Si la elección de ministros magistrados y jueces por voto popular era un escándalo desde el punto de vista democrático, que a los votantes se les haya ofrecido un acordeón para votar a los candidatos del oficialismo es un absoluto despropósito que se inscribe en las peores enseñanzas de las prácticas electorales en sistemas democráticos. Los llamados acordeones o guías de votación incluían nombres de candidatos cercanos al partido gobernante y el Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que pueden ser considerados propaganda electoral.
En efecto, el pasado 7 de junio estaban convocados 100 millones de mexicanos para votar por estos cargos, y solo fueron a las urnas unos 13 millones. De este número, al menos 3 millones fueron declarados nulos, lo que significa que solo 10 podrían considerarse legítimos.
Y hay más. En la sesión del 16 de junio del Consejo General Instituto Nacional Electoral (INE), no pasó desapercibido lo ocurrido una semana y media antes: ya habiéndose hecho acopio de las actas que cada uno de los 300 distritos electorales recogió y contabilizó, salieron a la luz múltiples irregularidades que llevaron a que los consejeros cuestionaran la calidad de esa elección. Incluso 5 de los 11 miembros de este órgano ciudadanizado plantearon la invalidez del proceso electoral.
La consejera Claudia Zavala fue contundente en el diagnóstico de lo ocurrido en las más de 80.000 urnas que se instalaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Denunció ante el pleno del INE que durante la jornada electoral, además de haber entregado millones de acordeones en papel y en imágenes digitales con los nombres de candidatos que finalmente resultaron electos en un 80 %, también se encontraron insólitamente boletas sin doblez —es decir, que no fueron dobladas para ser depositadas en las urnas—, boletas marcadas con la misma caligrafía, casillas con 100 % de participación o más, votos claramente inducidos a través de los acordeones, y todo ello fue posible por medio de una planificación organizada y con cargo a recursos económicos desconocidos para llevar a cabo una estrategia nacional con el fin de inducir el voto a favor de ciertas candidaturas que hoy sabemos que son las del oficialismo.
La consejera Zavala afirmó que los acordeones distribuidos masivamente fueron guías diseñadas para manipular el voto, de manera que en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia quedaron primeros quienes encabezaban los acordeones inductores del voto.
Y con esto se rompieron tres principios fundamentales de cualquier elección democrática: la autenticidad del proceso, la equidad en la contienda y la certeza del resultado.
No obstante, a la evidencia expuesta por esta consejera y secundada por otros cuatro de sus compañeros se impuso la mayoría oficialista, encabezada por la presidenta del INE Guadalupe Taddei, lo que evitó que las irregularidades fueran discutidas por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, queda firme la elección de los nueve ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrará en funciones el primer día de septiembre de este año, y el Tribunal solo deberá resolver las impugnaciones interpuestas por ciudadanos.
Para tener una idea más precisa de lo ocurrido el pasado 16 de junio habría que recordar las tómbolas que el Poder Legislativo llevó a cabo en vivo y en directo para seleccionar a una tercera parte de los aspirantes. Mediante otros mecanismos, hizo lo propio el Poder Ejecutivo y Judicial.
Y aquí hay que destacar que la diferencia en la transición de un sistema democrático a otro autocrático la ha marcado un voto obtenido por vías no democráticas. En la Corte está el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien votó en contra de un proyecto que pretendía declarar inconstitucional la reforma judicial; está, también, el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, que le dio la mayoría calificada al oficialismo a cambio, se dice, de causas penales; y en el caso que nos ocupa en este artículo, el voto de la consejera Claudia Humphrey, quien otorgó el voto decisivo para probar la validez de la elección judicial.
Y eso pese a que en su intervención ante el pleno del INE afirmó categóricamente que hubo “casillas con altísima participación ciudadana, el fenómeno de las boletas sin señales de dobleces, la desaparición de los listados nominales de casilla, la misma caligrafía en diversas boletas con identidad e idénticas secuencia numérica, el robo de paquetes electorales enteros y los acordeones a las puertas de las casillas o en redes sociales”. Aun reconociendo la gravedad de la situación, votó a favor de la validez de la elección.
La declaración del Consejo General del INE sobre la validez de la elección judicial exhibe una contradicción profunda entre la premisa de garantizar la integridad del voto y la omisión de múltiples irregularidades.
Y es que el escrutinio de los votos emitidos, lejos de ser una rutina, reveló prácticas que evocan episodios oscuros del pasado electoral mexicano y que se supone que ya había superado la sociedad mexicana.
Morena y sus aliados esperan dar el siguiente paso hacia una autocracia antes de que finalice el año, cuando lleven al Congreso de la Unión el proyecto de reforma electoral. Este proyecto tiene como pieza central el cambio del sistema mixto electoral, donde confluyen la representación de mayoría relativa y la representación proporcional, que permite un lugar a las minorías en la federación, los estados e, incluso, los cabildos municipales. El diseño que ha trascendido privilegia un sistema de mayoría simple que podría devenir, en el mejor de los casos, en un sistema bipartidista de partido hegemónico.
Con esto prácticamente estaríamos cerrando el sistema democrático creado mediante pactos legislativos y tendríamos todas las piezas de un sistema autocrático con la captura de todas las instituciones públicas del Estado mexicano.
