“Mamá, ¿hasta cuándo voy a estar aquí?”, pregunta Jonathan Muir Burgos, un cristiano cubano de 16 años y uno de los presos políticos más jóvenes del régimen, durante las llamadas telefónicas de primera hora de la mañana desde la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. En esa pregunta se concentra la angustia de una generación que protesta contra los apagones, la escasez y la ausencia de libertad en Cuba. El encarcelamiento de Jonathan contradice de forma flagrante las reiteradas afirmaciones del presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de que en la isla no hay presos políticos.
Jonathan fue detenido por participar en las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón, en Ciego de Ávila. Ahora se enfrenta a cargos de “sabotaje”, un delito ambiguo y politizado utilizado con frecuencia para criminalizar a la disidencia. Está recluido en Canaleta, una de las prisiones más duras de Cuba.
El caso de Jonathan refleja una realidad más amplia en la Cuba actual: los jóvenes ya no son un pilar del sistema político, sino que cada vez más representan una de las principales fuerzas impulsoras de la oposición al régimen.
Todavía no hemos escuchado a Jonathan explicar con sus propias palabras por qué se sumó a las protestas. Estando en una prisión de máxima seguridad, tiene muy poco margen para hablar con libertad. Sin embargo, las injusticias que ha vivido a lo largo de su corta vida ayudan a explicar por qué finalmente decidió salir a la calle.
Desde pequeño, Jonathan fue estigmatizado por su fe cristiana y las creencias religiosas de su familia. Según su padre, el pastor Elier Muir, los profesores se burlaban de él y lo marginaban. A los 11 años las autoridades escolares lo responsabilizaron de la mala conducta de otros alumnos en el aula, y trataron el incidente como un “caso político”. Su historia ilustra cómo la educación en Cuba puede funcionar más como una herramienta de adoctrinamiento ideológico que como un derecho social.
Un tiempo después, el padre de Jonathan perdió su trabajo tras negarse a colaborar con la Seguridad del Estado, mientras la familia se convertía en blanco de actos de repudio tras fundar la iglesia Tiempo de Cosecha. Según Elier Muir, algunos grupos que actuaban bajo instrucciones de la seguridad del Estado apedreaban a la familia después de los servicios religiosos.
En este contexto, la participación de Jonathan en las protestas de Morón fue la culminación de años de exclusión y resistencia silenciosa. Su historia se desarrolla en paralelo al surgimiento de una cultura de protesta más amplia en Cuba, donde artistas, estudiantes y ciudadanos comunes llevan años exigiendo mejores condiciones de vida, mayores libertades, cambios democráticos y la liberación de los presos políticos.
Como han señalado académicos como Sidney Tarrow, los movimientos de protesta se desarrollan a través de símbolos compartidos, identidades colectivas y repertorios recurrentes de resistencia. En Cuba, esta cultura de protesta ha tomado forma gracias al poder aglutinador de la canción Patria y vida, el auge del activismo en redes sociales tras la expansión del acceso a internet y tácticas como las transmisiones en directo, los cacerolazos, los grafitis, las sentadas y las denuncias públicas. En conjunto, estos métodos ayudaron a sostener la movilización cívica tras las protestas del 11 de julio de 2021, pese a la dura represión. El Observatorio Cubano de Conflictos ha documentado decenas de miles de actos de protesta y resistencia no-violenta en los últimos seis años, lo que ilustra aún más el surgimiento de esta cultura de protesta.
Uno de los rasgos definitorios del reciente movimiento de protesta en Cuba ha sido la destacada participación de jóvenes y menores de edad, que también se han convertido en objetivos prioritarios de la represión gubernamental. En julio de 2022, Justicia 11J y Cubalex informaron de que, de aproximadamente 1.484 detenidos vinculados a las protestas del 11 de julio, 166 tenían entre 12 y 20 años y 566 entre 21 y 35. Para abril de 2026, se creía que al menos 33 menores estaban encarcelados o se enfrentaban a procesos judiciales por motivos políticos, según Prisoners Defenders.
