones presidenciales.
La sucesión y las próximas elecciones se pueden convertir en un punto de inflexión. Tanto para abrir una oportunidad de cambio democrático como de fortalecimiento del proyecto autoritario. La sucesión implica de hecho, una transición que el régimen quiere que transcurra completamente bajo su control. Pero no hay ninguna garantía de ello. Sobre todo porque la posible “sucesora” atiza cada vez más las animadversiones de sus propios seguidores. Para las fuerzas de la oposición democrática de Nicaragua este escenario plantea varios desafíos.En principio, prepararse para ese eventual momento y constituir un interlocutor legítimo que pueda presentar una propuesta de transición democrática a la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional.
*Texto publicado originalmente en Diálogo Político
Autor
Es investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua.
