La creciente sofisticación de las redes criminales en América Latina ha propiciado la aparición de brokers especializados en el lavado de activos, que actúan como intermediarios clave entre los cárteles y el sistema financiero formal. Estos individuos, provenientes en muchos casos de sectores empresariales y financieros, diseñan esquemas transnacionales que combinan comercio internacional ficticio, complicidad institucional y tecnologías de evasión para legitimar capitales ilícitos. Su influencia va más allá del blanqueo de capitales: han permeado en los mercados legales e ilegales a través de la manipulación de los flujos comerciales y financieros.
Casos como la desarticulación de la estructura Brokers en Colombia, que movilizó 98 millones de dólares, y la captura del broker Zhi Dong Zhang, vinculado a cárteles mexicanos, evidencian la magnitud de estas actividades ilícitas, que están reconfigurando los sistemas comerciales internacionales a partir de la infiltración de las cadenas de suministro globales, el aprovechamiento de los vacíos regulatorios y la corrupción sistémica de la región. Tal panorama nos plantea un desafío impostergable: fortalecer los marcos regulatorios y la cooperación internacional para combatir eficazmente estas amenazas a la estabilidad económica y social de Latinoamérica.
Anatomía operativa de los ‘brokers’ del narcotráfico
Los brokers del crimen organizado han evolucionado. Más allá del lavado de activos, operan como arquitectos financieros de redes transnacionales. Su perfil multidisciplinario abarca finanzas, comercio exterior y logística, lo cual les permite utilizar empresas legítimas para enmascarar flujos ilícitos, como ocurrió con el broker colombo-australiano apodado Four, que entre 2019 y 2021 logró coordinar diez operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina, usando empresas legítimas de exportación de pescado seco y madera, en Colombia, Ecuador y México. Su modus operandi incorporó manipulación documental e infiltración de estructuras aduaneras corruptas con sobornos.
Esta capacidad de operar bajo una apariencia legítima no es un caso aislado. La integración de estos actores en sectores económicos formales amplifica su capacidad de evasión. Así se evidenció en el caso de los brokers colombianos detenidos en 2021 que empleaban compañías de marroquinería para justificar transferencias mediante contratos ficticios con México, Costa Rica y Panamá. En Colombia, los brokers también han perfeccionado un modelo de doble contaminación que refuerza la opacidad del lavado de activos. En una primera fase, empresas fachada en el extranjero simulaban transacciones comerciales para justificar el ingreso de capitales ilícitos. Posteriormente, contadores y banqueros corruptos manipulaban registros financieros para legitimar los fondos como ganancias empresariales. Según la Fiscalía, el 1 % del monto lavado se destinaba a sobornos para asegurar la continuidad del esquema, sacando provecho de la complicidad institucional.
Sin embargo, el patrón de ocultamiento financiero no se limita a América Latina. La operación Fortune Runner, en Downey, California, expuso una red de lavado de activos que vinculó bandas chinas con el Cártel de Sinaloa. Su estrategia consistía en el uso de códigos cifrados en bolsas de regalo para mover $226.600 por transacción, evitando el transporte físico de efectivo y utilizando cuentas bancarias en Hong Kong y Malasia. Este esquema de hawala moderna combinaba transferencias electrónicas con ajustes de cuentas en paraísos fiscales, minimizando riesgos de incautación y permitiendo una circulación fluida de capitales ilícitos a escala global.
Casos paradigmáticos de operación transfronteriza
La captura en 2024 de Zhi Dong Zhang en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, reveló un punto clave en la infraestructura financiera y logística del narcotráfico global. Este broker chino-mexicano operaba como un intermediario esencial en la importación de precursores químicos desde Guangdong (China) y Dhaka (Bangladesh) para los cárteles de Sinaloa y CJNG. Su esquema incluía empresas fantasmas registradas en zonas económicas especiales chinas para justificar transacciones de químicos no controlados, sobornos a inspectores aduaneros en Manzanillo y Lázaro Cárdenas para facilitar el ingreso de insumos sin supervisión, y triangulación financiera a través de cuentas en paraísos fiscales, donde el 40 % de los pagos se realizaban con criptomonedas.
Este caso evidenció la creciente interdependencia entre los brokers de drogas y los de lavado de activos. Zhang, además de suministrar precursores químicos, gestionaba el blanqueo de utilidades mediante inversiones en bienes raíces de lujo en destinos estratégicos como Puerto Vallarta y Cancún. Su modelo reflejó la evolución del crimen financiero y puso en evidencia cómo las barreras entre el narcotráfico y la economía formal pueden desdibujarse con sofisticadas redes de corrupción y estructuras comerciales legítimas.