Las manifestaciones de Morón inquietaron profundamente a la élite gobernante cubana. Encabezadas en gran medida por adolescentes y, según informes recientes, posiblemente las mayores protestas antigubernamentales desde el 11 de julio de 2021, reunieron entre 1.000 y 2.000 personas, según relatos de testigos. Lo que comenzó como una protesta contra el deterioro de las condiciones de vida escaló rápidamente hasta convertirse en un desafío directo al sistema de partido único y a la ideología gobernante del país.
Los manifestantes marcharon hacia las oficinas del Partido Comunista municipal, ocuparon el edificio, arrojaron documentos y muebles a la calle y encendieron hogueras en el exterior. El Estado respondió con palizas, gases lacrimógenos, perros policiales y disparos. Cuatro adolescentes fueron detenidos, junto con un total de 16 manifestantes.
Más que un estallido espontáneo de ira, las manifestaciones representaron un rechazo simbólico del propio orden político, evocando el derribo de símbolos autoritarios en otros contextos represivos.
Los sistemas autoritarios suelen apuntar contra los jóvenes porque representan a futuros líderes, organizadores y símbolos de cambio. El calvario de Jonathan ilustra claramente esta dinámica. Según algunos informes, las autoridades le negaron el tratamiento para la enfermedad crónica de la piel que padece mientras lo obligaban a dormir sobre colchones infestados de insectos. En redes sociales, las cuentas oficiales del gobierno también difundieron imágenes manipuladas con inteligencia artificial para humillarlo y socavar su credibilidad.
Sin embargo, las investigaciones sobre el asesinato de reputación sugieren que estas campañas dependen en gran medida de la credibilidad de quienes las llevan a cabo, algo de lo que el gobierno cubano, cada vez más impopular, parece carecer. En lugar de desacreditar a Jonathan, la campaña en su contra ha llevado a la emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a denuncias internacionales de legisladores, grupos religiosos y activistas, y a campañas de solidaridad dentro y fuera de Cuba. En Morón, los vecinos incluso han firmado un documento público en defensa del carácter y los valores de Jonathan.
Pero la criminalización de la disidencia juvenil en Cuba no es simplemente el exceso de un sistema autoritario abusivo. También refleja una lógica política más profunda. Desde sus primeros años, el régimen cubano cimentó gran parte de su legitimidad en el apoyo de los jóvenes, presentando a la juventud como el motor moral de la revolución. En un discurso pronunciado en 1962 durante la clausura del Primer Congreso Nacional de la Unión de Estudiantes de Secundaria, Fidel Castro declaró que “la juventud es como el termómetro que señala hacia la justicia, como la brújula que nos dice dónde está la justicia”, argumentando que la “pureza” y el “brillo” de una revolución podían medirse por la actitud de los jóvenes hacia ella.
Hoy, sin embargo, el creciente rechazo al sistema entre las generaciones más jóvenes apunta a una profunda crisis de legitimidad. La misma generación que antes se invocaba como prueba de la vitalidad revolucionaria se ha convertido en evidencia de su erosión. Poner en la mira a las generaciones más jóvenes cumple un doble propósito: castigar a la disidencia en el presente y desalentar la acción cívica futura silenciando a posibles líderes y organizadores.
El caso de Jonathan refleja un patrón más amplio de maltrato contra menores detenidos en Cuba por motivos políticos. Su detención y procesamiento por cargos de “sabotaje”, castigados con penas de hasta 15 años de prisión, parecen contradecir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece que la detención de menores debe utilizarse únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible. Someter a un joven de 16 años a duras condiciones carcelarias por protestar pacíficamente plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional.
Como argumentó Michel Foucault, el poder moderno no se limita a castigar; disciplina y busca la obediencia mediante una represión ejemplarizante. En la Cuba de hoy, la represión generacional no trata solo de controlar el presente, sino también de limitar aquello que las futuras generaciones creen posible. Tal vez ese sea el miedo más profundo del régimen: no un disidente o un movimiento en concreto, sino toda una generación que empieza a perder el miedo.
Autor
Investigador y director de Espacios Democráticos, una ONG dedicada a fomentar la solidaridad en Canadá con defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Cuba. Máster en historia latinoamericana de la Universidad de Toronto.
