La inteligencia artificial no está llamando a la puerta de la democracia. Ya está dentro. Está cambiando la forma en que la ciudadanía se informa, las campañas persuaden, las mentiras circulan y el poder se reparte entre ciudadanos, gobiernos y actores privados. La pregunta no es si la IA afectará a la democracia, sino si las democracias serán capaces de someterla a sus reglas antes de que otros poderes no democráticos la sometan a las suyas.
El desafío es particularmente agudo con respecto a las elecciones. Allí la democracia deja de ser una abstracción y se convierte en tareas concretas: organizar procesos, contar votos, aceptar resultados y transferir poder. Son operaciones complejas que dependen de certeza jurídica, imparcialidad política, excelencia administrativa y, sobre todo, confianza ciudadana.
La IA introduce riesgos reales para los procesos electorales. Hace que la desinformación sea más barata, rápida y convincente. Puede magnificar la polarización, contaminar irremisiblemente el entorno informativo, vulnerar la privacidad y desbordar la capacidad de las autoridades electorales para asegurar una competencia equitativa, un proceso transparente y un resultado cierto.
Pero reducir la IA a su carácter de amenaza sería miope. Desplegada con responsabilidad, transparencia y supervisión, la IA puede ayudar a los organismos electorales a analizar información, detectar interferencias, agilizar procesos y mejorar la accesibilidad a la información electoral, haciéndola disponible en múltiples idiomas.
Detener el cambio tecnológico es una misión imposible e indeseable. La tarea es gobernarlo en forma democrática y encausarlo hacia la expansión de la libertad, la protección de la dignidad humana y la creación del bienestar compartido.
Eso exige plantear preguntas políticas, no solo técnicas. ¿Cómo está diseñada la infraestructura de los sistemas que median el debate público en línea? ¿Qué datos están alimentando la inteligencia artificial que se utiliza en procesos electorales, y bajo qué salvaguardas? ¿Cómo preservamos una supervisión humana significativa cuando las instituciones públicas usan herramientas automatizadas? ¿Cómo aseguramos que los estados más pequeños y las autoridades electorales con recursos limitados no queden atrás frente a los países más ricos y las empresas más poderosas? ¿Cómo hacer posible que la información electoral diseminada por los sistemas de IA sea razonablemente veraz y balanceada y que sus sesgos no pasen inadvertidos? Estos no son meros detalles, sino aspectos centrales para la salud de la vida democrática.
Los países de América Latina y el Caribe conocen bien la vitalidad y también la fragilidad de la competencia democrática. A estas alturas, la región tiene una experiencia considerable en materia electoral: en gestión de procesos, observación, resolución de controversias y, crecientemente, respuesta a la desinformación. Pero la velocidad de la IA exige una nueva capa de preparación institucional y social, que aumente la resiliencia de las instituciones democráticas.
La resiliencia no se improvisa en una crisis, menos aun cuando los riesgos evolucionan a la velocidad de la IA. Con urgencia, los organismos electorales deben evaluar vulnerabilidades, desarrollar protocolos, capacitar a su personal, construir relaciones con medios y plataformas digitales, y comunicarse claramente con la ciudadanía antes de que estalle una controversia mayor. La preparación no elimina los riesgos, pero puede impedir que una mentira viral o una decisión opaca erosionen la confianza pública en los procesos electorales.
Todos los desafíos planteados por la IA demandan una respuesta colectiva. Los gobiernos deben proteger derechos sin sofocar la innovación. Los organismos electorales deben defender la integridad de los procesos. La sociedad civil y la academia deben vigilar, investigar y proponer. Las organizaciones internacionales deben convocar, apoyar y advertir antes de que la inacción genere daños irreversibles.
Pero no basta con adoptar una postura defensiva. Todos los actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, también debemos empeñarnos en identificar y promover todos aquellos usos de la IA que tiendan a ampliar la participación democrática, fortalecer la rendición de cuentas y hacer que las instituciones respondan mejor a las personas a las que sirven. Que tiendan, esto es, a revitalizar la democracia.
La IA puede acelerar la mentira o ampliar derechos. Puede concentrar poder o abrir nuevas formas de participación. Puede erosionar la confianza o ayudar a reconstruirla. Ninguno de esos futuros está escrito. El destino del viaje que la humanidad está emprendiendo con la IA dependerá de las decisiones humanas sobre diseño, regulación, inversión, transparencia, supervisión y cooperación que se tomen en este momento crucial. Por eso la conversación sobre IA no puede quedar confinada a especialistas. Debe ser una prioridad social y democrática.
Esta semana en Santo Domingo, autoridades electorales, gobiernos y especialistas de toda América Latina y el Caribe, con el apoyo de IDEA Internacional y la colaboración de la Junta Central Electoral, se reúnen para avanzar en esa dirección: construir conocimiento compartido, elevar la alfabetización institucional en IA y fortalecer salvaguardas antes de que la próxima crisis ponga a prueba a las instituciones democráticas.
La democracia no puede permanecer pasiva frente al advenimiento de la IA. Si queremos que la IA sirva al interés público, todos los actores institucionales, políticos y sociales debemos procurar gobernarla con los principios que sostienen la vida democrática: libertad, igualdad, transparencia, rendición de cuentas y protección de la dignidad humana. Esa discusión es impostergable.
*Este texto está escrito en el marco del II Seminario Regional: Inteligencia Artificial y Gestión Electoral en América Latina y el Caribe, organizado por IDEA Internacional.
Autor
Secretario general de IDEA Internacional desde 2019, miembro del Diálogo Interamericano, y experto en gobernabilidad democrática. Fue vicepresidente de Costa Rica, ministro, alto funcionario de la OEA y académico. Abogado, posee grados de Essex y Oxford.