Asimismo, la investigación internacional contra Four expuso cómo estas redes explotan fallas estructurales en el comercio legítimo para maximizar su operatividad. Una de sus estrategias clave fue el hijacking de exportaciones, infiltrando a una exportadora colombiana legal de pescado seco para insertar cocaína en embarques con destino a Hong Kong, sin el conocimiento de sus propietarios. A esto se sumaba la manipulación de documentos regulatorios, mediante la falsificación de certificados sanitarios y listas de empaque de productos como madera y tequila para sortear controles aduaneros y aprovechar la confianza en sellos oficiales.
Por si fuera poco, Four desplegó tácticas avanzadas para garantizar el éxito de los envíos ilícitos, incluyendo la cooptación de transportistas y capitanes de buques petroleros. Estos últimos desviaban cargamentos en altamar, utilizando dispositivos GPS adulterados para evitar alertas en los sistemas de monitoreo marítimo. La sofisticación de su modelo llegaba a estructurar proyectos llave en mano para cárteles, con un costo estimado de $8,5 millones por el transporte de dos toneladas de cocaína a Australia, contemplando sobornos, logística marítima y seguros contra incautaciones.
Medidas de contención ante los impactos sistémicos
En Colombia, los brokers vinculados al narcotráfico han utilizado compañías de marroquinería para vender productos hasta un 60 % por debajo del costo real, desplazando a empresas legítimas mediante inyecciones de capital ilícito. Un patrón similar se observa en México, donde tiendas de electrodomésticos y agencias de viajes operan como pantallas para blanquear dinero, alterando las dinámicas comerciales y favoreciendo a estructuras criminales que se fortalecen a expensas del tejido empresarial formal.
Por su parte, la infiltración de brokers en entidades financieras ha sido evidente: en Colombia, empleados bancarios creaban falsas alertas tempranas para desviar investigaciones, mientras que contadores públicos certificados validaban estados financieros adulterados para legitimar flujos de dinero ilícito. Y en México, la operación Fortune Runner expuso cómo brokers chinos lograron cooptar a ejecutivos de bancos internacionales, acelerando transacciones sospechosas y minimizando los riesgos de detección dentro del sistema bancario global.
La innovación tecnológica ha potenciado aún más la evasión regulatoria, permitiendo a estas redes criminales mantenerse un paso adelante de las autoridades. Los brokers han liderado la adopción de herramientas como aplicaciones cifradas —incluyendo ANOM, intervenida por el FBI en 2021— para coordinar operaciones transnacionales con total sigilo. También han incorporado finanzas descentralizadas mediante mixers de criptomonedas y stablecoins, fragmentando flujos monetarios para dificultar su rastreo. Incluso, han perfeccionado la falsificación digital, manipulando metadatos en documentos PDF para evadir controles aduaneros basados en OCR. No es cualquier infraestructura, es un ecosistema financiero paralelo que está desafiando los marcos regulatorios tradicionales.
Estrategias de mitigación y cooperación internacional
El combate contra el lavado de activos y la operación de brokers criminales exige una cooperación transnacional más robusta. La experiencia de la Operación Ironside en Australia demostró que el intercambio de bases de datos financieras y el uso de inteligencia artificial puede identificar patrones sospechosos con mayor precisión. A su vez, estrategias como el cruce automatizado de declaraciones de exportación con reportes reales de embarques permitirían detectar irregularidades antes de que los fondos ilícitos se integren al sistema financiero global, y debilitarían las estructuras de lavado en sus etapas iniciales.
El sector privado también debe asumir un rol más activo en la prevención, reforzando la debida diligencia en sus cadenas de suministro. Es clara la necesidad de establecer auditorías externas en socios comerciales y la adopción de estándares como ISO 37001 contra sobornos. En paralelo, reformas legales deben endurecer sanciones para profesionales que faciliten operaciones ilícitas, incluyendo certificaciones obligatorias, responsabilidad solidaria de firmas contables y esquemas de protección a denunciantes en el sector financiero.
Sin embargo, la evolución constante de estos mercados ilícitos presenta nuevos retos. La fragmentación de cárteles ha impulsado la demanda de brokers independientes, creando un ecosistema de servicios criminales cada vez más diversificado. De igual manera, las redes criminales siguen innovando: desde esquemas de lavado verde con bonos de carbono falsos hasta el uso de deepfakes para suplantar a ejecutivos en autorizaciones bancarias. A pesar de que las recientes capturas de Zhang y la desarticulación de células en Colombia reflejan avances, el desafío radica en desarrollar respuestas igual de dinámicas, que combinen inteligencia artificial, marcos legales ejecutables y una mayor responsabilidad corporativa en la vigilancia de sus operaciones.
Autor
Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Magister en Seguridad Pública, Investigador académico. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.
