En los últimos años, la agenda de cuidados ha dejado de ser una demanda sectorial del movimiento feminista para convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de América Latina, en respuesta a las profundas desigualdades que atraviesan la Región. Sin embargo, su avance concreto sigue siendo limitado y lento.
Países como Uruguay, con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, mostraron que es posible construir institucionalidad específica, ampliar servicios y reconocer derechos. En Argentina, Chile, Panamá, Colombia y México, los debates sobre sistemas de cuidados, planes nacionales y reformas legales evidencian un cambio cultural y político significativo que nos da esperanzas. Asimismo, los consensos regionales impulsados desde la CEPAL y otros espacios multilaterales han contribuido a consolidar un marco común que reconoce el cuidado como un pilar del desarrollo sostenible.

Sin embargo, estos avances conviven con fuertes asimetrías, ya que la cobertura sigue siendo limitada, la calidad de los servicios desigual y la sostenibilidad financieramente frágil. El riesgo es que la agenda de cuidados quede atrapada en declaraciones progresistas sin capacidad real de transformar la vida cotidiana de millones de personas.
Desde una mirada feminista, los obstáculos que enfrenta esta agenda no son fallas de diseño ni problemas de implementación aislados. Antes bien, son el reflejo de un modelo económico, social y cultural que se sostiene sobre la explotación invisible del trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente y casi en exclusivo, por mujeres.
Analizar estos obstáculos es clave para entender por qué el cuidado, aun siendo indispensable para la sostenibilidad de la vida y de la economía, continúa ocupando un lugar marginal en las prioridades políticas.
El obstáculo fiscal
Uno de los principales límites para el desarrollo de sistemas integrales de cuidados es la persistente restricción fiscal. En América Latina, los debates presupuestarios suelen presentar el cuidado como un gasto prescindible, especialmente en contextos de crisis económica o ajuste. Esta mirada ignora que el cuidado ya se financia, pero de manera desigual.
En efecto, cuando el Estado no invierte, el costo se traslada directamente a los hogares y, dentro de ellos, a las mujeres. Como advierte Oxfam en el informe Tiempo para el cuidado (2020), esta combinación de desigualdad extrema y sistemas tributarios regresivos limita estructuralmente la capacidad del Estado para garantizar el derecho al cuidado.
El obstáculo institucional
Otro freno estructural es la fragmentación institucional de las políticas de cuidado. En muchos países de la región, estas políticas se encuentran dispersas entre distintos ministerios, programas y niveles de gobierno, sin una autoridad rectora clara ni una estrategia integral. Esta fragmentación debilita la capacidad del Estado para garantizar el derecho al cuidado y genera fuertes desigualdades territoriales. Sin institucionalidad sólida, la agenda de cuidados corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que busca combatir.
El obstáculo cultural
Uno de los obstáculos más persistentes es el orden cultural patriarcal que naturaliza el cuidado como una responsabilidad femenina. Informes de Oxfam muestran que las mujeres realizan más del 75% del trabajo de cuidados no remunerado y dos tercios del trabajo remunerado de cuidados, y que esta carga limita su acceso al empleo y al bienestar.
Esta idea, profundamente arraigada, sigue organizando tanto las expectativas sociales como las decisiones políticas. El cuidado se presenta como una extensión “natural” del rol de las mujeres y no como un trabajo socialmente necesario que debe ser reconocido, redistribuido y valorado. Esta naturalización tiene consecuencias materiales: limita la autonomía económica de las mujeres, condiciona su participación en el mercado laboral y refuerza ciclos de pobreza y dependencia.
Mientras el cuidado siga siendo visto como un asunto privado y femenino, la corresponsabilidad social y de género (un pilar central de la agenda regional) seguirá siendo más un discurso que una realidad.
El obstáculo laboral
En las ocasiones en que el cuidado se remunera, lo hace mayoritariamente en condiciones precarias. El trabajo de cuidados remunerado en hogares, centros comunitarios o instituciones está marcado por bajos salarios, informalidad, escasa protección social y débil reconocimiento profesional. Esta precarización afecta sobre todo a mujeres pobres, migrantes y racializadas, reproduciendo desigualdades dentro del propio sector.
Este no es un problema secundario. Sin condiciones de trabajo decente, la expansión de servicios de cuidado se convierte en un nuevo nicho de explotación. La agenda de cuidados solo será transformadora si incluye derechos laborales, formación, estabilidad y protección social para quienes cuidan.
El obstáculo político
Finalmente, la agenda regional de cuidados enfrenta como obstáculo político central, la falta de voluntad política sostenida y las resistencias conservadoras. Aunque el cuidado aparece en algunos discursos oficiales y compromisos internacionales, suele perder prioridad frente a agendas consideradas más productivas o estratégicas. En contextos de avance de fuerzas neoconservadoras y antifeministas como el que estamos viviendo en la actualidad, el cuidado es incluso deslegitimado como una demanda ideológica.
Esta falta de voluntad se traduce en presupuestos insuficientes, institucionalidad débil y ausencia de liderazgo político. Sin una disputa explícita por el sentido del cuidado como derecho y como infraestructura social, la agenda corre el riesgo de quedar atrapada en declaraciones simbólicas sin capacidad real de transformación.
El cuidado como disputa feminista por la igualdad
La Agenda Regional de Cuidados propone reconocer el cuidado como un derecho humano (el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado) y como una responsabilidad social compartida. Esto implica romper con la idea de que el cuidado es una obligación privada, femenina y gratuita, confinada a los hogares y sostenida mayoritariamente por mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, racializadas y migrantes.
Los obstáculos que enfrenta la agenda regional de cuidados no son accidentales. Todos los aquí descritos expresan un modelo que sigue descansando en la desigual distribución del tiempo, del trabajo y del poder. Desde una mirada feminista, avanzar en esta agenda implica mucho más que crear nuevos servicios, supone cuestionar las prioridades económicas, redistribuir recursos, transformar normas culturales y disputar poder.Colocar el cuidado en el centro no es una concesión ni un lujo en tiempos de crisis. Es una condición necesaria para construir sociedades más igualitarias, democráticas y sostenibles. Por ello, la agenda de cuidados es, en esencia, una disputa feminista por la vida y enfrentar sus obstáculos es parte fundamental de la lucha contra las desigualdades estructurales en América Latina.











