Hay historias que, por sí solas, explican la magnitud de la tragedia institucional que vive un país. No porque sean excepcionales, sino precisamente porque revelan lo que se ha vuelto cotidiano en un régimen político como el venezolano.
La de Victor Hugo Quero Navas y de su madre, Carmen Navas, es una de esas historias. Durante el último mes, pocas noticias han causado tanto impacto humano en Venezuela como esta. No solo por la muerte de un preso político bajo custodia del Estado (algo que, lamentablemente, ya no sorprende a muchos venezolanos), sino por la crueldad silenciosa de todo lo que ocurrió después.
Porque esta no es solo la historia de un hombre encarcelado. Es la historia de una madre anciana que pasó meses buscando a un hijo que las autoridades ya sabían que estaba muerto.
Victor Hugo Quero Navas era un padre viudo y trabajaba de comerciante. Según familiares y personas cercanas, no militaba en ningún partido político ni participaba activamente en organizaciones partidistas. Aun así, el 3 de enero de 2025 fue detenido bajo acusaciones de traición a la patria, conspiración y terrorismo y, desde entonces, pasó meses desaparecido dentro del sistema represivo venezolano. Su familia no sabía con certeza dónde estaba, no consiguió mantener contacto con él y desconocía sus condiciones de salud. Tampoco tenían información clara y consistente sobre su situación jurídica o incluso sobre el centro de detención en el que se encontraba.
Desde su detención, la familia entró en un laberinto de informaciones contradictorias, negativas, versiones enfrentadas y silencio institucional. En algunos momentos, las autoridades indicaban un paradero; en otros, no se les confirmaba nada. Nunca hubo una certeza real sobre dónde estaba Victor Hugo, en qué condiciones se encontraba o qué ocurría realmente. Fue entonces cuando comenzó la larga peregrinación de Carmen Navas.
Con 81 años, la señora Carmen hizo lo que cualquier madre haría: se negó a aceptar el silencio. Recorrió centros de detención en Caracas, insistió ante las autoridades, buscó respuestas donde alguien estuviera dispuesto, o fingiera estar dispuesto, a escucharla. Pasó por cárceles como El Rodeo I, llamó a puertas, hizo denuncias públicas, habló con periodistas y pidió ayuda a organizaciones de la sociedad civil.
A cambio, recibió evasivas, indiferencia y, según denuncias públicas, incluso intimidaciones por parte de colectivos (organizaciones, algunas armadas, creadas por el chavismo para defender su proyecto político y ejercer el control social sobre los barrios populares de Venezuela).
“Aquí no está”. “¿Por qué sigue insistiendo?”. Imaginen, por un instante, lo que significa escuchar eso repetidamente mientras se busca a un hijo encarcelado. Ahora imaginen algo aún peor: hacer todo eso sin saber que el Estado ya conocía la respuesta.
El pasado 7 de mayo, un comunicado oficial del Ministerio para el Servicio Penitenciario reveló que Victor Hugo Quero había muerto el 23 de julio de 2025, es decir, casi diez meses antes de la notificación a la familia, y que había sido enterrado en un cementerio en las cercanías de Caracas.
La justificación oficial roza lo inverosímil: Victor Hugo no habría proporcionado adecuadamente los datos sobre su filiación. Una explicación difícil de sostener ante la notoriedad pública que el caso adquirió durante meses gracias a la lucha incansable de Carmen, con el apoyo de la prensa independiente y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Y hay un detalle aún más perturbador en esta historia. Semanas antes de la confirmación de la muerte, la señora Carmen solicitó que su hijo fuera beneficiado por la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por el Parlamento chavista en febrero. La solicitud fue rechazada porque, según las autoridades, Victor Hugo no cumplía los criterios legales. Sin embargo, en ese momento, según la propia cronología oficial difundida posteriormente, el Estado ya sabía que estaba muerto.
¿Cómo se le explica eso a una madre? ¿Cómo se justifica institucionalmente que se niegue una solicitud de amnistía para una persona ya fallecida, mientras la familia continúa buscando respuestas desesperadamente?
No se trata solo de ineficiencia estatal. No es mera burocracia. Lo que esta historia revela es algo mucho más profundo: el deterioro moral de las instituciones venezolanas.
Porque hay algo particularmente devastador cuando un Estado deja de tratar a los ciudadanos como seres humanos y pasa a administrarlos a través del silencio, la opacidad y el miedo.
