La discusión latinoamericana sobre inteligencia artificial suele formularse como una pregunta normativa: cómo regularla. Esa pregunta es necesaria, pero insuficiente. Mientras Brasil intenta convertir la IA en una agenda de soberanía digital y diplomacia tecnológica, Colombia y Bolivia enfrentan el reto de no reducir el debate a leyes o estrategias sin capacidades estatales reales. Para estos países, el problema no es solo jurídico, sino político: cómo gobernar una tecnología producida fuera de la región, controlada por grandes plataformas y sostenida por infraestructuras que pocos Estados latinoamericanos dominan.
Brasil parece haber entendido antes que otros países de la región que la IA ya forma parte de la política exterior, la soberanía digital y la competencia por autonomía tecnológica. Su experiencia no debe verse como un modelo cerrado, sino como una advertencia: en la nueva economía política de la IA, quien no construye capacidades internas termina regulando decisiones tomadas por otros.
La IA ya no es solo innovación o productividad. Estados Unidos, China y la Unión Europea disputan estándares, infraestructura, datos, talento y capacidad de cómputo. Cada uno regula desde una posición distinta de poder: Estados Unidos desde su ecosistema empresarial, China desde su capacidad estatal e industrial, y la Unión Europea desde su fuerza normativa y de mercado. América Latina, en cambio, regula desde una posición más frágil, dependiente de plataformas, servicios de nube y arquitecturas tecnológicas externas.
Por eso, copiar el lenguaje regulatorio europeo sobre riesgos o transparencia puede ser útil, pero no resuelve la asimetría entre quienes producen la tecnología y quienes apenas pueden adoptarla o supervisarla. Brasil ofrece un caso relevante porque intenta conectar política industrial, política exterior y gobernanza digital.
En 2024, el gobierno brasileño propuso un plan de inversión en inteligencia artificial de 23.000 millones de reales para fortalecer capacidades nacionales, desarrollar tecnologías socialmente orientadas y reducir la dependencia de herramientas importadas. El plan contempla aplicaciones en salud, agricultura, educación, medio ambiente, infraestructura y servicios públicos. El punto no es que Brasil haya alcanzado soberanía tecnológica. Ningún país latinoamericano compite aún con las grandes potencias de IA. La diferencia es que Brasil formula la inteligencia artificial como un asunto de poder nacional e inserción internacional. No se trata solo de aprobar leyes o principios éticos, sino de preguntarse qué lugar quiere ocupar el país en una arquitectura tecnológica global que reorganiza cadenas de valor, capacidades estatales, seguridad, educación, trabajo y diplomacia.
La agenda brasileña también conecta la soberanía digital con su agenda en los BRICS y fortalece su agenda de cooperación Sur-Sur. Desde esa perspectiva, la IA no es únicamente una tecnología que debe regularse internamente, sino un campo en el que los países buscan voz, capacidad de negociación y márgenes de autonomía frente a las potencias tecnológicas.
Colombia se encuentra en una posición intermedia. En 2025 aprobó el CONPES 4144, una política nacional de inteligencia artificial orientada a fortalecer investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA. La política reconoce el potencial de la IA para enfrentar desafíos sociales, económicos y ambientales y representa un avance importante porque ordena prioridades y reconoce que la IA requiere gobernanza pública.
Sin embargo, la pregunta es si una política pública basta para construir poder tecnológico. Colombia mantiene una fuerte dependencia de infraestructura externa, modelos importados y plataformas privadas. El desafío no es únicamente adoptar IA, sino transformar la política pública en capacidades reales de Estado, academia, sector productivo y diplomacia tecnológica.
Bolivia ilustra otro problema: el riesgo de regular antes de construir capacidades suficientes para implementar. En 2025, el Senado boliviano aprobó el Proyecto de Ley 178/2024-2025 sobre promoción, gestión y uso de la inteligencia artificial, y en fase de análisis en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca crear un marco ético y transparente para la IA y diseñar una estrategia nacional. Pero una ley puede tener alto valor simbólico y bajo impacto material si no se acompaña de capacidades técnicas, infraestructura, datos públicos de calidad, talento especializado y autoridades con recursos. En países con menor infraestructura digital, el riesgo es crear una brecha entre norma y realidad: reglas que prometen control sobre sistemas que el Estado no puede auditar ni supervisar.
La comparación entre Brasil, Colombia y Bolivia permite ordenar los tres niveles del debate regional. Brasil intenta llevar la IA al terreno de la política exterior y la soberanía digital. Colombia ha construido una hoja de ruta, pero debe traducirla en capacidades efectivas. Bolivia comienza a legislar, pero enfrenta el desafío de no convertir la regulación en una declaración sin músculo institucional.
La lección regional es clara: América Latina necesita regulación con capacidades, cooperación regional, infraestructura propia cuando sea posible y diplomacia tecnológica cuando la autonomía nacional aislada sea inviable. Esto implica pensar en compras públicas inteligentes, datos interoperables, talento especializado, auditorías algorítmicas, negociación con proveedores y alianzas regionales.En este contexto, metodologías holísticas como Z-Inspection®, como metodología y proceso de evaluación para sistemas de inteligencia artificial confiable (“Trustworthy AI”), y de Tech4Peace como partner especializado, puede ayudar a reducir dependencia estratégica y asimetrías de información frente a proveedores de IA. Esto cambia parcialmente la relación de dependencia. El actor local deja de ser únicamente usuario y empieza a actuar como supervisor informado, fortaleciendo la soberanía regulatoria y capacidad estatal.
Autor
Profesor asociado de la Universidad de La Sabana (Colombia). Doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Post-Doctorado en la Universidad de Salamanca
Profesor asociado de la Universidad de La Sabana (Bogotá). Doctor por la Univ. de Warwick (Reino Unido). Sus áreas de interés son ética en los negócios, digitalización y el rol del sector privado en conflictos de América Latina.
