El ganador de las recientes elecciones húngaras, Péter Magyar, calificó al gobierno derrotado de Viktor Orbán como una «organización criminal». Pero más allá de los delitos que se le pueda demostrar ¿podría el ex presidente ser condenado por atacar a la democracia y el estado de derecho? Este es un elemento clave en las transiciones democráticas y es el principal tema para el futuro de la democracia de Hungría. La historia demuestra que cuando los autoritarios no han sido castigados, en muchos casos han vuelto al poder y a atacar la democracia.
La historia de cómo América Latina ha abordado el legado de dictadores y aspirantes a dictadores, desde los juicios a las juntas militares argentinas en la década de 1980 hasta el reciente juicio a Jair Bolsonaro en Brasil, ofrece una lección histórica para la Hungría. Y quizás también para Estados Unidos tras la era Trump.
Las transiciones democráticas, si bien generan esperanza en gran parte de la población, también son procesos delicados, lentos y propensos a la frustración. La Hungría post-Orbán es y será todo eso. Las multitudes que bailaban frente al Parlamento húngaro tras la victoria de Magyar recordaban a las que bailaban sobre el Muro de Berlín en 1989, y en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires en 1983. Sin embargo, aquellos fueron casos de transiciones políticas de regímenes autoritarios a democráticos. La situación de Hungría es diferente y quizás estemos ante un nuevo tipo de proceso de democratización. No se trata del fin del autoritarismo, sino del fin de la «desliberalización» de la democracia.
Lo que definió al gobierno de Orbán como no democrático fue la promulgación, desde 2011, de profundas reformas constitucionales que afianzaron los valores conservadores, reforzaron el control político sobre el poder judicial, modificaron los procedimientos electorales, centralizaron el poder y socavaron los derechos humanos. La erosión del estado de derecho, la demolición del equilibrio de poderes, y la «colonización» de las instituciones cívicas, medios de comunicación y las agencias estatales independientes por Fidesz, transformaron a la Hungría de Orbán en un régimen político singular.
Diversos especialistas han definido este régimen como un Estado mafioso, una democracia híbrida, un aspirante a fascista, un autoritarismo legal o un régimen iliberal con rasgos autocráticos. Y es que Hungría ya no era una democracia, pero tampoco un régimen autoritario en toda regla.
Dicho esto, los desafíos de Peter Magyar no serán muy diferentes a los que enfrentaron Alfonsín en Argentina, Suárez en España, Walesa en Polonia o Frei en Chile. Transiciones a la democracia que pasaron por reformas constitucionales, leyes que consolidaron la superioridad de la autoridad civil, rehabilitaron partidos políticos y ampliaron los derechos civiles y políticos, sin llevar a cabo purgas masivas del aparato de seguridad, reformar todo el sistema judicial, y sin procesar a cuadros enteros del régimen anterior.
En el caso de Argentina, Raúl Alfonsín enfrentó varios levantamientos militares, y Adolfo Suárez tuvo que lidiar con un intento de golpe de Estado y terrorismo de extrema derecha. Por lo tanto, es probable que el nuevo gobierno enfrente cierta resistencia interna y sabotaje por parte de los leales a Orbán, especialmente si se impulsa el desmantelamiento de los obstáculos impuestos por el régimen anterior. Esto podría generar inestabilidad y relegitimar a Orbán.
De esta manera, podríamos estar presenciando un nuevo tipo de proceso de democratización, a partir de un régimen que se dedicó a desmantelar activamente el estado de derecho y las instituciones democráticas, pero que aún no había cruzado el umbral del autoritarismo total, como lo demuestra la reversión electoral.
Brasil y Estados Unidos atravesaron un camino similar recientemente, en 2022-23 y 2020-2021 respectivamente. Si bien en ambos casos no podemos hablar de “el régimen de Trump o de Bolsonaro”, es evidente que tenían la intención de subvertir la democracia, como lo demuestran sus respectivos intentos de golpe de estado. Al negar los resultados de las elecciones de 2020 y fomentar las mentiras sobre el fraude electoral, Trump redefinió la política populista, permitiendo e inspirando a otros líderes a negar la legitimidad electoral de sus oponentes. El intento de golpe de Trump del 6 de enero de 2021, alentó a otros, como Bolsonaro en Brasil.
Una diferencia clave es que Bolsonaro fue juzgado por sus crímenes contra la democracia brasileña y el 11 de septiembre de 2025 la Corte Suprema lo condenó a 27 años de prisión. Brasil sentó así un precedente para las democracias del mundo. En cambio, en el caso de Trump no se hizo justicia. Se le permitió lanzar su tercera campaña presidencial y regresar al poder.
Si Peter Magyar es sincero en su deseo de volver a la democracia, tendrá que afrontar importantes desafíos, sobre todo en lo que respecta al equilibrio entre justicia, estabilidad social y económica, y viabilidad a largo plazo. La historia nos enseña que el revanchismo por sí solo conduce a resultados antidemocráticos o tecnocráticos. El desafío reside en cómo integrar a algunos de los partidarios del líder autoritario en una forma de democracia más inclusiva e igualitaria.
Cada vez que cae un régimen antidemocrático, surge la pregunta clave de hasta qué punto, y durante cuánto tiempo, se hará justicia.
Autor
Profesor de Investigación de la Universidad en el Exilio y Profesor de Historia en la New School for Social Research. Fue profesor en Brown University. Doctor por Cornell Univ. Autor de varios libros sobre fascismo, populismo, dictaduras y el Holocausto. Su último libro es "Brief History of Fascist Lies" (2020).
Abogado, docente e investigador en el Área de Estudios Internacionales, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín. Postdoctorado en New School For Social Research, Nueva York. Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.
