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Las “terapias de conversión” como punta de lanza de la ofensiva global contra los derechos LGBTIQ+

Lejos de ser prácticas residuales, estos métodos persisten y se expanden como herramienta política para recortar derechos, incluso donde antes parecían consolidados.

Las terapias de conversión, conocidas como ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género) no suponen prácticas del pasado ni marginales: son el lábaro más regresivo de una ofensiva global contra los derechos LGBTIQ+, arista del avance imparable del ultraconservadurismo mundial. Dicha reacción bebe del constructo de “ideología de género” como motor movilizador.

Colombia representa un ejemplo paradigmático. Se trata de un país que en el ámbito latinoamericano quemó pronto etapas en la lucha por los derechos LGTBIQ+ pero que en los últimos años se ha atascado en la prohibición de las ECOSIEG, prácticas que la ONU cataloga como tortura. El revés colombiano, lejos de constituir una contingencia, es el síntoma de una reluctancia que opera a esfera planetaria.

Las falsas terapias de conversión

Los partidarios de los ECOSIEG aseguran que la orientación sexual o la identidad de género (SOGI) de una persona puede y ―sobre todo― debe cambiarse. No obstante, dichas prácticas, además de poner en solfa la propia naturaleza de la homosexualidad, no son terapias, sino procedimientos sumamente discriminatorios, crueles, inhumanos y degradantes. La ONU, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Mundial de Psiquiatría las consideran violaciones de derechos humanos, calificándolas como malos tratos, incluyendo la categoría de tortura. Tanto la ONU como el Consejo de Europa exigen su prohibición.

Sus “técnicas” lo corroboran: dentro de estos “tratamientos”, sin base médico-científica alguna, se cuentan humillación, aislamiento y encierro, medicación forzada, palizas, violaciones, descargas eléctricas, drogas y prácticas religiosas coercitivas entre otras cosas. Sus efectos psicológicos y físicos son duraderos e implican graves riesgos para la salud.

Ya en 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) eliminó la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-II), concluyendo que no se trataba de una enfermedad, en tanto que no entraña deterioro psicológico ni desajuste social. Y en 1990 la OMS suprimió la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

Sin embargo, poco después del dictamen de la APA, en 1976, vino la reacción de la mano del grupo ultraconservador cristiano estadounidense Exodus, vinculado al movimiento «exgay», que sostenía que la orientación sexual no era innata y podía revertirse vía Jesucristo. En 2013, su presidente Alan Chambers atestiguó la futilidad de tales argumentos: disolvió la organización y pidió perdón. Con todo, el influjo de Exodus ya había echado raíces en América Latina.

Las ECOSIEG en la actualidad

Hoy las terapias ECOSIEG se llevan a cabo en más de sesenta países, especialmente en África, América Latina, el Caribe y Asia. Otros Estados, por el contrario, las han prohibido o perseguido penalmente: Malta, Canadá y Francia las tipificaron como delito; Brasil y Ecuador las expulsaron del ámbito sanitario mientras que Chile las desterró como problema de salud mental. En España, que podría fungir de referente regional, la legislación estipula una interdicción amplia de las terapias de conversión, seguida de un régimen sancionador en lo atinente a su promoción y aplicación, reforzando la protección de los derechos LGTBI. Actualmente, el congreso español debate la persecución penal de los ECOSIEG.

“Ideología de género” como constructo axial

El ultraconservadurismo aludido precisa cobertura cultural y metodológica, y el constructo de “ideología de género” proporciona un acicate a los ECOSIEG para operar con impunidad y, al mismo tiempo, generar resistencia sistemática a cualquier intento legislativo de perseguirlos.

El constructo-concepto carece de base científica, siendo más una herramienta discursiva y movilizadora. Emergió en Europa y se vertebra en una reacción hacia conquistas LGTBIQ+, que se configurarían, a tenor de esta narrativa, como supuestas “amenazas” a la familia tradicional, a la par que negarían la biología. El patrón de actuación contra las personas LGTBIQ+ pasa por limitar el reconocimiento de la identidad de género, restringir traslados de mujeres trans a cárceles femeninas y la eliminación o suspensión los tratamientos médicos de transición de género.

Sus banderines de enganche se articulan en torno a grupos y medios conservadores y la Iglesia Católica, incluido el papa Francisco (quien llama a la “ideología de género” “el peor peligro de nuestro tiempo”). En las Américas, la adoptan con fuerza líderes como Trump, Milei, Bukele, Bolsonaro e hijos, Kast, Asfura y Rodrigo Chaves, así como otros grupos en México y la región.

¿Qué pasa en Colombia?

La persecución penal de los ECOSIEG en Colombia tomó forma en 2021. En 2022, diversas organizaciones sociales y LGBTIQ+ presentaron más de cuarenta mil firmas al congreso, en el marco de una iniciativa legislativa popular, que adoptó la forma de proyecto de ley oficiosamente denominado “nada que curar”. Con ella se marca un doble objetivo: la prohibición de ofertar, practicar, publicitar o financiar con recursos públicos la celebración de acontecimientos masivos que promuevan los ECOSIEG; y la persecución penal de las mismas. Sin embargo, no las tipifica como delito autónomo, sino como circunstancias agravantes (genéricas) de delitos de “tortura” y de “actos discriminatorios”, cuando se cometen con la intención de cambiar la orientación sexual o identidad de género.

La iniciativa fue archivada. Sin embargo, en noviembre de 2022 se presentó nuevamente como “proyecto de Ley No. 272” y en 2023 avanzó en la Cámara de Representantes, aunque volvió a estancarse en 2024 en el Senado debido al despliegue de estrategias dilatorias de senadores para retrasar deliberadamente la marcha del proyecto, torpedeando su regreso a la Cámara para su aprobación y consiguiente sanción presidencial antes del cierre legislativo.

La resistencia de parte de la sociedad al proyecto de ley en Colombia se materializó con alegatos por parte de la oposición en torno a la defensa de la familia, libertad de culto y autonomía médica. No obstante, la activista trans Danne Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans) considera que el momento actual es propicio debido a la mayoría a favor en el congreso, si bien la derecha y la ultraderecha mejoraron sus posiciones en las últimas legislativas de marzo de 2026.

El análisis del caso colombiano, uno de los últimos reveses para los derechos LGTBIQ+ en la región, podría pasar por una sucursal del pugilato mundial entre la cresta de la ola de extrema derecha en auge y quienes intentan revertirla. Los escollos que se yerguen contra la promulgación de la normativa contra las ECOSIEG obedecen no sólo al terreno político; antes bien, presentan un entramado cultural y social que abona su continuidad.

La lección colombiana evidencia que la elaboración de leyes anti-ECOSIEG necesita de forma ineluctable un trabajo previo de sensibilización cultural y político.

Autor

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Historiador y Doctor en Ciencias jurídicas y sociales con especialidad en Balcanes por la Universidad de Málaga. Máster en Historia por la Universidad de Granada.

 

 

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