La participación social de los refugiados y migrantes se ha convertido en un tema central en los debates sobre las políticas de integración en los países de acogida. Reconociendo que estas personas contribuyen económica, política, social y culturalmente a los lugares donde viven y que muchos tienen la intención de permanecer, es esencial que sus voces, necesidades, experiencias y contribuciones se consideren en las decisiones que afectan sus vidas y las comunidades que las acogen.
No se trata de una participación reducida a una presencia simbólica en espacios de diálogo, sino de la posibilidad de incidir en la toma de decisiones en entornos compartidos con los ciudadanos locales como sujetos activos de los procesos políticos y sociales de los países que ayudan a construir. Las mejores prácticas en integración social resaltan la importancia de incluir medidas que incentiven la participación activa de las personas refugiadas y migrantes en el conjunto de políticas públicas destinadas a promover su plena integración.
En las últimas décadas, Brasil se ha destacado por sus políticas de recepción y protección de migrantes y refugiados. Entre enero de 2010 y noviembre de 2024, más de 1,7 millones de personas recibieron un estatus migratorio regular, más de 146.000 personas fueron reconocidas como refugiados y otras 457.000 aún esperan el análisis de sus solicitudes de asilo. Brasil se ha convertido en un ejemplo de buenas prácticas en la atención de flujos masivos de desplazamiento, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos, del que es el tercer país receptor en América Latina, con la implementación de programas como la Operação Acolhida en los estados de Roraima y Amazonas.
Sin embargo, una parte significativa de la población migrante y refugiada todavía enfrenta barreras sustanciales para su plena integración a la sociedad brasileña, lo que resulta en condiciones de desempleo, pobreza y exclusión en niveles mucho más altos que los observados entre los ciudadanos locales.
Reconociendo esta situación, durante los últimos dos años, el gobierno federal ha promovido la participación activa de las personas migrantes, refugiadas y apátridas en la formulación de la política nacional dirigida a esta población. Bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, se inició un amplio proceso de consulta a la sociedad a través de la Conferencia Nacional de Migrantes, Refugiados y Apátridas (COMIGRAR). Este mecanismo, previsto en la legislación brasileña, buscó recoger insumos que reflejen sus experiencias, desafíos y propuestas, contribuyendo al desarrollo de políticas más inclusivas y efectivas para la integración a la sociedad brasileña.
Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 se celebraron 119 conferencias preparatorias, que reunieron a unos 14.000 participantes, entre ellos migrantes, refugiados, apátridas, representantes de ministerios, gobiernos estatales y municipales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, incluidas instituciones educativas y de investigación, asociaciones de residentes y colectivos locales. La etapa preparatoria resultó en la formulación de 2.151 propuestas, las cuales fueron sistematizadas por el Ministerio de Justicia en 180 propuestas para la etapa nacional. En la segunda etapa, realizada en Brasilia, más de 271 delegados elegidos en las conferencias preparatorias debatieron y votaron enmiendas, seleccionándose las 60 propuestas consideradas prioritarias.
Al hacer un balance de la experiencia, la COMIGRAR logró movilizar a una parte importante de la comunidad migrante, refugiada y apátrida, así como a representantes de entidades públicas y privadas que trabajan en la temática. Este esfuerzo de coordinación destacó las condiciones que enfrenta una población que muchas veces se encuentra en situación de vulnerabilidad, pero que contribuye de múltiples maneras al desarrollo social y económico de Brasil y que, con mejores condiciones, podría contribuir aún más al beneficio del país. Además, la iniciativa permitió formular propuestas pertinentes para la construcción de una política nacional más inclusiva, orientada a remover las barreras que impiden la plena integración de estas personas, cuya trayectoria de vida ya está profundamente conectada con el país.
La experiencia ha generado grandes expectativas sobre la mejora de las condiciones de vida de los migrantes, refugiados y apátridas en Brasil. La efectividad de este proceso como buena práctica dependerá de la continuidad del gobierno federal en la implementación de las 60 propuestas priorizadas, a través de políticas públicas que generen cambios tangibles.
Es importante que el Gobierno considere los insumos que propone la sociedad al momento de formular y aprobar la política y un programa nacional de atención a refugiados, migrantes y apátridas. Entendiendo que esta política debe tener un enfoque transversal entre las diferentes carteras ministeriales, además de incluir a los estados y municipios, es fundamental que el gobierno establezca una estructura de gobernanza adecuada, capaz de dar coordinación a las diversas iniciativas que se implementarán. Además, es fundamental crear incentivos para que los estados y municipios se sumen a la implementación de iniciativas.
También es esencial que la política cuente con recursos financieros adecuados para garantizar una implementación efectiva. Este tipo de inversiones tiene el potencial de generar beneficios significativos para el país, superando ampliamente los recursos inicialmente destinados al tema.
Por otra parte, la implementación de esta política nacional debe contar con el respaldo político necesario para garantizar que el tema permanezca en la agenda de políticas públicas del gobierno. Para ello, será fundamental que los líderes de las comunidades migrantes y las organizaciones de la sociedad civil continúen monitoreando el proceso de implementación de la política pública y trabajen en conjunto con diversos actores políticos para aumentar el apoyo a la iniciativa.
Brasil ha logrado avances significativos en la construcción de una política nacional para refugiados, migrantes y apátridas, pero ahora es fundamental implementar acciones concretas para eliminar barreras y responder a las necesidades de una población que ya forma parte de la sociedad brasileña y contribuye, de múltiples maneras, al presente y al futuro del país.