Y entonces llegó el desenlace aún más doloroso. El pasado 17 de mayo, diez días después del anuncio de la muerte de Victor Hugo, los venezolanos se encontraron con la noticia del fallecimiento de Carmen Navas. Los familiares relatan que, inicialmente, no tenía ninguna condición clínica particularmente grave. Pero quienes siguieron su trayectoria afirman que, después del segundo entierro de Victor Hugo, la señora Carmen fue apagándose poco a poco.
La punta del iceberg
El caso de Victor Hugo Quero no es un episodio aislado. Tampoco una excepción dentro del sistema represivo venezolano. Es, en realidad, la punta de un iceberg mucho más profundo, sombrío y doloroso.
Según cifras de la organización de derechos humanos PROVEA, Victor Hugo se convirtió en el preso político número 27 en morir bajo custodia del Estado venezolano desde 2024. Veintisiete vidas truncadas mientras estaban bajo responsabilidad directa del Estado. Veintisiete familias marcadas por el dolor, la impunidad y la ausencia de respuestas.
Y, al igual que Carmen Navas, hoy hay muchas familias venezolanas que continúan buscando noticias sobre sus familiares detenidos, profundamente alarmadas ante la posibilidad de que la historia de Victor Hugo no sea una excepción, sino un presagio.
De acuerdo con datos de la organización Foro Penal, desde 2014 más de 14.000 personas han sido detenidas en Venezuela por razones políticas. De ese total, hasta el 19 de mayo, al menos 429 seguían privadas de libertad.
Se trata de personas envueltas en la incertidumbre de saber si lograrán salir de los centros de detención, a pesar de los reiterados anuncios hechos en los últimos días por la dictadora interina, Delcy Rodríguez.
Una incertidumbre que es producto de un sistema de justicia que, desde hace décadas, es socavado por el régimen chavista e instrumentalizado para someter, torturar y, en muchos casos, eliminar a ciudadanos inocentes. Un sistema en el que el destino de los presos políticos, dependiendo de su relevancia pública, ha pasado a quedar bajo el control de algunos jerarcas del chavismo. Un sistema en el que numerosos familiares han evitado hacer denuncias públicas o buscar apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos por miedo a represalias.
Además de todo esto, también es importante recordar a aquellas personas que no tienen familiares que, como la señora Carmen, puedan hacer pública su situación. Personas que murieron en prisiones colapsadas por el hacinamiento, la insalubridad, las enfermedades y el hambre.
Y esa incertidumbre persiste incluso ante las contradicciones en el comportamiento de los dirigentes chavistas. Mientras continúan utilizándose aparatos de seguridad del Estado para contener protestas de ancianos, estudiantes y trabajadores, los periodistas siguen siendo intimidados, y figuras importantes del chavismo continúan expresando públicamente su convicción de permanecer en el poder, incluso frente al creciente deterioro económico, institucional y social del país. Y todo ante los ojos de la comunidad internacional.
El legado de Carmen
Es difícil saber cuántas personas seguirán recordando el nombre de Carmen Navas dentro de algunos meses. Pero creo que los venezolanos no deberían olvidarla.
Porque su historia dice mucho sobre el país en el que se ha convertido Venezuela: un lugar donde una madre de 81 años tuvo que convertir los últimos meses de su vida en una peregrinación desesperada en busca de un hijo, sin saber que ya no estaba entre los vivos.
Pero la historia de Carmen Navas y Victor Hugo Quero también nos deja otro recordatorio, quizá el más importante en tiempos tan difíciles: que el valor y el amor siguen teniendo un extraordinario poder movilizador en la lucha contra la injusticia, incluso cuando provienen de las personas más indefensas.
La señora Carmen no se resignó al silencio. No aceptó la indiferencia. No dejó de buscar respuestas cuando tantos otros ya habrían perdido las fuerzas. Su voz se convirtió, aunque involuntariamente, en la de muchas otras personas en Venezuela que siguen buscando a sus hijos, su verdad y su dignidad.
Que la memoria de Carmen Navas sirva no solo como denuncia de la crueldad que ha marcado los últimos años de Venezuela, sino también como inspiración para reconstruir un país donde nunca más sea necesario tanto sufrimiento para exigir justicia.
Porque Venezuela necesitará más personas como Carmen Navas: personas con el valor de enfrentarse al miedo, insistir en la verdad y luchar por la justicia y la democracia, incluso cuando todo parece imposible.
Autor
Doctor en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Es fundador y presidente de la ONG Venezuela Global, con sede en Río de Janeiro, Brasil.
