La crisis política, social y económica en Venezuela ha provocado el mayor desplazamiento en la historia reciente de América Latina. Millones de personas han abandonado el país en los últimos 10 años en busca de protección, trabajo y condiciones de vida básicas. En respuesta, los gobiernos latinoamericanos han adoptado una amplia gama de programas de regularización migratoria, que a menudo han recibido elogios internacionales por su apertura y solidaridad. Sin embargo, existen importantes limitaciones y riesgos emergentes en el diseño e implementación de estas políticas.
Una investigación del Grupo de Investigación CAMINAR muestra que la mayoría de los programas de regularización creados en respuesta al desplazamiento venezolano se basan en medidas temporales diseñadas específicamente para esta población y, con frecuencia, desvinculadas de las leyes migratorias vigentes. Estos programas suelen otorgar permisos de residencia por períodos limitados, que van de dos a diez años, sin garantizar la estabilidad a largo plazo lo que refuerza la incertidumbre jurídica en lugar de resolverla.
Otra vía para la regularización es el acceso a la condición de refugiado. En teoría, esta ofrece mayor protección y seguridad a largo plazo. Sin embargo, en la práctica, pocos países de la región han aplicado la definición ampliada de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena a los venezolanos, a pesar del amplio reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que se producen en el país. Además de las causas contenidas en la Convención de Ginebra de 1951, esta contempla a ‘las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad se han visto amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público’.
Brasil destaca como una excepción
En 2019, Brasil adoptó un procedimiento simplificado para reconocer a los venezolanos como refugiados. Esta decisión estuvo condicionada por factores políticos, como la oposición geopolítica de Bolsonaro al régimen de Nicolás Maduro, así como por consideraciones prácticas: reducir la creciente acumulación de solicitudes de refugio y evitar que las barreras documentales impidieran a muchos venezolanos acceder a regularización. Esta política ha continuado incluso después del restablecimiento parcial de las relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de las preocupaciones de que la aplicación de la definición ampliada pudiera ser revocada para este caso.
Debido a la Operación Acogida, una respuesta humanitaria a gran escala centrada en la recepción y la reubicación interna, el enfoque de Brasil ha sido aplaudido internacionalmente y presentado como un modelo para la región. Sin embargo, esta imagen positiva esconde contradicciones. El estatus de refugiado no se ha convertido en la principal vía de acceso para los venezolanos (solo alrededor del 20% lo han obtenido) y las recientes prácticas para acceder al refugio chocan cada vez más con la reputación del país como líder en protección internacional.
Brasil ha adoptado recientemente una serie de medidas administrativas que restringen el acceso al sistema de refugio, en particular para los ciudadanos no venezolanos. El fallecimiento del ghanés Evans Osei Wusu en 2024, tras enfermarse mientras esperaba la autorización para entrar a Brasil en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, expuso graves problemas de derechos humanos en estos espacios de entrada en el país. En lugar de fortalecer los mecanismos de protección, el Estado ha recurrido cada vez más a la exigencia de visados y otras barreras administrativas que impiden a algunas personas incluso solicitar refugio en el país.
Estas medidas pueden justificarse como herramientas para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito o contrabando de inmigrantes. Sin embargo, en la práctica, tienden a penalizar a las mismas personas que deberían proteger. El impacto ha sido drástico: en 2025, las solicitudes de asilo en el Aeropuerto de Guarulhos se redujeron un 94 % en comparación con el año anterior.
Otra tendencia preocupante es el requisito de patrocinio privado para los visados humanitarios. Aunque inicialmente fue elogiado como una política innovadora y humanitaria, este mecanismo transfiere cada vez más la responsabilidad del Estado a otros actores. Las personas que huyen de contextos de grave inestabilidad pueden ahora depender de patrocinadores para acceder a protección, lo que socava la idea del refugio y las visas humanitarias como derechos y no como favores. Este enfoque plantea serias dudas sobre el compromiso de Brasil con la consolidación de una Política Nacional coherente sobre Migración, Refugio y Apatridia.
Estos acontecimientos son preocupantes por sí solos, pero se vuelven aún más alarmantes al analizarlos en un contexto regional y global más amplio. La migración y el refugio se han politizado cada vez más, especialmente tras el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. En todo el continente americano, el debate público actual y las medidas políticas difuminan cada vez más la distinción entre migrantes y refugiados, presentan la movilidad humana como una amenaza o una «invasión» y dan prioridad a la contención y la expulsión en detrimento de la protección. También existe un riesgo creciente de que el desplazamiento venezolano se instrumentalice en las próximas elecciones, con narrativas migratorias que se movilizan para alimentar el miedo, las agendas de securitización y la polarización política.
En este nuevo escenario, el uso generalizado de esquemas de regularización temporales y extraordinarios merece un análisis crítico. Históricamente, estas medidas han servido a menudo como herramientas de regularización migratoria, pero, en este contexto, también pueden generar sistemas de información digital detallados que posteriormente pueden utilizarse para la vigilancia, la exclusión o la deportación, como sugieren las recientes declaraciones del presidente electo de Chile. Esto es particularmente peligroso en un contexto donde el respeto al derecho internacional se cuestiona abiertamente.
Cuando los programas de regularización son discrecionales, temporales y están poco arraigados en la ley, ofrecen poca protección contra cambios repentinos de la política. El discurso anti inmigratorio se ha radicalizado, atacando no solo a los recién llegados, sino también a quienes han vivido durante años en los países de destino, a pesar de muchas veces ser provenientes de lugares que no garantizan los derechos humanos.
La investigación de CAMINAR muestra que los programas extraordinarios de regularización siguen siendo generalizados en América Latina y que muchos migrantes entran y salen de la situación de regularidad migratoria en virtud de las decisiones estatales. Sin embargo, en las condiciones actuales, esta inestabilidad adquiere un nuevo significado. Permisos vencidos o cambios unilaterales en las normas de regularización pueden convertir rápidamente a migrantes «regulares» en sujetos de deportación, debilitando el principio de no devolución y abriendo la puerta a retornos forzados. En este sentido, América Latina parece estar llegando a un punto de inflexión crítico. La regularización migratoria, antes enmarcada como una herramienta de protección e integración, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de identificación, control y, finalmente, expulsión.
En este contexto, las contradicciones de Brasil son especialmente decepcionantes. El país cuenta con una tradición política progresista en el tema, una sólida credibilidad internacional y un compromiso de larga data con los derechos humanos, el refugio y la protección de las poblaciones desplazadas. Sus políticas y prácticas son relevantes no solo a nivel nacional, sino también como referentes regionales en un momento en que el derecho a solicitar refugio se encuentra bajo creciente presión.
Por lo tanto, las autoridades brasileñas deben tener en cuenta que enfrentan una responsabilidad histórica: garantizar la coherencia entre el discurso y la práctica, y evitar que los refugiados y otras personas desplazadas forzosamente se conviertan en una víctima más de la tendencia tecnofascista que hoy caracteriza las relaciones internacionales. En un entorno internacional cada vez más hostil, defender el refugio no es solo una obligación legal, como también una decisión política con profundas consecuencias para el futuro de la región.
Autor
Director y profesor del Centro de Ciencias Humanas (CCH) de la Universidad Federal de Roraima (UFRR). Doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
Profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y miembro del Grupo de Investigación CAMINAR (Análisis Comparativo sobre la Migración Internacional y el Desplazamiento en las Américas).
